Opinión
Que los procesados fueran declarados inocentes por la propia justicia y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Chile por juzgar personas sin un debido proceso bajo la Ley Antiterrorista, son dos hechos que vienen a constatar que hay una operación de inteligencia de mayor envergadura impulsada por parte del Estado, cuya misión –al parecer– es crear un enemigo interno y satanizarlo por cualquier medio. Se acusó de terrorismo al pueblo mapuche y ese miedo en la ciudadanía fue capitalizado por un sector político.
El trabajo de los servicios de inteligencia es recabar, clasificar y evaluar información para predecir cuándo, cómo y dónde, grupos subversivos podrían atacar, para así prevenir daños. Por eso, es incomprensible que se quemen camiones, iglesias y helicópteros vigilados por Carabineros en Curanilahue, como también que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Dirección de Inteligencia de la policía uniformada no hayan prevenido ni uno de estos ataques, que no sepan quiénes son sus autores y, peor aún, que hayan culpado a inocentes.
Todo parece indicar que las operaciones de inteligencia tienen un objetivo político-económico, porque agentes del Estado estarían asesinando a conciudadanos, realizando quemas y atentados, bajo una lógica que recuerda a la Operación Mangosta de la CIA que propuso asesinar a estadounidenses para inculpar a cubanos y así justificar el envío de militares a la isla.
Esto también nos recuerda el caso Luchsinger-Mackay y la quema de una micro por Raúl Castro Antipán, quien declaró haber sido funcionario de la Dirección de Inteligencia de Carabineros y trabajar como infiltrado en el movimiento mapuche. Que los mapuche procesados fueran declarados inocentes por la propia justicia y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Chile por juzgar personas sin un debido proceso bajo la Ley Antiterrorista, son dos hechos que vienen a constatar que habría una operación de inteligencia de mayor envergadura impulsada por parte del Estado, cuya misión –al parecer– sería crear un enemigo interno y satanizarlo por cualquier medio.
El cierre de la “Operación Huracán” y la acusación de la Fiscalía de Temuco en contra de la Inteligencia de Carabineros por falsificación de instrumento público, reafirman que esta manipulación de evidencia se conjugó sospechosamente en un momento político electoral, en el cual a través de montajes se satanizó y acusó de terrorismo al pueblo mapuche. Y ese miedo que se generó en la ciudadanía, fue capitalizado por un sector político.
¿Pero quién es el responsable político de esta operación? No olvidemos que aquí se construyó un relato en el que los involucrados son el Gobierno, las fuerzas policiales y el Ministerio Público, que se detuvo a comuneros, que sus caras fueron objeto de público escrutinio para que finalmente todo termine siendo un montaje.
Aquí hay responsables que deben asumir.
El Ministerio del Interior se está sacando el bulto, pero son ellos los responsables, porque la ANI y Carabineros dependen de esa cartera. Fueron los encargados de la coordinación, ellos viajaron a Argentina, ellos están en tribunales. Esa es la verdad, aunque duela, y es hora de que se asuman las responsabilidades en este caso, pues de lo contrario no se va a recuperar la fe pública que esta operación destruyó.
[cita tipo=»destaque»]El Ministerio del Interior se está sacando el bulto, pero son ellos los responsables, porque la ANI y Carabineros dependen de esa cartera. Fueron los encargados de la coordinación, ellos viajaron a Argentina, ellos están en tribunales. Esa es la verdad, aunque duela, y es hora de que se asuman las responsabilidades en este caso, pues de lo contrario no se va a recuperar la fe pública que esta operación destruyó.[/cita]
El subsecretario Mahmud Aleuy llamó a no hacer juicios apresurados, pero fueron ellos los que apresuradamente decidieron detener con pruebas falsas a los comuneros mapuche. Además, las múltiples aristas que se conjugaron para que los hoy absueltos fueran juzgados, obligan a averiguar si situaciones como estas se han repetido con anterioridad y, por lo mismo, se deben revisar todos los casos de acusaciones en los que esté involucrado el pueblo mapuche.
Este es un tema de Estado de alta gravedad, porque se han vulnerado derechos constitucionales. ¿Qué debiera ocurrir? Dadas las implicaciones institucionales y de credibilidad, deben dar un paso al costado los responsables de esta operación en el Ministerio del Interior, las policías y la Fiscalía.
