¿Con derecho a ser vulnerados?

En diciembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), corporación autónoma de derecho público cuyo mandato es la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país, develó la compleja situación de muchas personas con discapacidad mental en Chile, por las dramáticas condiciones de vida que tienen en distintas unidades psiquiátricas de larga estadía.

Se trata de hombres y mujeres, ciudadanos de nuestro país, internados en instituciones para el cuidado y tratamiento de sus afecciones mentales, pero que en la práctica y de forma cotidiana viven invisibilizados, recluidos, vulnerados, en una situación de abandono social y todo,  como tal vez diría popularmente nuestro querido Nicanor, a vista y paciencia de todo el mundo.

Pero, ¿qué significa en concreto esta situación? De partida, una grave vulneración sus derechos más fundamentales. No hay que olvidar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -que el Estado chileno ratificó el año 2008- es clara en esta materia y señala que se debe “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, conforme a su dignidad”.

La misma convención habla del derecho a vivir en comunidad, de la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, del resguardo de la integridad personal, solo por citar algunos puntos no solo consignados, sino que abiertamente vulnerados según los hallazgos de este informe.

Esta situación, nos habla de un Estado cuyas políticas públicas son insuficientes, incumplidas o abiertamente inexistentes para favorecer de manera efectiva su inclusión social. Es evidentemente que, como país, tenemos enormes brechas en esta materia.

Pero también nos habla de una sociedad que no quiere ver, muchas veces estigmatizando y discriminando a un grupo de personas por su situación mental, que las desconoce y, en algunos casos, deshecha. Todos estos prejuicios y/o desconocimiento nos llevan a tener muy pocos puentes de encuentro, a rechazarlos y, de esta manera, normalizar su marginación de la vida social y comunitaria.

La situación de discapacidad mental de las personas se constituye como un desafío al reconocimiento de la diversidad, la diferencia y no solo de una realidad limitada a un diagnostico o condición individual. Las personas con discapacidad mental merecen ser reconocidos como ciudadanos que aportan a la construcción de una sociedad más acogedora y tolerante de las diferencias.

[cita tipo= «destaque»]No hay que olvidar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -que el Estado chileno ratificó el año 2008- es clara en esta materia y señala que se debe “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, conforme a su dignidad”.[/cita]

Enfrentar este desafío es más amplio y profundo que solo contar con financiamiento en esta materia, aun cuando es muy necesario. Debemos dotarnos de otras miradas desde un enfoque de derechos y de políticas públicas inclusivas, que los reconozcan en su dignidad de ser humano, y que demos cuenta de este reconocimiento de manera fundamental en nuestras prácticas del día a día.

Personas con derecho a una salud integral, digna y de calidad, a un trabajo de acuerdo a sus capacidades e intereses, a una educación inclusiva desde la primera infancia, a la formación y/o capacitación de acuerdo a sus necesidades específicas, a vivir insertos en su comunidad contando con apoyos sociales y/o ajustes razonables para su mayor autonomía, entre otros.

Es tarea del Estado, pero también es tarea de todos, trabajar en conjunto por una sociedad respetuosa de cada uno de sus ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables, vulnerados y excluidos.