No es descabellado pedir que los niños alimentados por la Junaeb accedan a especies de nuestros mares, de preferencia extraídas por la pesca artesanal, lo que no solo permitiría una, sin lugar a dudas, sana alimentación sino a la vez protegería la economía familiar de este importante sector social y económico. Porque la soberanía alimentaria, obviamente, comienza por casa.
A propósito del artículo “Pangasius: El pez rata que obliga a tomar en serio la soberanía alimentaria”, publicado en mayo de este año, me propuse la tarea de inquirir si los estudiantes de la región de Aysén consumían o no este controversial pescado que ha colonizado muchos restoranes y supermercados de Chile.
Recapitulemos: el pangasius “está altamente cuestionado a nivel mundial por las condiciones sanitarias en que se cultiva. En el vietnamita río Mekong, donde confluyen las aguas servidas de las miles de viviendas instaladas a lo largo de sus bordes y las de las industrias que vierten directamente en él sus riles. Tanto así, que el panga es conocido internacionalmente como ‘pez rata’. Incluso Carrefour España lo retiró en febrero de su oferta, lo que fue informado con el título ‘El panga, un pescado ‘low cost’ que se ahoga en su mala fama’”.
El primer objetivo de la pesquisa fue establecer si el Estado de Chile monitorea la calidad sanitaria de esta cuestionada especie de importación. La respuesta del Instituto de Salud Pública fue clara: “Sobre los análisis realizados a muestras de pescado pangasius de origen extranjero, por el ISP, se puede informar que entre los años 2010 a 2015 no se recibieron muestras de pangasius como parte de los Programas de Vigilancia de Alimentos que efectúa el Minsal con participación analítica del ISP” comunicó. Agregando: “Entre 2016 y 2017 se han recibido 13 muestras de pescado pangasius para análisis de metales (cadmio, arsénico, plomo, mercurio) y una muestra para análisis exploratorio de dioxinas según método Calux. Todos los resultados han sido inferiores a los límites establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos para estos elementos y compuestos, por lo que pueden considerarse alimentos aptos para el consumo humano, sin presentar riesgos para la salud de la población”.
La segunda finalidad, mediante el ingreso de una solicitud de información a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), fue conocer “las porciones (o equivalente en kilos) de la especie de pescado pangasius en la alimentación de los establecimientos educacionales (o instituciones en las cuales Junaeb entrega alimentación) del país. En particular, desagregado por comunas de la región de Aysén. Interesa saber, en concreto, si esta especie es entregada como alimentación en los establecimientos educacionales u otras instituciones con las cuales Junaeb opera”.
La respuesta llegó al poco tiempo. Sin embargo, no en el detalle requerido. No porque el servicio no estuviera disponible para entregar los antecedentes, sino simplemente porque no cuenta con ellos.
La licitación que rige hoy el servicio de alimentación estudiantil público en la región de Aysén establece que “el prestador debe entregar pescado al menos 4 veces por mes, con un gramaje promedio de 70 gramos por porción, considerando una vez obligatoriamente atún y una vez filete (fresco o congelado), donde algunos prestadores incluyen el pangasius. Respecto de las dos frecuencias restantes, puede ser de cualquier variedad, entre las que destaca jurel, atún, merluza, salmón u otro. Señalar que no es posible entregar totales (kilos) del tipo de pescado solicitado. Por tanto, se adjunta cuadro correspondiente al total de pescado entregado en forma anual en la región de Aysén desagregado por comunas”, explicó la Junaeb en su respuesta
Y a continuación se despliega una tabla por comuna, de la cual solo es posible concluir que en la región los niños que son alimentados por el Estado vía la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas consumen 37 mil kilos de pescado anualmente. Pero por lo general de la información no es posible establecer cuánto corresponde a pangasius, una especie que no solo no es propia (paradójico en un país -y una región- renombradamente pesquero) sino que ha sido ampliamente cuestionada a nivel internacional. Tanto así que la citada empresa Carrefour lo eliminó de su stock no solo en España, también en Bélgica y Francia.
Más aún, dos mil colegios españoles lo retiraron de la dieta infantil, la Consejería de Educación del gobierno de Aragón recomendó una medida similar a todos sus establecimientos y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos envió en febrero de este año una carta a los ministros de Salud y Educación para que “se prohíba, de forma urgente, el uso en los comedores escolares de toda España del panga, la tilapia y cualquier otro pescado similar en cuanto al modo de producción empleado con estos”.
La Ley de Transparencia ha sido un aporte al proceso de información de la ciudadanía sobre el actuar del Estado, para así ejercer su rol fiscalizador. Pero aunque esta normativa es positiva, no hace milagros. Si los servicios públicos no cuentan y/o no generan tales antecedentes (por ejemplo, el detalle de cómo se están alimentando realmente los hijos de las familias más vulnerables de una región), la intención queda en letra muerta.
No es descabellado pedir que los niños alimentados por la Junaeb accedan a especies de nuestros mares, de preferencia extraídas por la pesca artesanal, lo que no solo permitiría una, sin lugar a dudas, sana alimentación sino a la vez protegería la economía familiar de este importante sector social y económico. Porque la soberanía alimentaria, obviamente, comienza por casa.
Tales son pasos necesarios, más aún cuando no es muy OECD no saber cuántos “peces rata” ingiere diariamente un importante número de niños y niñas de Aysén.
