Es urgente y necesario reconocer a la segregación social, transitando en pleno siglo XXI, como una gravísima amenaza a la sustentabilidad de nuestra democracia y de nuestra sociedad.
La segregación es consecuencia de la construcción de guetos urbanos cargados de injusticia y que tienen mucho en común: mala calidad de las viviendas, espacios comunes deteriorados y falta de bienes públicos, mala calidad del transporte y ausencia de conectividad. Cada uno de estos espacios, además, coinciden en tejidos viales internos laberínticos que obstaculizan el libre tránsito de las personas, lo que gatilla un difícil acceso a servicios públicos tales como la salud y la educación, y otros de emergencia como ambulancias, carabineros y bomberos. Esta realidad tiene altos impactos y costos para la estabilidad de la sociedad en su conjunto y debilita, directamente, el ingreso de las personas a las oportunidades de progreso que deberían ofrecer las ciudades para todas y todos, sin excepción.
Para entender todo este fenómeno, es importante situarlo en variados contextos históricos. La erradicación de campamentos hacia las periferias durante la dictadura militar y/o el efecto de soluciones habitacionales basadas en suelos de bajo precio, han sido hasta ahora parte de las causas de este problema. Por otro lado, la acelerada construcción no planificada de viviendas durante los años 90, sacrificando calidad en función de la cantidad, es otra parte de este conflicto, que ha traído sufrimiento y desolación a miles de chilenos. Por eso decimos que la segregación es una deuda gigante que tenemos que pagar como Estado y que, por tanto, debe asumirse como tal.
El Estado chileno se basa en un sistema altamente centralizado en materia de asignación de recursos y fuertemente sectorialista en materia de inversiones públicas, haciendo muy difícil construir espacios de ciudad más equitativos sin una descentralización de la visión de la realidad y las propuestas.
Pero, la aceptación de esta deuda no sólo implica rasgar vestiduras. Amerita mirar esta realidad con una mirada integral, la misma que pedimos que reemplace a la visión y las metas sectoriales y cortoplacistas, por metas y visión de país, de conjunto. Una mirada holística es una urgente necesidad en la planificación del Estado del Chile actual.
[cita tipo=»destaque»]No existe otra alternativa más que generar un plan con dimensiones de intervención integral, que abarque desde la problemática social a la urbana y de la convivencia al desarrollo social y económico, con la perspectiva de ofrecer mejores oportunidades a las familias que viven en estos sectores.[/cita]
Volvamos a los territorios. Lo que pasa en Bajos de Mena, La Legua, Parinacota, El Castillo, pero también en la parte más alta de Playa Ancha en Valparaíso, en Alto Hospicio tras los cerros de Iquique, en La Negra, en la zona norte de Antofagasta y en cientos de localidades de Chile, es algo más profundo que simple pobreza. En estos barrios, se evidencia que la falta de oportunidades económicas, sobre todo hacia las personas más jóvenes, es un motor de frustraciones que se ve potenciado por la efectividad publicidad que endiosa día a día, y por todos los frentes, al consumismo desbordante. Imagen de éxito que es inalcanzable para muchas y muchos, que genera rabia y violencia, y que se traduce en una sensación de exclusión que no tiene horizonte. Frente a ello, el involucramiento en actividades ilícitas aparece como una oportunidad de acceso a la riqueza en corto plazo, que jamás podría obtenerse por otros medios.
Así, el conjunto de situaciones que se manifiestan en estos lugares, que no son más que expresiones de esta desigualdad y segregación, definen lo que hoy llamamos “Barrios de Alta Complejidad”, barrios de los que mucho se ha hablado durante estos últimos días.
La alta complejidad de un territorio está dada por una multiplicidad de factores que inciden en su estado de deterioro, lo que tiene repercusiones en la calidad de vida de sus habitantes. A los elementos anteriormente mencionados en esta columna, se suman el hacinamiento interior y exterior, las malas relaciones entre la comunidad, una sensación de inseguridad objetiva y un sentimiento de abandono por parte del Estado. Por eso decimos que se requiere una intervención que resitúe la relación entre iguales, con la autoridad y el resto de la sociedad o comunidades vecinas.
En dichos lugares se concentran manifestaciones diversas de pobreza y de vulnerabilidad tal que imposibilitan que tanto vecinos como autoridades locales puedan generar por sí solas fórmulas de superación de las situaciones creadas. Para lo cual, en base a nuestra experiencia, no existe otra alternativa más que generar un plan con dimensiones de intervención integral, que abarque desde la problemática social a la urbana y de la convivencia al desarrollo social y económico, con la perspectiva de ofrecer mejores oportunidades a las familias que viven en estos sectores.
En definitiva, el concepto de complejidad debe ser superado por la implementación de un “plan integral”, que genere ciudad y calidad de vida para todos sus habitantes en un clima de justicia y tranquilidad. Desde esta perspectiva, durante el año 2015 se implementó desde la Intendencia Metropolitana un conjunto de Planes Integrales que comenzó con la experiencia de Bajos de Mena, en Puente Alto. Posteriormente, en 2016 se incorporó a La Legua, en San Joaquín, y a comienzos de este año comenzamos a trabajar en la Villa Parinacota, de Quilicura, a lo que también se suma durante este año la población El Castillo, de La Pintana. El problema ha comenzado a ser abordado desde este Gobierno. Planes que han sido financiados desde la Subsecretaría de Prevención y aportes sectoriales importantes para mejorar la calidad de las viviendas, avanzar en un nuevo estándar de las mismas y dotar de infraestructura y servicios a estos barrios. Aún queda mucho por hacer.
Los desafíos en los que han avanzado la Unidad de Planes Integrales, encargada de efectuar las coordinaciones con todos los servicios e instituciones, son disminuir la violencia, las pandillas y el tráfico, precisando de manera eficiente, investigativa y científica, las roles, funciones y tareas de las policías. Junto con ello, también debemos enfrentar de manera eficiente los procesos de regeneración urbana en cada territorio, que nos permitan terminar con el hacinamiento y la densidad, para volver a llenar de dignidad la vida de cada uno de los habitantes de nuestros barrios.
A estas alturas, y conforme a todas las experiencias, se hace también urgente establecer planes de desarrollo económico local que combatan con el negocio del narcotráfico, programa de reinserción escolar efectiva, que tengan a la primera infancia y a nuestros adolescentes en el centro, nivelaciones de estudios para adultos/as desertores, entre otras medidas de carácter global. En este contexto, el acceso a una educación gratuita ha generado oportunidades reales a jóvenes que, sin esta oportunidad, jamás lo habrían logrado por sus propios recursos.
Sólo así, con una mirada integral, responsable y eficiente, lograremos saldar la deuda de Chile.
