Señor Director:
El fin del año 2017 trajo una noticia muy ingrata a quienes sufrimos de cánceres gastrointestinales en Chile, con la publicación del nuevo ranking de priorización para el tercer decreto de la Ley Ricarte Soto, donde de nuevo, aparentemente, hemos sido postergados. Para poner en contexto, Chile se encuentra entre los países con mayor tasa de incidencia en cáncer gástrico y cáncer colorrectal en toda la región. El cáncer gástrico, en particular, constituye la primera causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres. Es por ello que hemos luchado para que estas patologías sean priorizadas por nuestro sistema de salud.
El 19 de diciembre pasado, en el Acta Final de la Comisión de Priorización, uno de los tratamientos para cáncer gástrico figuraba en el tercer lugar del ranking, lo cual nos transmitía cierta tranquilidad, sin embargo, el 30 de diciembre en horas de la noche, nos enteramos de la nueva lista de priorización para el Tercer Decreto de la Ley Ricarte Soto, donde con angustia conocimos el nuevo orden, donde se relegaban todos nuestros tratamientos hacia el final de la tabla de priorización.
¿Qué pasó en una semana? Una vez más, la falta de transparencia nos desilusiona, y muchas dudas nos dejan un sabor amargo:
¿Qué criterios se utilizaron para determinar un cambio tan drástico?
¿Cómo influyeron en los cambios las impugnaciones si de 37, se rechazaron 32?
¿En qué se basaron para determinar el número de pacientes de cada una de estas patologías que serían beneficiados con esta ley, cuando para algunas de ellas no existen registros, como el caso de los cánceres raros como GIST?
¿Cómo ponderaron las 12 “Dimensiones” de la Metodología “Evidence to Decision” (EtD)?
¿Se tomaron en cuenta los programas de apoyo para pacientes, existentes que podrían contribuir al financiamiento, como es el caso del programa GIPAP, por medio del cual pacientes en FONASA recibimos imatinib?
Y finalmente la pregunta que nos hacemos los pacientes con cánceres gastrointestinales:
¿Qué respuesta nos dan a los miles de pacientes que veíamos en la Ley Ricarte Soto la posibilidad de tener acceso a los tratamientos que nos permitirían vivir y mejorar nuestra calidad de vida?
Atentamente
Piga Fernández Kaempffer
Directora Ejecutiva
Fundación GIST Chile
