La discusión de las últimas semanas sobre el notorio aumento de los casos reportados de VIH en el país encendió todas las alarmas, tanto del gobierno como de la población en general, que a todo nivel se declaran espantados por la expansión del virus. Preocupación que ha dado lugar a discusiones de diversa índole, en las que participan desde los candidatos presidenciales, la actual administración pública y la sociedad civil. Y la verdad es que, a la luz de los argumentos que intentar dilucidar sobre quién o quiénes recae la responsabilidad del aumento de la enfermedad, son casi inexistentes los resultados concretos que se han obtenido de aquello. Que la culpa es de la actual administración por haberse descuidado. Que es de la administración anterior por no haber hecho lo suficiente. Que es de los colectivos LGTB por “pervertir” a la población. Que es de la inmigración desatada que ha llegado a Chile y el escaso control sanitario que supuestamente se le impone.
[cita tipo=»destaque»]Por muchas campañas de prevención que haga un gobierno, o por más educación sexual que éste promueva a través de la escolaridad formal, ningún empleado público puede ir a buscar por la fuerza a su casa a una persona para que se practique el test de Elisa, o irrumpir en la esfera de su intimidad para forzarla a usar un preservativo cada vez que mantiene relaciones sexuales.[/cita]
Todas las “culpas” anteriormente enunciadas, distan bastante de serlo en realidad. Y esto es así por una razón muy simple: el VIH, a pesar de su condición endémica, es una enfermedad perfectamente prevenible. Y resulta increíble que, además de subsistir en pleno siglo XXI los mitos sobre su contagio -el cual se da solo a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada y por contacto con sangre contaminada con el virus- se insista en achacar a un colectivo, cualquiera sea éste, una responsabilidad que a todas luces es y será personal –lo cual no aplicaría, claro está, en la excepcional situación de contraer la enfermedad por una relación sexual forzada, lo que a todo evento representa la minoría de casos-, por lo que el deber de “prevenir” o “cuidarse” del VIH recae siempre, en último término, en el individuo.
Por muchas campañas de prevención que haga un gobierno, o por más educación sexual que éste promueva a través de la escolaridad formal, ningún empleado público puede ir a buscar por la fuerza a su casa a una persona para que se practique el test de Elisa, o irrumpir en la esfera de su intimidad para forzarla a usar un preservativo cada vez que mantiene relaciones sexuales. Por ende, es inútil atribuir la responsabilidad de la pandemia a las acciones de tal o cual gobierno, cuando éste solo puede limitarse al rol de vigilante y/o educador. Menos análisis aún resisten las teorías que señalan a las minorías sexuales y extranjeros como responsables de la propagación de la enfermedad, sobre todo cuando está demostrado que el VIH atraviesa a personas de toda clase social, raza u orientación sexual, dejando hace rato atrás el mito tan acuñado en las décadas de los 80 y 90 de que el VIH era una enfermedad exclusiva de homosexuales o de países del tercer mundo. Cualquier persona que mantenga contacto íntimo sin protección, que se drogue con jeringas usadas o se haga tatuajes en lugares insalubres está expuesto a contraer el virus, y eso, a estas alturas, debería ser parte del inventario del sentido común de la población, para así evitar perder tiempo valioso que podríamos invertir en encontrar formas de contener la enfermedad, en el estéril ejercicio de buscar culpables.
