Uno de los hechos más vertiginosos de esta semana fue el lanzamiento de la «Inmobiliaria Popular», la iniciativa impulsada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como una nueva alternativa para asegurar el derecho a la vivienda. Esta iniciativa ha sido reconocida desde la ciudadanía y otros alcaldes ya que brinda una solución a las personas que están en situación de allegados o viven en condiciones precarias. Esta propuesta puede convertirse en una gran oportunidad para avanzar hacia el desarrollo inclusivo, al poder articular las políticas inclusivas y las necesidades locales en distintas comunas del país. Con esta herramienta podemos eliminar desde el inicio las clásicas barreras arquitectónicas y urbanas que limitan el pleno goce de los derechos nuestros ciudadanos, especialmente para personas en situación de discapacidad (PeSD), personas mayores, personas migrantes, entre otros.
En Chile el acceso a la vivienda adecuada es una situación crítica que ha estado en la mira de distintos actores sociales dado que es un derecho garantido por la Declaración Universal de Derechos Humanos como “El derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. En base a la CASEN 2015, se puede identificar que 7,2% de los habitantes de nuestro país viven en alguna condición de hacinamiento, si bien dicho valor ha ido en disminución desde el año 2009 (11,5%) a la fecha, estos niveles son mayores en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Del mismo modo, entre el año 2009 al 2015, se puede identificar el porcentaje de hogares que viven como arrendatarios ha variado levemente entre un 17% a un 20,1%, consolidando esta estrategia de solución que realizamos varios de nosotros en busca de asegurar el derecho a la vivienda. Por lo anterior, se hace crítico el desarrollo de mecanismos como las inmobiliarias populares, capaces de disminuir el porcentaje del sueldo de los hogares de nuestro país.
No obstante, el sólo hecho de disminuir el gasto de bolsillo de las familias de nuestro país no permite asegurar la mejora en el acceso a la vivienda y la calidad de vida de nuestras comunidades, dado que las necesidades de la ciudadanía y los estándares de diseño urbano y habitacional actual se ha vuelto más exigentes, posicionando la equidad, sostenibilidad y comprensión de la diversidad como principios esenciales. Por ejemplo, en base al II Estudio Nacional de la Discapacidad, las PeSD de 45 años o más, necesitan ayudas técnicas en espacio público, cerca de dos veces más que quienes no están en situación de discapacidad. Mientras que, en el mismo grupo de edad, las PeSD requieren cerca de tres veces ayudas técnicas dentro de sus viviendas en comparación que los que no están en situación de discapacidad. Esta tendencia va aumentando a medida que disminuye el ingreso. En el quintil más bajo, las PeSD que necesitan ayudas técnicas en su vivienda son casi cuatro veces más que las que no están en situación de discapacidad, mientras que en el V quintil las cifras son similares. En Chile, múltiples soluciones habitacionales no permiten asegurar el derecho a la vivienda adecuada, ya sea por acceso a la vivienda, circulación incluso para usar nuestros baños, lugares que comúnmente debemos empezar a adaptar a medida que envejecemos o estamos en situación de discapacidad.
[cita tipo=»destaque»]Tenemos en nuestras manos la posibilidad de incluir propuestas de planificación habitacional inclusivas que logren incrementar la accesibilidad, cohesión social y habitabilidad de las viviendas sociales que necesitan nuestras comunidades.[/cita]
Por lo anterior, articular las inmobiliarias populares con nuevos instrumentos de gestión y planificación urbana y habitacional se vuelve una acción sumamente necesaria. Una de estas herramientas es el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual busca asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en la planificación urbana y construcción, posicionando la accesibilidad y el diseño universal como un nuevo principio en el diseño urbano. Las potencialidades de articular ambas herramientas permiten a las comunidades, organizaciones, municipalidades y otros actores poder asegurar la inclusión social desde el diseño de los proyectos habitacionales, usando el DS50 como un nuevo piso mínimo para expandir las medidas de apoyo (o ajustes razonables) que se requieran.
Para resolver esta situación, uno de los actos políticos internacionales más contundentes sobre esta área son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Dentro de ellos, el Objetivo 11 declara “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, promoviendo en sus metas asegurar el acceso a viviendas adecuados, seguras y asequibles junto a aumentar la urbanización inclusiva y sostenible con la capacidad para la planificación y la gestión participativa. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de incluir propuestas de planificación habitacional inclusivas que logren incrementar la accesibilidad, cohesión social y habitabilidad de las viviendas sociales que necesitan nuestras comunidades.
