El conflicto catalán significa que ese posible reposicionamiento de España como un país de liderazgo de la Unión, con todos los beneficios que eso conllevaría para todos los españoles, incluidos los catalanes, se va a esfumar. Y el coste de esa oportunidad perdida lo pagaremos todos, catalanes y no catalanes. Pero sobre todo lo pagaran nuestro hijos.
(*) Una imagen siempre vale más que mil palabras, pero en política internacional las imágenes a menudo son las únicas que cuentan. Cuando se mira a otra zona del mundo desde la distancia, se pierden los matices y la narrativa más simple es siempre la que más se recuerda. En el enfrentamiento de imágenes de los secesionistas catalanes con el Estado español, a nivel internacional, estos últimos tienen las de ganar, pues la imagen que ofrecen es la más simple. Pero el coste de esa batalla de imagen lo pagaremos todos los españoles, catalanes y no catalanes, por igual.
Cataluña se ha visto durante años desde fuera como un conflicto de independencia territorial más. Un conflicto que no era ni acuciante ni importante en términos geoestratégicos para la mayoría de los lideres del mundo internacional. Gobiernos y líderes políticos de otros países han evitado durante años pronunciarse sobre ello, pues además era fácil categorizar el conflicto como «un problema de política doméstica» y no como un asunto de preocupación internacional.
Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre la gestión del secesionismo catalán por parte de los varios gobiernos de España, hay que reconocer que los acontecimientos de las últimas semanas se están produciendo conforme a una inexorable lógica jurídica y constitucional. La confiscación de carteles, papeletas y censos, los registros de sedes donde estos se imprimen, los llamamientos a declarar a alcaldes por parte de la Fiscalía, etc. son todos pasos no solo lógicos, sino además los únicos posibles dadas la circunstancias. En un Estado de derecho, las normas son iguales para todos y quien vulnera las normas básicas se encontrará siempre sujeto a una serie de consecuencias previsibles y transparentes por parte de la Fiscalía, la policía y, eventualmente, los jueces.
El problema es que esa lógica jurídica que tan claramente se percibe desde España, y en la que el Gobierno tanto confía, es muy difícil de explicar en el ámbito internacional. Y esto es porque los pasos de esa lógica se pierden ante la simplicidad y la fuerza de la imagen del nuevo mensaje que ofrecen los secesionistas. Los catalanes soberanistas ya no hablan de que luchan por su independencia, hablan de que luchan por su libertad. No presentan el conflicto como un conflicto de soberanía, sino como un conflicto de libertades básicas. No se quejan de la falta de independencia, sino de ‘estado de excepción’, un concepto ilusorio pero convenientemente amplificado por Podemos. A los soberanistas ya no les basta con presentar fotos de manifestaciones masivas a favor de la independencia, quieren presentar fotos de víctimas políticas oprimidas por el Estado español. Es por ello por lo que con toda seguridad veremos imágenes de creciente violencia en la calle y escenificaciones cada vez más y mejor dramatizadas de victimismo.
Ante las imágenes que proyectan los medios de comunicación y las redes sociales, lo que se le queda grabado en la mente a cualquier extranjero no es que hay un grupo de políticos de procedencias ideológicas absolutamente dispares que se han puesto de acuerdo solo en el incumplimiento de la ley y le están echando un pulso ilegal al Estado español, recortando de paso las libertades de todos aquellos que no están de acuerdo con ellos en Cataluña.
Lo que se les queda grabado en la mente es algo muy distinto: porque ver a la policía en las sedes de los periódicos, detener a representantes políticos democráticamente electos y registrar las sedes de partidos políticos, por muy justificado que esté desde un punto de vista legal, suena peligrosamente cercano a los recortes de libertades fundamentales que existen en países con regímenes represivos. Y no es que los extranjeros no estén abiertos a entender la realidad del problema, es simplemente que esa realidad es compleja y conlleva cierto ejercicio intelectual, mientras que entender las últimas imágenes del conflicto como un recorte de libertades es lo más sencillo.
Para corregir este desequilibrio de imagen es imprescindible que el Gobierno dedique atención y medios a la explicación de la realidad del conflicto, tanto a otros países como a los medios de comunicación internacionales, presentando una narrativa fehaciente y veraz, pero también simple. Evitar que ningún país con credibilidad internacional dé pábulo a la narrativa simple pero engañosa de los secesionistas será sin duda la prioridad fundamental del Ministerio de Asuntos Exteriores español durante los meses —o quizás años— venideros. Espero que el ministerio también explique que en España no solo no se oprime ni se odia a los catalanes, sino que muchos —entre los que me encuentro— también los admiramos y desde luego creemos que estamos mejor preparados para afrontar los muchos problemas del mundo actual juntos que separados.
Desafortunadamente, esto significa que las energías de España en el ámbito internacional estarán dedicadas a un problema domestico y no a tomar un papel de creciente liderazgo en la Unión Europea, algo que, por primera vez desde hace muchos años, está por fin al alcance de nuestra mano. Es una oportunidad que se abrirá después de las elecciones alemanas y durará como mucho hasta finales del año que viene. La retirada del Reino Unido de la Unión y las muy probables iniciativas de reforma del próximo eje Merkel-Macron abren un periodo de reposicionamiento del equilibrio de poderes europeos actual. Con una Italia consumida por problemas internos, avalados por nuestra creciente estabilidad económica, y con nuestros lazos con una América Latina cada vez más lejana del Gobierno de Estados Unidos, y nuestras conexiones con el norte de África, esta sería la oportunidad perfecta para dejar por fin el pelotón y posicionarnos en el grupo de cabecera de la Unión Europea.
Desafortunadamente, el conflicto catalán significa que ese posible reposicionamiento de España como un país de liderazgo de la Unión, con todos los beneficios que eso conllevaría para todos los españoles, incluidos los catalanes, se va a esfumar. Y el coste de esa oportunidad perdida lo pagaremos todos, catalanes y no catalanes. Pero sobre todo lo pagaran nuestro hijos.
*Publicado en la sección blogs de El Confidencial de España.
