Está claro que en el Ejecutivo existen quienes creen que la participación ciudadana debe ser acotada. Que, al igual que un cirujano, el Estado no puede solicitar su opinión a todas las personas para operar, sino debe aplicar su conocimiento técnico, científico.
De un tiempo a esta parte, se ha instalado en el discurso político que los candidatos (a lo que sea) deben saber de todo. Que posean conocimientos por sobre la media, con la respuesta correcta a todas las materias de interés público. Y es de esta forma que se les interpela en pos de las soluciones que todo líder, se asume, ha meditado.
Tal es una de las percepciones sobre el liderazgo. Pero hay otras. Ya lo dijo Maquiavelo en El Príncipe: “Un príncipe prudente debe preferir un tercer modo: rodearse de los hombres de buen juicio de su Estado, únicos a los que dará libertad para decirle la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados. Y sólo en ellas. Pero debe interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y después resolver por sí y a su albedrío”. En el fondo, la habilidad no estaría en acumular conocimientos, sino en saber elegir a quienes los posean.
En un mundo cambiante, azaroso como el actual, existe otra característica que debe ser, también, considerada y que está asociada a la anterior. La de responder criteriosamente a los inesperados eventos que depara el tan incierto futuro. Ya no basta con tener buenas ideas, se precisa saber impulsarlas para llevarlas a buen puerto, contrastando en todo momento lo pensado con la realidad. Es parte de hacer política.
En aquello pensé al leer cierta reacción ante la visita de Michelle Bachelet a Villa Cerro Castillo el lunes 2 de noviembre para firmar el decreto que eleva la reserva nacional homónima a la categoría de parque nacional. Molestia local por no haberse abierto un espacio entre la comunidad aledaña y las autoridades para ir definiendo, en conjunto, este importante avance. No cuestionando la relevancia de un parque nacional, sino exigiendo el derecho a involucrarse. Simplemente.
Una postura que se separa, por cierto, de la también expresada por otros actores. Quienes recurriendo a la figura del derecho a la participación ciudadana de los habitantes del territorio, aprovechan la ocasión para develar su mirada: su rechazo a la protección de los ecosistemas, con la idea de que tal atenta contra el ser humano según un particular entender de la naturaleza solo como una despensa o un vertedero.
Ahí está el diputado UDI David Sandoval, hoy candidato a senador. Legislador quien ha participado constantemente en la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, en ocasiones más con el objetivo de frenar las iniciativas proteccionistas que de impulsarlas. Reconozcámoslo: Sandoval sabe hacer la pega acorde a su visión. Porque no se pueden entender de otra forma sus ataques a las áreas de conservación y el desarrollo del turismo basado en el cuidado de la naturaleza, alertando los riesgos “si nos queremos transformar en guardaparques para estos cowboys de fin de semana que vienen a disfrutar de nuestros paisajes”.
Y ahí está también Carlos Olivares, conductor de esa organización que se creara para apoyar la inundación de miles de hectáreas de la región para construir las represas de los ríos Baker y Pascua. La Voz de la Patagonia que, aliada a HidroAysén, nunca alzó la voz contra el proceso de intervención cultural que significarían unos 5 mil trabajadores foráneos instalados durante años en la provincia Capitán Prat, que cuenta con poco más de 4 mil habitantes. Y tampoco cuando la AG Río Baker no dudó suscribir una promesa de venta y arriendo de terrenos ganaderos a dicha compañía, de capitales foráneos y que no tiene relación alguna con la cultura local, lo cual incluso generó una fuerte división al interior de la organización. Una parte de esos terrenos sería inundada por el área de embalse de la Baker 1, en circunstancias que fueron donados por Funda –ligada a la Iglesia Católica- para fines de desarrollo agropecuario. Ante tanta amistad con dicha empresa podrían pedirles a ellos que les devuelvan los campos.
Y en otro espacio está el gobierno, a cuyo rol en este y otros casos alude el inicio de estas líneas.
Tenemos una buena idea, la Red de Parques de la Patagonia Chilena, iniciativa única de nivel mundial que permitirá no solo proteger ecosistemas y especies excepcionales a escala global, sino también una oportunidad de desarrollo económico local que bien llevado es coherente y complementario tanto con la cultura tradicional (el agroturismo no es un invento de estos años) como con la responsabilidad ambiental (el ecoturismo, tampoco) y la generación de conocimiento en espacios prístinos. Un orgullo para el país.
Pero también tenemos la incorrecta implementación, que da para pensar que con las torpezas que se cometen se quisieran dar motivos para que lo trazado no resulte. A estas alturas se puede pensar cualquier cosa. Con la falta de información y la no incorporación de las comunidades a la construcción del proceso se logra que quienes tienen visiones distintas y motivos diversos, se unan en el cuestionamiento. Que se junten, en el fondo, las peras con las manzanas. Incluso convocando a actores hace poco llegados a Aysén que recogen los fierros calientes y toman posturas sin comprender las motivaciones de fondo muchas veces involucradas.
Está claro que en el Ejecutivo existen quienes creen que la participación ciudadana debe ser acotada. Que, al igual que un cirujano, el Estado no puede solicitar su opinión a todas las personas para operar, sino debe aplicar su conocimiento técnico, científico.
Efectivamente, el médico no tiene por qué informar y hacer parte de su decisión a todas las personas que así lo requieran, pero sí es su obligación hacerlo con el paciente que será beneficiado o perjudicado por el procedimiento. Porque las medidas que adoptan los funcionarios del Estado y autoridades de gobierno afectan a la ciudadanía, el grupo social destinatario de tal acción tiene el derecho a ser informado y a participar. No por un favor ni filantropía, sino porque es la base de una democracia donde, en el fondo, la titularidad del poder reside en el conjunto de la sociedad.
