Los expertos en gestión de riesgos y emergencia han establecido tres tipos de alertas ante la ocurrencia de una emergencia o catástrofe. Se habla de alerta verde o temprana preventiva cuando debe haber una actitud de vigilancia permanente de los distintos escenarios de riesgos; alerta amarilla, cuando una amenaza crece en extensión y severidad, debiendo prepararse para enfrentar adecuadamente el riesgo de emergencia; y alerta roja, cuando el riesgo crece a tal magnitud que se requiere disponer de todos los medios posibles para la atención y control de la catástrofe.
En este sentido, el Presidente Piñera ha sorprendido con el nombramiento de Gerardo Varela como Ministro de Educación, asombro que ha acaparado el debate en la agenda pública.
Las críticas que se han formulado a esta designación consisten en su carente experiencia pública; su escaso conocimiento técnico del sector; su lejanía con la estructura tradicional de la derecha política y sus partidos; y su perfil privado, relacionado a la asesoría jurídica en el ámbito corporativo y empresarial. Sólo se destaca su vinculación en los últimos años con pensadores o intelectuales de la derecha económica como su participación en la Fundación para el Progreso y Libertad y Desarrollo. Además, la prensa ha reflotado sus dichos como columnista, con una prosa mordaz y con preconcepciones neoliberales claramente definidas sobre los derechos sociales y el derecho a la educación.
Sin embargo, el escenario actual es otro. La vorágine de la pasada elección, incluidas las presiones internas de partidarios de su sector, obligó al Presidente Piñera a tomar una definición clara sobre la gratuidad en educación. Por lo que el nombramiento de un personero identificado con posiciones ideológicas extremas resulta contradictorio en función de su compromiso público de campaña. Vale recordar que las leyes aprobadas durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet buscan hacer cambios de fondo en la educación chilena, transitando desde una lógica de bien de consumo –postulado al que ha adherido explícitamente el nuevo Ministro de Educación- al del ejercicio de la educación como un derecho fundamental que vaya en beneficio de todas las personas.
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Como consecuencia de su nombramiento como ministro, Varela ha debido matizar sus anteriores opiniones, pues tiene la tarea de implementar las diversas leyes de la Reforma Educacional por la vía administrativa, tales como la de Inclusión Escolar y la situación de los colegios con sostenedores privados que recibirán fondos públicos desde el Estado; la Nueva Educación Pública con su proceso de desmunicipalización de las escuelas públicas; y se espera la aprobación del proyecto de ley sobre Educación Superior durante esta legislatura, que busca establecer permanentemente el acceso de los estudiantes a la educación superior a través de la gratuidad.
Entonces, dos tipos de alertas se encienden en virtud a este nombramiento como claros riesgos para la Reforma Educacional. La primera alerta es amarilla, y consiste en que no se designa a un político tradicional de derecha, el que por un afán de figuración pública pudiera mantener vigente el tema sobre la educación (como fue Joaquín Lavín en el primer mandato del Presidente Piñera), con los cuantiosos costos políticos que este debate puede seguir generando en el sector. Al contrario, se opta por un personero con un claro enfoque neoliberal, sin aspiraciones políticas claras, y cuyas motivaciones o convicciones son principalmente emocionales y vocacionales en un ámbito en que la derecha ha sido derrotada, lo que pudiese significar en una cruzada o un apostolado por parte de la autoridad recientemente designada y su equipo.
La segunda alerta es roja, y radica en el potencial peligro de alejar de la esfera pública la implementación de las leyes aprobadas con la finalidad de diluir sus efectos. Existen diversos reglamentos que se encuentran en elaboración o por redactarse por parte del Ministerio de Educación, labor que puede realizarse sin una adecuada participación de los grupos de interés o actores en el marco de la educación, bajo perspectivas ideologizadas sectoriales que dificulten o impidan la obtención de necesarios consensos, y el establecimiento de una normativa reglamentaria que sea contradictoria o simplemente dificulte su adecuado funcionamiento. Esta situación puede significar en una (des)implementación concreta de las leyes aprobadas, lo que puede desencadenar en cuestionamientos políticos de la señalada reforma, reactivar las protestas públicas de los grupos sociales vinculados a la educación y tensionar la relación entre Gobierno y oposición durante el próximo mandato presidencial.
El desafío queda entregado a la futura oposición, sea política o programática, para mantener una alerta verde o temprana preventiva ante las alarmas ya indicadas, esto implica (i) una actividad proactiva de fiscalización y seguimiento de la implementación de las leyes aprobadas que realice el futuro Gobierno en todo ámbito; (ii) denunciar la (des)implementación y el alejamiento del debate público en el ejercicio de la potestad reglamentaria que proponga el designado Ministro de Educación, en su calidad de destacado abogado de la plaza; y (iii) utilizar todas las herramientas que entrega nuestra institucionalidad para defender el adecuado ejercicio del derecho a la educación como derecho social fundamental, en virtud al cambio integral al modelo educacional que la Reforma Educacional busca materializar.
