Opinión
Ad portas de un cambio de Gobierno, y frente a la incertidumbre respecto de las definiciones que la próxima administración tendrá en materia medioambiental, se hace imperativo que Chile adopte hoy una definición clara hacia la defensa del medio ambiente. La ronda de negociaciones sobre un acuerdo regional sobre democracia ambiental es la oportunidad para que el próximo Presidente muestre su liderazgo, zanje tensiones internas en el Gobierno y comprometa así a Chile con la defensa del medio ambiente, sea quien sea que ocupe La Moneda.
La controversia que recientemente generó el proyecto Dominga dio también paso a una conversación más profunda y sustantiva sobre la disyuntiva entre un desarrollo basado en la extracción indiscriminada de recursos naturales y una visión que no concibe el progreso sin sustentabilidad, protección del medio ambiente y a los derechos humanos.
La solución es la incorporación de esas comunidades en el proceso de toma de decisiones. Esto no es nuevo; ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río, se estableció que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. La declaración resultante de esa reunión fijó principios que, en su numeral 10, establecen lo que hoy se conoce como “derechos de acceso”: derecho a información, participación y justicia en materia medioambiental.
La discusión global ha avanzado y, pese a los formidables desafíos, el así llamado “Principio 10” se ha consolidado como un instrumento para la protección de derechos, pero que aún tiene la tarea pendiente de ser implementado de manera efectiva por los estados. Así lo reafirmaron los países en la Declaración de Río+20, celebrada en 2012.
Pese a las buenas intenciones, en América Latina los avances son aún incipientes. Es por eso que desde hace ya dos años se inició un proceso de negociación y diálogo entre 24 países de la región que incluye, de forma inédita, la participación de la sociedad civil en las deliberaciones. Este diálogo busca la adopción de un convenio vinculante para la protección de los derechos de información, participación y justicia en materia medioambiental.
La octava ronda de negociaciones sobre este convenio tendrá lugar en Chile la próxima semana y marcará un hito en el proceso. Los últimos encuentros han significado un estancamiento en los avances iniciales por la evidente falta de voluntad política de los gobiernos de incorporar estos derechos de manera vinculante. La sociedad civil participante mantendrá la presión, particularmente en lo que se refiere a incorporar mecanismos de participación temprana de las comunidades y personas afectadas por los proyectos de inversión, porque la participación ante hechos consumados no es participación.
[cita tipo=»destaque»]Luego de ocho rondas de negociaciones, es claro que hay países que simplemente no están dispuestos ni preparados para avanzar en un acuerdo de estas características, por lo que deberían retirarse del proceso. El Gobierno de la Presidenta Bachelet, por su parte, que ha levantado la bandera del desarrollo sostenible, tiene una prueba que dar y también la oportunidad de mostrar que su discurso refleja un compromiso real de regular la actividad productiva para proteger el medio ambiente y los derechos de la ciudadanía.[/cita]
El acceso a la justicia ambiental, probablemente uno de los puntos más difíciles de acordar, requiere de garantías legales, existencia de tribunales especializados y competentes, y regulaciones que permitan compensaciones efectivas por daño ambiental para comunidades afectadas. En otras palabras, hace necesario que los gobiernos se tomen esto en serio.
Luego de ocho rondas de negociaciones, es claro que hay países que simplemente no están dispuestos ni preparados para avanzar en un acuerdo de estas características, por lo que deberían retirarse del proceso. El Gobierno de la Presidenta Bachelet, por su parte, que ha levantado la bandera del desarrollo sostenible, tiene una prueba que dar y también la oportunidad de mostrar que su discurso refleja un compromiso real de regular la actividad productiva para proteger el medio ambiente y los derechos de la ciudadanía
El desafío no es menor, ya que Chile ha mostrado una evidente indefinición en la materia. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente ha entregado su irrestricto y amplio apoyo a esta iniciativa, el Gobierno en su conjunto ha tenido una actitud tibia y zigzagueante, que no refleja el compromiso con los derechos de acceso expresado por la Presidenta.
Ad portas de un cambio de Gobierno, y frente a la incertidumbre respecto de las definiciones que la futura administración tendrá en materia de democracia ambiental, se hace imperativo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet adopte una política clara hacia su defensa. Ella debe mostrar su liderazgo en el tema, zanjar las tensiones internas en el Ejecutivo y comprometer así a Chile de manera real con el desarrollo sustentable en el largo plazo, sea quien sea que ocupe La Moneda en los próximos años.
Esta es la prueba que deberá rendir el Gobierno la próxima semana: mostrar que el discurso de protección del medio ambiente que ha levantado no son solo palabras que el viento, fácilmente, se puede llevar.
