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Racismo y política pública migratoria en Chile Opinión

Racismo y política pública migratoria en Chile

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Sebastián Quezada Zúñiga
Por : Sebastián Quezada Zúñiga Egresado de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
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Una mirada desde las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos

Para comprender el fenómeno migratorio en Chile; las políticas públicas que aplican y regulan las migraciones; y, las prácticas de racismo cotidiano en la sociedad chilena, es ineludible acudir a la historia que conformó el imaginario racialmente estructurado que diferencia a los “otros” del “nosotros” chileno. Es preciso recalcar que el fenómeno migratorio no es coyuntural, su carácter originario data de la conformación del Estado Nacional chileno, y se puede identificar desde dicho origen hasta los días recientes.

Esta opinión está redactada con el objetivo de desmitificar concepciones creadas en el imaginario social chileno, fundadas en prácticas de clasismo/racismo/sexismo hacia inmigrantes específicos, que vienen a Chile en búsqueda de un trabajo asalariado, con la esperanza de que en el país encontrarán mejores condiciones de las que tenían en sus sociedades de origen. La pobreza, los conflictos armados, las crisis económicas y sociales son motivos por los cuales inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, hacen de Chile su destino.

Sin embargo en el día a día, estas comunidades se han encontrado con una sociedad, que desde el primer encuentro con funcionarios policiales en la frontera y el aeropuerto, están obligados a mentir para ingresar al territorio, señalando que vienen a este país por motivos turísticos, y son, a su vez, discriminados según su color de piel, nacionalidad, origen étnico, etc. También son discriminados en el sistema de justicia, salud, educación, vivienda y transporte reafirmando la exclusión que reciben por el hecho de ser inmigrantes, transformándoles en un “problema social”, a causa de una Ley que está elaborada en base a la doctrina de seguridad nacional y resguardo de las fronteras.

Por otra parte en los lugares de paso, espacios públicos, laborales y residenciales, son víctimas de violencia descarnada, humillaciones e insultos que provienen de la sociedad chilena, haciendo explicito el racismo cotidiano. Contradictoriamente, el Estado requiere en la práctica de su economía, la fuerza de trabajo inmigrante como mercancía de bajo costo para el capital nacional y transnacional, lo que constituye un racismo chileno de carácter inclusivo, que intercambia sus cuerpos como fieles productores de plus valor en base a empleos de mayor riesgo, desprovistos de derechos y de toda humanidad.

Aun así, en esas condiciones, han sido capaces de reunir un capital social para trabajar en ámbitos relacionados a la política, la cultura, el deporte, la academia, entre otros. Se asocian y conforman espacios para trabajar contra el racismo, incidir en la elaboración de políticas públicas, construir espacios comunitarios en los territorios en los cuales conviven y manifestarse por los condicionamientos generales que reciben al ser señalados como inmigrantes.

A continuación presentaré antecedentes históricos, económicos, políticos y jurídicos, en complemento a las visiones procedentes de la asociatividad inmigrante latinoamericana, respecto al racismo presente en las políticas públicas y en la sociedad chilena

Historia de la Migración en Chile

El fenómeno migratorio ha puesto en cuestión los cimientos económicos, legales, culturales y políticos en la historia de la sociedad. Con perspectiva a caracterizar de manera sintetizada el fenómeno migratorio en la historia de Chile, es posible  establecer su origen y desarrollo en momentos específicos, estos son: a) el colonialismo europeo y la inmigración de tipo forzada de personas provenientes del continente africano antes y durante la conformación del Estado-Nación chileno; b) la inmigración selectiva de alemanes en el sur del país durante la mitad del siglo XIX promovida por el Estado para “blanquear y mejorar la raza chilena”; la inmigración fronteriza a fines del siglo XIX por efectos del movimiento de las fronteras en el norte del país durante la guerra del pacifico, y a principios del XX,  a causa del apogeo de la explotación del salitre, atrayendo principalmente mano de obra masculina; c) la emigración y exilio de carácter político de chilenos en el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, época marcada por el resguardo de las fronteras y la implementación de la doctrina de seguridad nacional; d) y por último la inmigración de las últimas dos décadas, caracterizada por su origen latinoamericano, quienes representan al 2,1% de la fuerza productiva en relación a la mano de obra nacional en la actualidad, contribuyendo trabajo vivo al capital nacional y transnacional, trabajo que el capital necesita para su reproducción.

Ley Migratoria

Desde la perspectiva legal las migraciones en Chile son un asunto urgente y necesario, pero lamentablemente muy poco prioritario para los últimos gobiernos. No obstante, durante el mes de Agosto del año 2017, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto para reemplazar el actual Decreto de Ley que regula las migraciones en Chile, cerrando de esa manera el informe que resultó de la comisión conformada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo señalado anteriormente es resultado del nacionalismo, ya que es la causa única del racismo (Balibar, 1991), provocando procesos discriminatorios y xenófobos a personas específicas. El sustrato colonial de un “nosotros” chileno imaginado como “blanco” y europeo” es el origen del racismo en Chile, y se construyó en base a un mito ligado a la “etnicidad ficticia de la nación”, ya que, en la historia de la humanidad, ninguna nación tiene base étnica.

Por otra parte, la mirada de las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos respecto a la nueva Ley se centra en que el cuerpo legal considere a la migración como un derecho humano y no como una amenaza. La actual Ley se funda sobre la doctrina de seguridad nacional, y que, desde esa lógica, permite una serie de vulneraciones a los derechos de las personas en situación de migración, como también resultan de ella prácticas de racismo por parte de la institucionalidad, denunciadas por activistas de asociaciones. También se sugirió desde la Organización Internacional de las Naciones Unidas (ONU) en su Comité de Derechos Humanos durante el año 2014, que “Chile debe acelerar la aprobación de un proyecto de Ley que garantice plenamente los derechos”, emplazando al Estado por su descontextualizada Ley migratoria, siendo esta la más atrasada de Latinoamérica.

La academia en Chile también ha manifestado su opinión experta respecto de la Ley migratoria y las vulneraciones a los derechos humanos de cual son victimas inmigrantes. Carolina Stefoni, académica de la Universidad Alberto Hurtado explica que “la Ley y el Reglamento de Inmigración tienen un fundamento en el control y la seguridad del territorio nacional” y que “Ley chilena establece un margen importante de arbitrariedad en esta decisión” (Perfil Migratorio de Chile, 2011). María Emilia Tijoux, experta en racismo e inmigración de la Universidad de Chile, sostiene, en el contexto del racismo, que en Chile se “etiqueta a ciudadanos de países específicos (Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití)” (2015).

Violencia hacia inmigrantes latinoamericanos en Chile

Los estremecedores hechos de violencia durante los últimos meses continúan reafirmando las prácticas de racialización y sexualización en la sociedad chilena, en donde la pobreza y las vulnerabilidad son estigmas que marcan a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos. Los casos de jóvenes haitianos/as, víctimas de agresiones, como la muerte de Joan Florvil, quien la institucionalidad le arrebató a su bebé, y luego argumenta que la madre murió en irregulares circunstancias en el procedimiento policial; Louis Fidnerel apuñalado en el terminal pesquero sur, donde el agresor argumenta su violencia porque “roban el trabajo a los chilenos”; Djon Benjamín, asesinado por un grupo de chilenos en diciembre recién pasado; las recientes expulsiones de inmigrantes indocumentados; la trata de personas en el país y lo recientes delitos de este tráfico que cometen funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración, confirman que el color de piel, la nacionalidad o el origen étnico son un detonante para ejercer agresión y explotación de todo tipo a inmigrantes latinoamericanos.

Lo señalado anteriormente es resultado del nacionalismo, ya que es la causa única del racismo (Balibar, 1991), provocando procesos discriminatorios y xenófobos a personas específicas. El sustrato colonial de un “nosotros” chileno imaginado como “blanco” y europeo” es el origen del racismo en Chile, y se construyó en base a un mito ligado a la “etnicidad ficticia de la nación”, ya que, en la historia de la humanidad, ninguna nación tiene base étnica.

La ciencia del racismo cotidiano en relación a las prácticas en Chile son exhaustivas, y se resumen como:

El proceso de producción e inscripción en los cuerpos de marcas o estigmas sociales de carácter racial y sexual derivados del sistema colonial europeo y la conformación de identidades nacionales chilenas, en que determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente al «nosotros», justificando distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación en las que el racismo y el sexismo adquieren una dimensión práctica en la experiencia de las comunidades de inmigrantes en Chile” (Tijoux y Palominos, 2015).

Asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en referencia a la Ley y a los hechos de racismo en la sociedad chilena.

Actualmente las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos que participaron del Consejo Consultivo constituido por el Departamento de Extranjería y Migración para la creación de la nueva Ley, denuncian que el proyecto sigue manteniendo los principios orientadores de seguridad nacional, como también revelan que sus opiniones, en gran parte, no fueron consideradas para su inclusión. Hoy luchan por una amnistía general para las personas que permanecen en Chile de manera irregular, también trabajan por conformar espacios interculturales que enfrenten al racismo que está presente tanto en la sociedad chilena, como en la institucionalidad.

Es necesario que la Ley contemple las consideraciones de las asociaciones, quienes conocen cercanamente las exclusiones y violencia que viven a diario las personas que hacen de Chile su destino para ejercer un trabajo asalariado. La Ley debe oponer la validez y efectividad de los derechos humanos a la doctrina de seguridad nacional, la cual considera a ciertas comunidades de inmigrantes como una amenaza y un problema social.

En base a lo anterior, resultan una serie de prácticas racializadas que ocurren cotidianamente en el país, focalizando al inmigrante latinoamericano como sujeto contemporáneo del racismo. Además, las asociaciones acusan que en la sociedad chilena cotidianamente ocurren prácticas racialmente estructuradas que clasifican y sexualizan al inmigrante latinoamericano proyectando violencia en sus vidas.

En su remplazo, la sociedad debe hacer de la inmigración una oportunidad consciente de intercambiar conocimientos entre las personas que vienen a residir a Chile, y  la institucionalidad debe considerar e implementar una política pública que promueva educación contra el racismo, a favor de una sociedad intercultural que materialice el respeto por nuestros orígenes y por nuestras diferencias, y, definitivamente,  sobre nuevas bases sociales.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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