Este mes se cumplen 6 años de la entrada en vigencia del actual Posnatal Parental (PPP), el cual, entre otros, permite a la madre transferir al padre las últimas seis semanas de permiso para el cuidado de su hijo/a.
Qué duda cabe de que este cambio a la legislación ha tenido efectos positivos en los vínculos de apego, dada la posibilidad de estar más tiempo con el niño o niña, prolongar la lactancia y disminuir licencias que en su momento fueron cuestionadas, dada la práctica extendida de alargar -en los hechos- el posnatal para las madres, con un alto costo para el Estado.
Pero más allá de esas consideraciones, sabemos que el PPP no avanzó en una de sus grandes promesas: la promoción de la corresponsabilidad parental. La figura de transferir al padre un tiempo para estar con su hijo/a se ha transformado en una ilusión, más que en una posibilidad cierta, tal como demuestra la ínfima cantidad de hombres que hace uso de este beneficio.
Para graficarlo: de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), desde 2011 a la fecha los permisos traspasados de la madre al padre no han superado el 0,32% anual. Y, sumado a esto, la cifra cae y cae con los años: en 2012, casi 300 permisos fueron transferidos al hombre, mientras que entre enero y julio de este año sólo se cuentan 114 casos.
¿Podemos considerar esto un fracaso? Como todo aquello que es complejo de evaluar, para dar una respuesta hay que analizar una serie de factores.
Lo primero y más evidente es la falencia en el diseño de la normativa, que se vincula al carácter opcional del traspaso. Al radicar exclusivamente en la voluntad de la madre la cesión o no de estos días, se deja de lado el interés del padre, su derecho y, por cierto, su obligación a cuidar.
Esta figura legal se entronca fácilmente con factores culturales. La sociedad chilena sigue siendo sumamente conservadora y machista, principalmente, en la asignación de las responsabilidades familiares y sociales que a cada uno le competen y que claramente se diferencian entre hombres y mujeres. Basta con recordar que Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de Latinoamérica y de la OCDE, y que la principal razón para la inactividad de las mujeres es la dedicación exclusiva al cuidado de la familia y los quehaceres domésticos.
[cita tipo=»destaque»]La sociedad chilena sigue siendo sumamente conservadora y machista, principalmente, en la asignación de las responsabilidades familiares y sociales que a cada uno le competen y que claramente se diferencian entre hombres y mujeres. Basta con recordar que Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de Latinoamérica y de la OCDE, y que la principal razón para la inactividad de las mujeres es la dedicación exclusiva al cuidado de la familia y los quehaceres domésticos.[/cita]
De ese modo, el cuidado es todavía un asunto de mujeres y no “se estila” que sean los padres quienes cuiden a sus hijos e hijas, menos aún, cuando todavía no han cumplido un año de vida. Este uso y costumbre se agrava por el hecho de que los padres no tienen el derecho al cuidado reconocido como tal en nuestro Código del Trabajo, lo que evidentemente es discriminatorio y debiese ser revisado si queremos una sociedad con iguales oportunidades.
Frente a esto, surgen argumentos y estudios que refuerzan la idea de que la sociedad está cambiando y que a mayor educación -y por tanto, en Chile, mayores ingresos-, hombres y mujeres son menos machistas, sus valores y visiones de la vida son menos conservadoras y tienen una mayor predisposición a asumir roles no tradicionales. Por lo mismo, serían esos padres los que podrían liderar el uso del postnatal parental.
Al analizar el número de subsidios traspasados al hombre en relación con los iniciados entre 2011 y 2016, los que presentan la mayor tasa (0,3% y 0,27%) son aquellos que tienen las remuneraciones más altas, entre 1,6 y 1,8 millones y sobre los 1,8 millones de pesos, respectivamente. Estos triplican la tasa de aquellos que tienen remuneraciones inferiores a los 400 mil pesos y duplican la de quienes ganan entre 400 y 800 mil pesos (SUSESO, 2016).
Sin embargo, a este grupo lo afecta otra importante característica del diseño de la normativa: el subsidio del PPP es equivalente a la remuneración, siempre y cuando ésta no supere el tope imponible (75,7 UF el año 2017, algo así como 2 millones de pesos). En la práctica, esto funciona como un desincentivo para todos los trabajadores y trabajadoras que exceden el tope, cuestión que, como sabemos, es más probable que ocurra en el caso de los hombres, dado que reciben mayores remuneraciones (según ESI 2016, la brecha salarial en desmedro de las mujeres es de -31,7%).
Así, en un escenario en que el tope afecta más al padre, el costo familiar de renunciar a su salario es mayor y, por tanto, no conviene que este haga uso del posnatal parental; mientras que si la madre ejerce su derecho, la merma en el ingreso familiar no se produce o es menor. Así, el tope imponible es un factor económico relevante especialmente en aquellas familias en que las trabas culturales son más débiles.
El PPP profundiza un sistema de protección a la maternidad que deposita solo en las mujeres la responsabilidad y los costos del cuidado de los hijos, imponiendo, correlativamente, obligaciones únicamente a los empleadores de mujeres. Sin medidas que compensen y redistribuyan estos costos con los padres, la protección opera también como un «impuesto» a las mujeres trabajadoras.
Para igualar las oportunidades, desde ComunidadMujer sostenemos que se requiere una reingeniería del sistema de protección a la maternidad, contenido entre los artículos 194 y 208 del Código del Trabajo. Este cambio necesario lo abordamos en nuestro reciente documento “Para un Chile Sostenible, 10 Propuestas de Género”. En cuanto al posnatal parental, proponemos otorgar derechos exclusivos e irrenunciables (como lo son para las mujeres) a los padres trabajadores, para que puedan cumplir con sus responsabilidades familiares, y así avanzar en la igualación de los derechos y deberes de la paternidad y maternidad en nuestro país. Medidas como estas ya existen en Suecia, Noruega, Alemania, Portugal, Italia y Francia (BID, 2014).
El compromiso del Estado con una sociedad más igualitaria y sostenible, que ofrezca posibilidades de desarrollo personal y laboral a hombres y mujeres, debe reflejarse en una urgente modernización del Código Laboral que avance hacia una corresponsabilidad familiar y social del cuidado.
