La semana anterior conocimos el caso del estudiante de tercero medio que se suicidó días después de que su colegio le aplicara una sanción disciplinaria por ser sorprendido portando marihuana.
Respecto de este caso, en primer lugar, se torna imprescindible reflexionar sobre el evidente sesgo de clase de los medios de comunicación en la cobertura de lo ocurrido, toda vez que el foco noticioso se relacionó principalmente con las características socioeconómicas asociadas al estudiantado del colegio y a la comuna en la que este se encuentra, relevando de sobre manera su categoría de colegio privado o de “elite”.
A raíz de lo anterior, resulta pertinente visibilizar temas de fondo muchísimos más trascendentales, como por ejemplo problematizar que el consumo y tráfico de drogas es una realidad en muchos colegios y liceos de nuestro país independiente de la clase social; o informar que el suicidio es la segunda causa de muerte no natural en Chile; o que somos uno de los países OCDE donde más ha aumentado este tipo de fallecimientos; o invitar a reflexionar sobre lo preocupante que es que esta práctica se observe principalmente en la población adolescente y jóven; o preguntarse cómo esa comunidad educativa puede rearmarse tras la pérdida de un estudiante en dichas condiciones; o cuestionar explícitamente si los establecimientos educacionales (independiente de su categorización) cuentan con las competencias profesionales necesarias para enfrentar situaciones complejas sin vulnerar los derechos de los integrantes de las comunidades escolares, sobre todo de estudiantes; entre otras variables factibles de análisis.
[cita tipo=»destaque»]En este sentido, el nuevo marco regulatorio de la educación escolar invita a todas las escuelas y liceos a mirar con autocrítica sus instrumentos de gestión y sus prácticas pedagógicas tanto dentro como fuera del aula, pues este cambio de paradigma que ha reivindicado a nuestros estudiantes en el centro de la acción educativa se ha configurado como otro desafío para la gestión escolar, principalmente porque los colegios deben comprender que cumplen un rol de garante de derechos, lo que implica que las decisiones deben enmarcarse siempre en el bien superior de cada uno de los niños y niñas.
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar en marzo del 2016, todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de contar con Reglamentos Internos de Convivencia Escolar que resguarden una mirada formativa y garante de derechos. En la práctica, esto significa que ningún colegio puede adoptar medidas disciplinarias sancionadoras tales como suspensión de clases, cancelación de matrícula o expulsión (salvo en situaciones excepcionales y/o extremas que pongan en riesgo la integridad de algún integrante de la comunidad), sin antes llevar a cabo un exhaustivo trabajo formativo-pedagógico previo, siendo entonces un último recurso de acción. Además, estas medidas deben respetar principios de proporcionalidad, debido proceso, legalidad, no discriminación y gradualidad.
En este sentido, el nuevo marco regulatorio de la educación escolar invita a todas las escuelas y liceos a mirar con autocrítica sus instrumentos de gestión y sus prácticas pedagógicas tanto dentro como fuera del aula, pues este cambio de paradigma que ha reivindicado a nuestros estudiantes en el centro de la acción educativa se ha configurado como otro desafío para la gestión escolar, principalmente porque los colegios deben comprender que cumplen un rol de garante de derechos, lo que implica que las decisiones deben enmarcarse siempre en el bien superior de cada uno de los niños y niñas. El rol educador no consiste solamente en concebir a los estudiantes como sujetos pasivos y receptores de contenidos o como cifras SIMCE o PSU, sino como personas integrales con talentos por explotar y activos en sus respectivos procesos de enseñanza aprendizaje.
Por lo tanto, que este lamentable caso les permita a todas las comunidades educativas tomarse unos minutos y analizar de qué manera pueden anticiparse a situaciones extremas como la conocida estos últimos días y evaluar sus propios desafíos en dicha materia. Pues, para quienes tenemos el privilegio de trabajar en educación, ya sea en colegios privados o públicos, no se nos puede olvidar que trabajamos por y para nuestros estudiantes, con la finalidad de que cada uno tenga la oportunidad de ser no solo una futura fuerza de trabajo con conciencia ciudadana, sino que sean por sobre todo personas felices y plenas.
