No pasó desapercibido la situación que afectó al Fiscal Regional de O`Higgins, señor Emiliano Arias, quien lideraba la investigación penal de los incendios de la Sexta Región ocurridos en el verano, autoridad que fue reemplazada en la investigación penal por no haber cumplido con el principio de imparcialidad en el proceso. Dicha sanción es consecuencia, según lo afirmado por la máxima autoridad del Ministerio Público Jorge Abott, por la imprudencia del persecutor de haber hecho comentarios públicos sobre los eventuales responsables en la causa que él investigaba. Como es sabido, quien determina la culpabilidad son los tribunales y no los fiscales, estos solo investigan y acusan.
Ahora bien, lo que el país espera es que, más allá de quien lleve esta causa, la investigación penal concluya exitosamente y se obtenga la máxima verdad sobre los hechos acontecidos en la Región de O`Higgins y en otras zonas del país afectadas por los incendios. Vale decir, que se establezca quienes son los responsables y sean sancionados por el gran daño causado. Pero para que eso ocurra se deben clarificar todas y cada una de las dudas que se han originado en el proceso.
Por ahora, todo se ha centrado en la acusación hacia los trabajadores de la empresa eléctrica acusados del «delito de incendio». Sin embargo hay varias hipótesis complementarias no abordadas. Tal es el caso de la denuncia del Almirante (r) Jorge Arancibia Reyes, quien luego de una investigación con fuentes abiertas, emitió como opinión una duda razonable sobre el origen de los incendios que contradecía la hipótesis de los fiscales. Paradójicamente esa declaración, en vez de ser considerada de manera positiva o como un aporte, terminó con el almirante imputado por petición del Ministerio del Interior, cerrando así las puertas a investigar el fondo de su opinión.
Por otra parte, La ONG Red Unidos ha denunciado que algunos de los incendios habrían sido provocados. Es más, esta organización apunta a algunas empresas forestales, las cuales estaban siendo severamente afectadas por una dañina plaga de avispa taladradora, la cual prácticamente ha inutilizado miles de hectáreas de bosques de pino mucho antes de verse afectadas por el fuego. Tal hecho ha originado pérdidas millonarias para los propietarios, los cuales tenían un problema adicional: los seguros contratados para predios forestales no cubren la presencia de plagas, pero sí los daños en caso de incendio. Por ello, según el organismo, se produce una duda razonable para investigar y determinar si existe alguna relación entre este hecho y una eventual intencionalidad en los siniestros.
Tampoco se ha abordado en la investigación del Ministerio Público las eventuales responsabilidades políticas. Sobre todo, considerando las respuestas tardías de las instituciones que tienen responsabilidad legal en el tema, ya sea desde el punto de vista de las catástrofes, como es el caso de los gobiernos regionales representado por su intendente; o preventivo y de regulación de la actividad forestal, como ocurre con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y CONAF. No se sabe con certeza si se hicieron adecuadas fiscalizaciones a los predios forestales, donde ahora se dice que no hubo mantención ni limpiezas adecuadas en los » cortafuegos», pese a las advertencias cruzadas dadas por las comunidades ante el riesgo de incendios.
Adicionalmente, y para aumentar las dudas sobre la causas del origen de los incendios del verano pasado, Bomberos han señalado que en los momentos del gran siniestro, el viento soplaba de sur a norte, mientras los incendios se desplazaban de norte a sur, es decir contra el viento, lo que reforzaría las hipótesis relacionadas con la intencionalidad de los siniestros.
[cita tipo=»destaque»]El saldo negativo de lo ocurrido el verano pasado con 11 personas fallecidas, 1551 propiedades quemadas, 6162 damnificados y millonarias pérdidas económicas y materiales, y un profundo daño ambiental por las miles de hectáreas quemadas ameritan una investigación seria y profunda.[/cita]
Cabe consignar el informe del año 2012 de la comisión investigadora de la cámara de diputados sobre los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine, en Valparaíso y Viña del Mar, entre otras localidades del país. Este documento contiene 105 paginas, donde se consigan relevantes antecedentes aportados por diferentes personalidades, autoridades y trabajadores , y que de haberse acogido las propuestas y conclusiones sin duda alguna se hubiera evitado o minimizado otros desastres similares como el ocurrido este verano en el sur de Chile.
Por lo mismo, lo que el país espera con el nuevo curso de investigación penal, es que no quede ninguna arista por indagar, para así lograr sacar lecciones, pensando no sólo en los incendios de la zona central y sur del país, sino también de otros siniestros ocurridos con anterioridad en el territorio nacional.
El saldo negativo de lo ocurrido el verano pasado con 11 personas fallecidas, 1551 propiedades quemadas, 6162 damnificados y millonarias pérdidas económicas y materiales, y un profundo daño ambiental por las miles de hectáreas quemadas ameritan una investigación seria y profunda. Más aún, si la imagen país se ve afectada por esos hechos, y la seguridad humana de regiones enteras se pone en duda. Por lo menos, entonces, se espera se produzca la certeza jurídica de que se hicieron todos los esfuerzos por aclarar la situación, pues de lo contrario se estaría revictimizando a la población con los mismos hechos, ahora por la duda de una justicia sesgada.
