Opinión
Chile está en condiciones de aprovechar su dotación y diversidad de recursos energéticos para establecer calendarios de salida del uso de hidrocarburos. El uso de energías renovables no convencionales no supone ya, en diversos casos y condiciones, sobrecostos de mercado directos de la energía, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.
En estos días se inicia una nueva reunión mundial sobre cambio climático, esta vez en Bonn. Las noticias no son buenas.
Un indicador principal en materia de cambio climático es el de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas (entre seis) de efecto invernadero. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270–275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950 y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento, desde la Revolución Industrial, habiendo ocurrido en las últimas tres décadas.
La información para 2016 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récords, con 403 ppm, lo que representa el 145% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La OMM ha alertado que «la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual».
No obstante, este organismo resalta que las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2016 y que se ha detectado que esto ocurre desde 2013, lo que no ha supuesto que deje de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Esto se explica por los diversos procesos presentes en la atmósfera, como en el período reciente el fenómeno meteorológico de El Niño. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el período de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo período”.
El año 2015 fue aquel en el que se superó por primera vez la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y en el que, al mismo tiempo, se firmó el pacto internacional que busca reducir los gases de efecto invernadero para evitar un catastrófico aumento de las temperaturas sobre la base de planes nacionales. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró en 2017 (representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas).
El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2°C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5°C. El cumplimiento de estas metas reduciría la probabilidad de impactos climáticos severos que podrían dañar la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo. No obstante, de acuerdo al Informe de octubre de 2017 de Naciones Unidas, “el Acuerdo de París promete solo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático”. Advierte ONU Medio Ambiente que la plena aplicación de los planes nacionales –condicionales e incondicionales– hace muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3°C para el año 2100, lo que significa que los gobiernos deben hacer promesas mucho más fuertes en la revisión programada para 2020 .
De otro modo, según las predicciones científicas, el aumento de las temperaturas más allá de 2°C tendrá efectos sobre el aumento del nivel del mar, sobre la migración de especies en la tierra y los mares con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular, por la cadena alimenticia de las especies.
El efecto último sobre la biosfera del cambio climático acoplado con otros factores humanos (fragmentación del hábitat, especies invasivas, depredación) es un sustancial incremento de la tasa de extinciones de especies, con la consecuencia de que la actual ola de extinciones provocada por los humanos parece constituirse en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la Tierra. A su vez, aumenta la acidificación de los océanos, que incidirá en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este solo factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.
Para alcanzar la meta de contener el aumento de las temperaturas promedio en 2ºC respecto al nivel preindustrial, habría que hacer caer las emisiones actuales de 52 gigatoneladas (Gt) de carbono, equivalente en 2016 a 42 Gt y a 36 Gt en 2030, si se quiere no superar los 1,5ºC. Estudios recientes citados por ONU Medio Ambiente indican que el umbral crítico a obtener es incluso menor, y se requeriría una disminución de emisiones de 24 Gt para evitar los desastres climáticos.
Al no estar disponible alguna forma de gobierno o de acción colectiva mundial capaz de establecer cuotas de disminución acompañadas de posibles transacciones de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, solo cabe seguir por el momento la lógica de los planes y compromisos nacionales. ONU Medio Ambiente sostiene que “la adopción de nuevas tecnologías en sectores clave podría reducir las emisiones en hasta 36 gigatoneladas anuales para 2030 –con una inversión menor a USD 100 por cada tonelada de carbono–, más que suficiente para saltar la brecha estimada actualmente” y que ”la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta y aumentar la ambición de las promesas del G20 para el año 2020, también pueden ayudar a minimizar los impactos climáticos” .
Este optimismo toma como base la constatación de que las emisiones mundiales anuales de CO2 provenientes de los recursos fósiles (carbón, petróleo y gas) y de la industria del cemento, que representan el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se han estabilizado desde 2014 en un nivel algo inferior a 36 Gt, lo que ocurre por un menor uso del carbón en China y también en Estados Unidos (que suman el 45% de las emisiones) y por la expansión de las energías renovables, especialmente las de tipo solar en China e India. No obstante, esta tendencia podría revertirse en caso de mayor crecimiento de la economía mundial. Y si se considera a los otros gases con efecto invernadero producidos por la agricultura, la ganadería, los cambios de uso del suelo y la deforestación, se constata en 2016 un leve aumento de las emisiones totales respecto de los años anteriores.
[cita tipo=»destaque»]El año 2015 fue aquel en el que se superó por primera vez la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y en el que, al mismo tiempo, se firmó el pacto internacional que busca reducir los gases de efecto invernadero para evitar un catastrófico aumento de las temperaturas sobre la base de planes nacionales. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró en 2017 (representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas).[/cita]
Lo que se requiere es, a partir del mencionado diagnóstico, una ruptura en el uso de tecnologías y una reorientación de las inversiones hacia nuevas oportunidades de producción que disminuyan la huella de carbono. La solución más drástica, según ONU Medio Ambiente, consiste en dejar en el subsuelo entre un 80-90% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas natural y cerca de un tercio de las de petróleo, lo que supone como prioridad no construir más centrales a carbón (desgraciadamente una decena de países –especialmente de Asia, incluyendo Japón, y potencialmente Chile, cuyo liberalismo energético no tiene justificación alguna, entre otras cosas porque produjo que la electricidad en nuestro país sea una de las más caras de América Latina– mantiene proyectos de nuevas centrales a carbón) y programar el cese de actividades de las 6.700 unidades actualmente en operación.
Si se actúa además en todos los sectores económicos, se podría disminuir las emisiones entre 30 y 40 Gt equivalentes por año. Solo la promoción de la tecnología solar y eólica, el mejoramiento de la eficiencia energética, el desarrollo de métodos de transporte alternativos, el cese de la deforestación y la reforestación podrían hacer caer las emisiones en 22 Gt. Las alternativas vinculadas al uso de la tierra presentan un potencial de reducción de emisiones hacia 2030 de entre 4 hasta 20 Gt de CO2 equivalente.
Esto supone establecer metas en cada sociedad, incluida la nuestra, de ahorro sistemático de energía y de calendarios de reconversión conducentes al control de las emisiones atmosféricas de la generación de energía basada en biomasa y el fin programado de la generación eléctrica sobre la base de combustibles fósiles o megarrepresas destructoras de los ecosistemas y su uso en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas.
Chile, en particular, está en condiciones de aprovechar su dotación y diversidad de recursos energéticos para establecer calendarios de salida del uso de hidrocarburos. El uso de energías renovables no convencionales no supone ya, en diversos casos y condiciones, sobrecostos de mercado directos de la energía, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.
Un instrumento fundamental de reforzamiento de la reconversión productiva y de uso de energía es una actividad más intensa del sistema bancario y financiero, o al menos de los sistemas públicos, para que contribuya al financiamiento de circuitos cortos de producción/consumo saludable (que articulen, en espacios social y geográficamente próximos, la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas de las comunidades) y la economía circular (que utilice, repare, desmonte y recicle los recursos materiales), y ayudar a preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos con capacidad suficiente de reposición.
El cambio del régimen de uso del territorio está decisivamente vinculado al cambio productivo y energético. Un importante instrumento deben ser los programas territoriales de inversión verde que amplíen las zonas de preservación ecosistémica y fortalezcan la infraestructura urbana y rural que sustente bienes públicos, en especial en materia de transporte. Las instituciones gubernamentales y de la democracia local deberán ser las encargadas de encarecer –mediante mecanismos tributarios y tarifarios que no necesariamente implican “costos políticos” de corto plazo, si se insertan en estrategias globales de incremento del bienestar con alta visibilidad y deliberación pública participativa– y de reglamentar el uso individual del automóvil en beneficio de un transporte público que lidere la transición al uso generalizado de motores eléctricos (en vez de los de combustión interna a partir de combustibles fósiles) y que al mismo tiempo induzca la reconfiguración integradora y sustentable de las ciudades, incluyendo la generalización de las ciclovías.
Esto requiere de una planificación urbano-territorial competente en instituciones públicas no sujetas al clientelismo inmobiliario y que incluya a las zonas rurales o de baja densidad como parte de sistemas territoriales integrados. Esta planificación activa y con capacidad reguladora debe ser participativa, practicando el diálogo sistemático con los actores urbanos y de las comunidades territoriales diversas.
Su rol debe ser el de definir/redefinir los usos del suelo y sus especializaciones y orientar los sistemas de transporte público, de modo que no sigan pasivamente el influjo de uso del territorio que resulta de la actividad inmobiliaria con fines comerciales y de la construcción de vivienda social que solo considera el costo directo sobre la base de suelos baratos que configuran ciudades contaminadas, subequipadas y segregadas, con altos tiempos de desplazamiento de las personas, para fines laborales, educativos y recreativos.
Los ecosistemas y sus servicios están cercanamente interrelacionados con el bienestar humano. Las dimensiones del bienestar están llamadas a ser incluidas en las nuevas métricas que sirvan de base a los necesarios procesos de transformación social ecológica que hagan posible enfrentar los dilemas ambientales crecientes de nuestras sociedades, incluyendo Chile.
El crecimiento económico, o del PIB por habitante, no considera los crecientes costos ambientales locales y globales asociados a la expansión de la capacidad productiva y de las transacciones de mercado, ni menos la alteración negativa de las dimensiones cualitativas de la vida humana, el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo que se asocia solo al crecimiento del PIB es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la “calidad de vida equitativa y responsable” de la sociedad en su conjunto.
Las nuevas métricas deben, en primer lugar, abandonar la pretensión de unicidad (como el PIB por habitante) y deben volcarse al diagnóstico lo más preciso posible de las brechas existentes en las esferas del bienestar social, con indicadores sintéticos flexibles y de acuerdo a las preferencias colectivas. En especial, deben ser privilegiados los indicadores sanitarios que influyen en la calidad de vida de la población y los indicadores de uso de recursos y de disminución-expansión del patrimonio natural.
Como se observa, todo lo anterior supone “una ética de la responsabilidad”, es decir, el compromiso, en lo que nos cabe, de legar un planeta viable a las nuevas generaciones, que se traduzca, con algo de “ética de la convicción” de por medio, en acciones colectivas eficaces en el corto plazo. Se requiere, en este tema como en muchos otros, tomar distancia del pragmatismo generalizado y de la defensa del individualismo pedestre que, se entiende, es la esencia de una supuesta “modernización capitalista” en curso, basada en el “esfuerzo propio distante del paternalismo” que desearía la mayoría de los chilenos.
Lo que se requiere, en cambio, es reconstruir una cierta idea del “interés general”, un cierto “nosotros” siempre presente en la sociedad, sin el cual, por lo demás, simplemente no podría funcionar en medio de la anomia privada y de la multiplicación de los males públicos (aquellos que nadie en particular puede evitar), cuya lista es larga.
