Creación de valor compartido (CVC), según sus autores Michael Porter y Mark Kramer (2011), implica crear valor en las empresas e instituciones, generando simultáneamente más beneficios y mayor impacto social, para dar lugar a transformaciones de gran alcance y oportunidades para el crecimiento y la innovación en la sociedad.
Por consiguiente, la creación de valor compartido se centra en las conexiones entre el progreso social y económico, teniendo el potencial de desencadenar la próxima ola de crecimiento mundial y de mayor ventaja competitiva. Cabe destacar que la creación de valor compartido no se trata de filantropía, responsabilidad social, ni sustentabilidad. La CVC es un concepto que relaciona el quehacer de las instituciones con la salud de las comunidades, en el más amplio sentido del término. Postula una interdependencia y vinculación. Para lograr su éxito, precisa de una sociedad próspera y de instituciones y corporaciones exitosas a su alrededor, para crecer y mejorar.
Si aplicamos esta definición conceptual a las actividades que emergen de las funciones fundamentales de una Universidad, se puede colegir que una preocupación permanente debe ser que, el resultado de las actividades que realizan las instituciones tenga un impacto en el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad.
[cita tipo=»destaque»]En síntesis, y en particular cuando se tramita la reforma a la Educación Superior y se discute sobre su financiamiento, entre otras materias, no debemos de perder de vista que una Universidad preocupada de la generación de bienes públicos, tiene la obligación de velar porque lo que se invierte en la creación y en el fortalecimiento de sus capacidades, no sólo debe agregar valor a la Universidad, sino que también, esa inversión debe agregar valor a la comunidad. En eso consiste verdaderamente la creación de valor compartido.[/cita]
Teniendo presente esta premisa, las universidades deberían implementar programas de creación de valor compartido, cuyos objetivos, desde su propia óptica, sean favorecer que el conocimiento y la experiencia acumulada vayan en beneficio de la Comunidad, a través de la realización de acciones específicas que involucren y tengan impacto sobre las personas y, muy particularmente, sobre las actividades cotidianas que ellas realizan.
Así, cada uno de estos programas, deberían estructurar planes de acción privilegiando poder conectar, en sus diferentes ámbitos, a un número cada vez mayor de personas e instituciones. De esta forma, la Universidad responde a la necesidad de ser una fuente permanente de desarrollo regional, no sólo a través del crecimiento económico, sino que también y en forma especial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la Comunidad de la cual forma parte y a la que se debe.
En el sentido señalado, estos programas deberían compartir la filosofía de ver el rol de las instituciones, de forma tal de lograr un cambio en la manera en la que se conduce la relación de la Universidad con la Comunidad. Obviamente, no se puede pretender que los problemas de la sociedad sean resueltos única y exclusivamente por la Universidad. No obstante, dado que tradicionalmente esta tarea ha estado asignada preferentemente a los gobiernos y a las ONGs, la creación de valor compartido supone una verdadera revolución al fomentar que las instituciones, y en este caso las universidades, hagan uso de sus habilidades, recursos, capacidades y competencias para liderar el progreso social junto a las organizaciones sectoriales y gubernamentales.
En síntesis, y en particular cuando se tramita la reforma a la Educación Superior y se discute sobre su financiamiento, entre otras materias, no debemos de perder de vista que una Universidad preocupada de la generación de bienes públicos, tiene la obligación de velar porque lo que se invierte en la creación y en el fortalecimiento de sus capacidades, no sólo debe agregar valor a la Universidad, sino que también, esa inversión debe agregar valor a la comunidad. En eso consiste verdaderamente la creación de valor compartido.