El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).
La sociedad ha tomado el rol de un actor cada vez más activo en el proceso de toma de decisión respecto a la aprobación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo en general y minero en particular. El avance de las comunicaciones y las redes sociales hacen que sea ahora más fácil organizarse y coordinar acciones que permitan manifestar inquietud y/o rechazo por parte de la comunidad. Al menos en este ámbito, la sociedad es políticamente activa y esa actividad, lejos de disminuir, se incrementa día a día. Hoy, con el rechazo del Proyecto Dominga, precedido por el rechazo a varios otros proyectos mineros por parte de las instituciones a cargo del SEIA, cabe preguntarse si la institucionalidad asociada a la aprobación de proyectos está preparada para este nuevo escenario en que ya no basta con cumplir con una lista de requerimientos técnicos en el contexto de la normativa legal para que un proyecto llegue a ser ejecutado, o si es necesario revisar dicha normativa a fin de incorporar apropiadamente el componente social (activo), además de las exigencias ambientales y políticas. ¿O se trata acaso de dificultades que surgen como consecuencia de proyectos mal diseñados, no sustentables o mal presentados?
El Sistema de Evaluación Ambiental pretende asegurar y garantizar la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos, previo a su desarrollo. Para ello, el titular del proyecto debe presentar los estudios pertinentes que permitan asegurar o demostrar que el proyecto va a cumplir con todas las normas y exigencias ambientales vigentes. Los titulares de los proyectos confían en que un estudio bien hecho es garantía de una resolución ambiental favorable. Pero, en la práctica, esto no está ocurriendo. El SEIA no es un instrumento de optimización que busque la mejor solución desde un punto de vista ambiental y social, ni menos un instrumento de ordenamiento territorial. Este último punto es importante en el contexto actual de Chile donde existen importantes vacíos que salen a la luz durante el proceso de evaluación ambiental. Muchos consideran que diversas actividades son inaceptables e incompatibles con recursos ambientales, culturales y sociales en algunas zonas del país, sin que exista una declaración explícita de ello, respaldada por estudios multidisciplinarios y por un consenso político y social. Una definición y delimitación muy clara de zonas de exclusión y de las actividades consideradas compatibles en las diferentes regiones del territorio nacional sería de gran ayuda.
[cita tipo=»destaque»]No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial.[/cita]
Eso es el objeto del ordenamiento territorial, respaldada por la Evaluación Ambiental Estratégica, hoy en mano de los municipios y de las regiones pero que sin lugar a dudas está en déficit y muy atrasada. Al final de los años 90, SERNAGEOMIN impulsó un interesante programa piloto de cartografía temática, con registros de las zonas de riesgos geológicos y ambientales y que derivó en la publicación de mapas que deberían servir de base a la planificación territorial pero que, lamentablemente, son desconocidos para muchos de los actores. Es fundamental avanzar en este proceso de planificación estratégica para sentar las bases de un modelo o sistema de ordenamiento territorial que efectivamente sirvan de pauta y de marco para la evaluación ambiental de cada proyecto específico, y no forzar el SEIA a cumplir un papel que no le corresponde.
Por otra lado, existe sin dudas errores en la forma como las empresas mineras siguen abordando el proceso de evaluación ambiental y social de sus proyectos. No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial. Un proyecto sustentable, ambientalmente y socialmente exitoso, es un proyecto que busca optimizar todas sus componentes desde el punto vista ambiental y social, lo cual supone ir mucho más allá de las exigencias legales, y de las instancias formales de participación; supone incluso redefinir lo que hasta ahora se ha entendido como «negocio minero». Buscar con las comunidades locales las alternativas de ubicación y diseño de las instalaciones y selección de tecnologías que mejor se ajustan a lo que quieren y están dispuestas a aceptar estas comunidades, integrar al proyecto las necesidades y modalidades del desarrollo local, reconocer en forma temprana las componentes ambientales sensibles y vulnerables y adaptar el proyecto para garantizar su protección, otorgar a los habitantes del territorio la posibilidad de decidir sobre aspectos críticos del proyecto, son hoy las nuevas maneras de abordar el proceso de evaluación ambiental y social.
El futuro de la minería en Chile depende entonces de como avanzamos en forma exitosa en estas dos direcciones. Por un lado, mejorando nuestra política y nuestros instrumentos de planificación territorial y por otro lado, adoptando desde el sector minero una actitud mucho más proactiva, al igual como ocurrió a principios de los años noventa, y cambiando nuestra forma de desarrollar los proyectos hacía un diseño más consensuado.
