La clase política chilena se siente feliz, orgullosa y “republicana” por administrar la democracia chilena. Democracia, llamada así, únicamente, por el exacerbado número de elecciones de todo tipo, pese a que Chile es el único país del mundo occidental donde las autoridades intermedias no se eligen.
A esta clase no le preocupa que la mayoría de las elecciones sean financiadas por los grupos económicos y que no haya medios de comunicación impresos ni canales de TV independientes. Poco hablan del centralismo inmanente que todo lo inunda. Entre la capital y las regiones, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, entre el Ministerio de Hacienda y el resto de la administración pública, entre instituciones hermanas de la RM y de las regiones, entre las directivas de los partidos políticos y sus bases.
El centralismo es antidemocrático por definición, pero en el caso de Chile lleva consigo además una enorme pérdida de recursos. Un país tan largo y extremo, obviamente acumula experiencias diferentes en cada región, las que cuentan con diferentes climas, límites, agricultura y recursos naturales. El patrimonio de estas regiones, con sus experiencias y conocimientos específicos, y su estrecha relación con los países vecinos, es enorme y la capital, por tanto todo el país y sus habitantes, pierde la oportunidad de compartirlo.
Esto se observó en profundidad en una serie de seminarios, realizados por el Parlamento, el PNUD y las universidades de varias regiones entre abril y noviembre de 2016, donde se discutió acerca de la nueva Constitución. Las conclusiones quedaron impresas en el documento “Proceso Constituyente en Chile: Reflexiones desde las Regiones” en el que se puede comprobar el gran desarrollo de las universidades regionales, pese a estar golpeadas en sus condiciones de vida, medio ambiente, en su autonomía y en la posibilidad de contar con recursos propios. Las universidades regionales son flagrantemente afectadas en sus presupuestos por el CRUCH, ya que compiten con las universidades de la RM en inferioridad de condiciones sin que, en ningún caso, se estime proporcionarles una discriminación positiva. Un solo ejemplo: la asignación de recursos para Investigación, Desarrollo e Innovación se concentra en la RM. Lo peor de todo es que los esfuerzos de las universidades regionales no son siquiera valorados. Por ejemplo, la Universidad Nacional Arturo Prat, UNAP, sede Iquique, creó la Dirección General de Relaciones Internacionales, recibe estudiantes peruanos y bolivianos y desarrolla investigación sobre la relación con los países vecinos, lo que sería muy útil a los encargados de la política exterior del país. Lo mismo en la Universidad de Magallanes cuyos conocimientos de la Patagonia argentina son únicos e invaluables.
Muchos chilenos ignoran hasta qué punto el centralismo presidencialista perjudica la labor parlamentaria. No todos saben que los proyectos de ley que se discuten cada día en la Cámara de Diputados, es decir la tabla de las Comisiones Legislativas, la impone el Poder Ejecutivo. Este decide qué proyecto se abandona, qué proyecto se aprueba más rápido y qué proyecto se discute con calma. Esa es “la decisión sobre las urgencias”. Los diputados no tienen derecho a enviar proyectos para su discusión, carecen de iniciativa de ley. Solo pueden enviar “mociones”, es decir proyectos que no requieran presupuesto y que, normalmente el Ejecutivo ignora.
Hay otras tareas que cumple la Cámara que el Poder Ejecutivo no toma en cuenta. Por ejemplo las Comisiones Investigadoras. Si al Ejecutivo le conviene las comenta a través de los medios, cuando se están desarrollando, pero, generalmente sus resultados no tienen ningún valor legislativo. Nunca se cumplen los acuerdos que toman estas Comisiones en cuanto a sanciones o investigaciones. Ni siquiera se difunden. Tampoco se usan como guía para acciones posteriores de las instancias aludidas, lo que sería muy útil puesto que la mayoría de las Comisiones Investigadoras se desarrollan como un estudio, desde el momento que reúnen documentación, asisten a sus reuniones todos los funcionarios estatales involucrados y se profundiza en aspectos poco conocidos masivamente. El Informe de la Comisión Investigadora del Transantiago por ejemplo, que contenía todo lo que no se debía hacer en un proyecto similar, pasó sin pena ni gloria por el país, aún cuando es la capital la más afectada por el mal diseño del proyecto.
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Las Comisiones Especiales son más ignoradas aún. Por ejemplo, la relativa a las Deudas Históricas, cuyos acuerdos fueron logrados por unanimidad, tuvo el rechazo total del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, lo que significó que no se hiciera nada al respecto. La Comisión trataba de reparar una injusticia, analizando algunas de las deudas históricas más importantes que aún afectan a sectores de nuestro país, tales como:
Deudores habitacionales. Los deudores que tenían deudas con las Asociaciones de Ahorro y Préstamos en 1973, y otras similares, fueron traspasados a la banca privada, lo que transformó sus deudas en impagables.
Deuda histórica con el magisterio. Situación generada en 1981, por el traspaso de los docentes a las municipalidades. El decreto ley N°3.551 estableció una asignación especial no imponible para el personal dependiente de Ministerio de Educación. Durante 1991 y 1992, se restituyó parte de esta actualización, pero los pensionados señalan que resta por recuperar la diferencia producida en el período en que el reajuste estuvo suspendido, más la variación del IPC hasta que se repuso.
Esta Comisión Especial decidió que una instancia estatal cuantificara las deudas y que, en conjunto con los afectados, llegara a soluciones de consenso para cada caso buscando las fuentes de recursos. Que dicha instancia se constituyera a nivel de la Subsecretaría de Hacienda para que hubiese la capacidad de decisión en una tarea de esta magnitud. Nunca más se supo de los acuerdos ni menos del pago de las deudas.
Cada cierto tiempo, la Sala de la Cámara, es decir los Diputados en pleno, discuten algún tema que interesa o afecta al país. La instancia se llama Sesión Especial. Cuando la discusión termina, se elaboran “Proyectos de Acuerdo” a los que se llega por mayoría. Estos acuerdos culminan en un número de cartas que se envían a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, con peticiones de investigación o análisis. Las respuestas son nada más que un acuse de recibo. Lo más significativo de este proceso es que las respuestas que el Poder Ejecutivo responde a la Cámara no son analizadas por los Diputados, ni siquiera por los firmantes del Proyecto de Acuerdo. Como las mujeres golpeadas por los maridos, los Diputados ya están acostumbrados a que los golpee y humille el Presidencialismo.
Entre los cambios que se avecinan, sea por la discusión de una nueva Constitución, por la democratización del Parlamento, que tendrá que ocurrir necesariamente al entrar más miembros, por el fin del sistema binominal, por la mayor participación de los jóvenes en política y por la existencia del Frente Amplio que ha traído consigo, aunque aún muy débilmente, nuevas prácticas, tendrán que producirse algunos cambios en el desgastado sistema político chileno.
La lucha principal es contra el centralismo, que solo lleva a formas de dictadura, sin discusión, sin creación, sin oxígeno y sin que podamos prepararnos para todos los cambios que se avecinan en el mundo.
