El 27 de septiembre del 2015, las elecciones del Parlamento Catalán se desarrollaron con un carácter plebiscitario único, por el fuertísimo antagonismo entre independentistas por un lado [Junts pel Sí (alianza entre Esquerra Republicana y Convergencia) y la Candidatura d’Unitat Popular], y una amalgama amplia de opositores con posiciones disímiles [federalistas (PSC filial del PSOE), soberanistas (Catalunya si que es Pot, pacto que tiene como protagonista a En Comù Podem, filial de Podemos) y unitaristas (PP, Ciutadans) por el otro. Fueron las fuerzas políticas independentistas quienes lograron la mayoría absoluta de los escaños (72 de 135), pero para respiro de los detractores, sin lograr una mayoría absoluta de los votos (47.8%).
Desde entonces se vive en Cataluña un proceso político vertiginoso por la llamada ruptura democrática con el Estado español en miras a la consolidación de la República Catalana, que se ha visto particularmente convulsionada en las últimas semanas dada la calendarización de un referéndum unilateral para el 1 de octubre (1O) que decida sobre su emancipación.
Esta medida unilateral es defendida por las agrupaciones independentistas a pesar de la acusación de ser inconstitucional (la constitución española del 78 no permite este tipo de definiciones soberanas), sobre la argumentación de que el problema no es legal sino político, y el ejercicio que hay de fondo es la autodeterminación del pueblo catalán a decidir sobre su propio destino. Para los independentistas cualquier referéndum pactado en circunstancias que los partidos principales están en contra de abrir el espacio al ejercicio electoral resulta estéril, y se escudan en el hecho objetivo de que salvo excepciones, el ejercicio de la soberanía de un pueblo respecto a otro es unilateral. En Europa hay ejemplos recientes de decisiones de este tipo, como las dos votaciones por la inclusión o no de Noruega en la Unión Europea, y el caso más reciente sobre el referéndum de Escocia por ser un país fuera del Reino Unido realizado el 18 de septiembre del 2014 que fue favorable para los unionistas y que quedó en entredicho luego de la concreción del Brexit. No obstante la autoridad civil y monárquica en España no han dado ningún atisbo de permitir un referéndum como el descrito. Por el contrario, con infinita torpeza para efecto de sus fines, el gobierno de Rajoy ha encabezado una ofensiva jurídica por anular e impedir el 1O, con el apoyo lamentable del PSOE y Ciudadanos. En un hecho inédito se encarceló hace unos días a 14 funcionarios públicos de la Generalitat, se requisaron papeletas electorales, se trató (frustradamente por la ocupación de las calles por parte de los habitantes) de intervenir las sedes de los partidos políticos independentistas mediante un operativo de la Guardia Civil, se bloquió el flujo de fondos públicos de las instituciones catalanas, y por último se intentó, también frustradamente, tomar el control de la policía local (los Mossos d’Esquadra) con una negativa de su jefe y sindicato a obedecer a las instituciones españolas.
[cita tipo=»destaque»]De lograrse la independencia, posteriormente habrán otras discusiones, dentro de las cuales la que podría resultar más controversial es la permanencia en la Unión Europea puesto que querer fundar una república, fuera del Reino de España sin alterar que las políticas económicas intrusivas de la UE y su troika, sería probablemente pan para hoy y hambre para mañana por la prolongada crisis, que ha demostrado opresión y malestar en los pueblos sudeuropeos, políticas que han empobrecido a las capas medias y bajas, a expensas del beneficio de las élites y de los grandes conglomerados económicos transnacionales.[/cita]
Más de 500.000 catalanes han salido a las calles diariamente en un movimiento de desobediencia civil pacífico que por el manejo prohibitivo y legalista, sólo ha exacerbado el descontento, generado movilización ciudadana en el resto del estado español y que unido a los catalanes ya no por la independencia o no, sino por la defensa de las libertades civiles y la democracia.
Si bien la lectura de los partidos socialistas y comunistas tradicionales en occidente tiende a estigmatizar de “reaccionario” los procesos independentistas, basta ver el rechazo por parte de las principales entidades financieras de Cataluña al proceso en curso (como el Banco de Sabadell o la Caixa), para ver con mayor nitidez los intereses que están en juego. Efectivamente la independencia reclamada es un clamor nacido en el seno mismo del pueblo, tal como las masivas movilizaciones lo han mostrado. Así, los socialistas y la izquierda chilena en general, pueden sacar varias lecciones.
En primer lugar, resulta innegable que bajo el prisma teórico de que la soberanía reside en el pueblo, el ejercicio de autodeterminación debe ser validado y respetado. Y si este ejercicio es plausible para efectos tan grandes como la creación de una república independiente con mayor razón aún para la definición de las propias leyes que regulan a estas entidades. Así evidenciamos la necesidad de hacer de nuestra Constitución democrática y representativa siendo la única alternativa para esto la Asamblea Constituyente. Las constituciones confeccionadas por élites son incapaces de satisfacer, ni metodológica ni políticamente, expresiones democráticas para solución de conflictos del ámbito de la soberanía estatal en cualquiera de sus niveles. Si ese problema está en el nacimiento de la Constitución Española del 78, también lo está en la Constitución Chilena del 80. Sólo con un núcleo jurídico que represente la voluntad clara de la mayoría de los miembros de un país se puede dotar de validez y estabilidad al sistema político y con ello, a todos y cada uno de los poderes e instituciones que lo conforman. Es la única manera de resignificar positivamente, las categorías de república y democracia que tenemos.
En segundo lugar, debemos tomar nota del producto que genera, en términos de malestar social, el centralismo segregador que así como gobierna España, gobierna también nuestro país desde el régimen portaliano establecido con sangre y fuego en la década de 1830. Sólo con una descentralización efectiva, que comprende la progresión hacia un estado federal de grandes agrupaciones territoriales, con elecciones, partidos, presupuestos, autoridades y políticas públicas autodefinidas, asegurando que al menos los sistemas de Seguridad Social sean semejantes a lo largo del país, podremos combatir el malestar social “de las regiones”, en donde sus habitantes nos sentimos como actores secundarios en la construcción de sociedad chilena, por la poca injerencia de nuestros intereses en todo tipo de definiciones públicas. Esta solución enarbolada hace largo tiempo por el PSOE que nunca se ha concretado, hipotéticamente podría haber impedido el avance de la tesis independentista. Probablemente ya sea demasiado tarde para el movimiento que ha despertado en Cataluña, sin embargo si al gobierno español le interesa la unidad territorial del resto de ese “país de países” podría ser una alternativa a considerar.
Para los demócratas del mundo al estar la posibilidad de que se ejerza el derecho a decidir, resulta interesante como se resuelva el conflicto. De lograrse la independencia, posteriormente habrán otras discusiones, dentro de las cuales la que podría resultar más controversial es la permanencia en la Unión Europea puesto que querer fundar una república, fuera del Reino de España sin alterar que las políticas económicas intrusivas de la UE y su troika, sería probablemente pan para hoy y hambre para mañana por la prolongada crisis, que ha demostrado opresión y malestar en los pueblos sudeuropeos, políticas que han empobrecido a las capas medias y bajas, a expensas del beneficio de las élites y de los grandes conglomerados económicos transnacionales.
Noble objetivo la fundación de una república. En este intento está el fundamento subyacente de que las definiciones políticas, económicas, culturales, lingüísticas y sociales deben pasar por los pueblos, dueños de su propio destino, y estos no deben por qué aceptar las normas históricas definidas a lo largo de los años como verdades inalterables. Esta certidumbre fue la que motivó hace más de doscientos años a los próceres de nuestro propio continente a liberarnos del imperio español. Por eso debemos sentir solidaridad con la resolución democrática de este conflicto, a la vez que debemos rechazar las posiciones belicosas que los opositores –incluidos los socialistas españoles- esgrimen con el objetivo de mantener la unidad del Estado. Si efectivamente la unidad fuese el objetivo, no será mantenida mediante prohibiciones o presiones. Defender en abstracto posturas federalistas hoy como lo hacen los socialistas españoles, además de no ser atingente resulta a simplemente en un eslogan vacío, despojado de voluntad política real, producto de casi 40 años sin avances concretos en esa tesis. Este es el momento en que ellos deben definir si son capaces de entender que un socialismo democrático radical implica permitir la autodeterminación catalana, implica solucionar un problema del régimen democrático con más democracia.
Negar acérrimamente cualquier alternativa a la expresión popular, promueve, paradojalmente para la autoridad española, un motivo de unidad mayor de los ciudadanos catalanes para poder dirimir su futuro, y acentúa el espíritu independentista que ha crecido exponencialmente en los últimos años. El objetivo deseable de la independencia por naciones que se sienten oprimidas –tanto política, como económicamente- es una lucha que en cualquier parte o momento, no ha sido capaz de ser silenciada con meras imposiciones, y seguramente en esta constatación reside el diagnóstico de irreversible que para los independentistas ha adoptado el denominado procés.
