Cuando en política algo huele mal, la sensación que cunde es que todo está por terminarse. Esto está ocurriendo en el continente, ya sea en los gobiernos, en los partidos políticos, en la intelectualidad, en los movimientos sociales de la región. Sea a favor o en contra, o desde una posición de crítica constructiva, la sensación es que lo que pasa en Venezuela va mal.
En la actualidad, la República Bolivariana de Venezuela vive la crisis política e institucional más grave de los últimos tiempos. Quizás tan solo comparable con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002. Esta crisis, que es política, económica, social y humanitaria, afecta en primer lugar al propio pueblo venezolano como la principal víctima, de escases de alimentos y medicamentos, que tan solo se pueden comprar en un desatado mercado negro y a precios exorbitantes.
La reciente instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -en la misma Sede de la Asamblea Nacional Legislativa-, elegida hace un tiempo atrás, no constituye un camino viable de estabilidad política y solo ha contribuido a polarizar a la sociedad.
[cita tipo=»destaque»]La situación que se vive en Venezuela, el deterioro de la democracia, de sus instituciones, la ruptura de su paz interna y la gravedad de los hechos de los últimos meses y días con la instalación de la ANC, lleva a constatar que Venezuela está en un tránsito cada vez más acelerado hacia un régimen dictatorial.[/cita]
Producto de una de las primeras medidas de la ANC de destituir a la Fiscal Nacional, Luisa Ortega, se profundizó la crisis. La ex Fiscal Ortega, hoy fuera de Venezuela, se ha convertido en la figura insigne de la resistencia al gobierno de Maduro, ocupando en los hechos, el espacio político de la oposición, que hasta el momento se aglutina en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La ex Fiscal, una chavista reconocida, fue nombrada por el mismo Hugo Chávez como Fiscal Nacional en el año 2007, y luego fue ratificada en el 2014, pero en el transcurso del año 2017 se convirtió en una fuerte opositora al gobierno de Maduro. Hoy en el exilio, denuncia la corrupción al interior del gobierno, involucrando directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello en el recibimiento de pagos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, investigada en Brasil y Estados Unidos por el llamado caso Lava Jato.
En este contexto, la tensión entre los poderes del Estado, entre el gobierno y la oposición en un proceso del todo excluyente de cualquier diálogo, ha entrado en un dramático camino hacia un enfrentamiento directo y permanente de imprevisibles consecuencias.
La opinión pública internacional se ha manifestado mayoritaria y públicamente a favor del diálogo político entre las partes, y en desacuerdo con la instalación de la ANC, e insta el gobierno del presidente Maduro a echar pies atrás con su Asamblea Constituyente.
En el escenario regional, los países del MERCOSUR suspendieron indefinidamente a Venezuela de esta instancia por la “ruptura del orden democrático”. La Unión Europea e instituciones de Naciones Unidas han condenado las medidas del gobierno del Presidente Maduro y la violencia cada vez más brutal entre gobierno y oposición, en donde, señalan, que la primera responsabilidad política, la tiene el ejecutivo. La situación que se vive en Venezuela, el deterioro de la democracia, de sus instituciones, la ruptura de su paz interna y la gravedad de los hechos de los últimos meses y días con la instalación de la ANC, lleva a constatar que Venezuela está en un tránsito cada vez más acelerado hacia un régimen dictatorial.
Los organismos regionales como la OEA, y la reciente declaración de 12 países a través de sus respectivos cancilleres en la llamada Declaración de Lima, abogan como la única salida viable la búsqueda de mecanismo de diálogo político y democrático entre el gobierno y la oposición. Se argumenta con decisión, que cualquier medida de fuerza, de llamamiento a las FFAA para que intervengan con un golpe de Estado o un autogolpe de las fuerzas que están en el poder, generarían una espiral de violencia que casi inevitablemente llevará a la violación de los DDHH de civiles y dirigentes políticos del pueblo venezolano.
Las poco atinadas declaraciones del presidente Trump de que no descarta una “intervención militar en Venezuela” ha recibido un repudio unánime de los países de la región, los que manifestaron con mayor fuerza de colaborar a encontrar condiciones para una intermediación pacífica entre ambos bandos en pugna. Por el contrario, los dichos del presidente Trump, paradojalmente, le han permitido al gobierno de Maduro cohesionar su frente político interno y poner contra la pared a la oposición, denominándola como “traidores a la patria” por su cercanía y vinculación con los EEUU.
La presidenta Michelle Bachelet ha señalado con decisión su opinión: “de hacer todo lo posible para encontrar una salida política pacífica y creíble a esta crisis” oponiéndose claramente a todo tipo de injerencia militar externa en la crisis.
Pero la gravedad del escenario político venezolano y la negativa del gobierno a allanarse a encontrar una salida democrática ponen un interrogante serio a la posibilidad real de evitar que el país caiga en un caos total y derive a un régimen dictatorial. Es más, ya se sienten los efectos negativos de la crisis en todo el panorama político de las Américas, y evidencian, si no el agotamiento, al menos la paralización de las instancias y mecanismos políticos de la región para incidir positivamente en la superación democrática de la crisis.
