Señor Director:
En las últimas semanas ha quedado de manifiesto, con informes y testimonios que grafican la realidad vivida en los centros del SENAME, la vulneración de derechos y abandono por parte del Estado para con los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. Espacios que deberían velar por la reintegración y el desarrollo de oportunidades, se convirtieron con el paso de los años en dependencias en las que se propicia el maltrato hacía niños y adolescentes.
El informe sobre el SENAME desarrollado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que será revelado el mes próximo, (de 405 niñas y niños, 197 manifestaron haber sido víctimas de violencia y/o abusos), sumado a los informes SENAME 1 y SENAME 2 ya presentados en el Congreso, plantean una serie de irregularidades de las que debemos hacernos cargo no solo desde nuestra profesión como educadoras de párvulos, sino que desde una mirada país con políticas públicas que reviertan realmente las situaciones de violencia sistemática vivida en los centros del Servicio Nacional de Menores.
Nos parece que en tiempos en donde la garantía de derechos es tarea fundamental del Estado, incumplir acuerdos establecidos mediante la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificado por nuestro país en 1990, expresan el fracaso como sociedad en materia de infancia. Pese a que en los últimos cuatro años se han impulsado proyectos de ley relacionados a la niñez, junto a la creación del Consejo Nacional de la Infancia, esto pareciera ser insuficiente, pues mientras en el Congreso se discute sobre qué hacer, los niños y niñas siguen sufriendo maltrato en los centros creados para protegerlos. Si hemos fallado como país, con urgencia e inteligencia debemos saber resolver lo que por años permitimos que sucediera en el SENAME.
María Soledad Rayo Quintana
Presidenta Nacional del Colegio de Educadores de Párvulos de Chile
