Cuando ya estamos a pocos meses de entrar de lleno a las campañas para elecciones parlamentarias y presidenciales, y aun cuando -rompiendo todo pronóstico- a las primarias recién realizadas felizmente acudió un gran número de chilenos y chilenas, la tarea de todos hoy –Gobierno, partidos, líderes de opinión- es recuperar la confianza de las personas en el sistema de representación política que nos gobierna, recreando lazos y espacios de integridad que permitan reencantar a la ciudadanía en la construcción colectiva y participativa del destino común como país.
Desde que estallaron los casos Penta y Soquimich –entre otros- quedando en evidencia brotes de corrupción impensados en el país cuyo origen fue la espuria relación entre el dinero y la política, la Presidenta Michelle Bachelet reaccionó de inmediato planteando una exigente agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política. Se trata de un conjunto de medidas administrativas e iniciativas legislativas que recogieron virtuosamente, no solamente el informe de la llamada Comisión Engel, sino también el aporte de centros de estudios, parlamentarios, partidos políticos y la sociedad civil, cuyo propósito ha sido reestablecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones republicanas y rediseñar el sistema, de tal forma que cumpla con exigentes estándares de integridad y transparencia.
[cita tipo=»destaque»]A partir de esta nueva regulación, los candidatos y los partidos políticos tienen ahora obligaciones más severas. Entre otras, solo destacar que los aspirantes al Parlamento o a La Moneda, si infringen los límites del gasto electoral autorizado, arriesgan penas de cárcel si se llegara a probar que recibieron aportes de empresas.[/cita]
A partir de esta nueva regulación, los candidatos y los partidos políticos tienen ahora obligaciones más severas. Entre otras, solo destacar que los aspirantes al Parlamento o a La Moneda, si infringen los límites del gasto electoral autorizado, arriesgan penas de cárcel si se llegara a probar que recibieron aportes de empresas. Lo mismo les puede ocurrir si han sobrepasado el límite del gasto electoral en un 25 % y dicho porcentaje es equivalente a un monto superior a las 100 UF.
Peor aún. En caso de ser condenado, el candidato electo podría perder su cargo. Si otorgan u obtienen aportes para candidaturas cuyo monto excede en un 40% lo permitido por la ley, -sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos-, también podrían perder el cargo.
Tal como fuimos testigos en las elecciones municipales pasadas y también en las elecciones primarias de hace unas semanas, la propaganda que en época de elecciones invadía nuestras calles y espacios públicos, hoy estará fuertemente regulada y afecta a sanciones disuasivas que seguramente impedirán los excesos de antaño que ponían su acento en el llamado “merchandising”, para dar paso a la difusión de ideas y a la exposición de visiones de futuro que posibiliten elecciones realmente informadas. Debemos sentirnos orgullosos de lo avanzado.
