Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Una mirada al conjunto de hechos que han conformado el presente contencioso con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra una serie elementos de la realidad -nacional, internacional; política y diplomática- que Chile debe considerar y resolver para enfrentar el futuro de las relaciones con ese país.
Una aproximación crítica a la situación actual comienza con la consideración de los profundos cambios que han habido en la ubicación de Chile en el ranking de poder en la región y de su correspondiente política exterior, desde la Guerra del Pacífico hasta ahora. Nuestro país ha transitado por períodos de poder y asertividad; por decaimiento económico, crisis social y política; por esfuerzos de contención frente a políticas expansionistas de otros países; por fractura de los acuerdos sociales internos y debilitamiento de su presencia en la ruedo internacional, hasta llegar a la actual recuperación del poder nacional y de incremento de su participación internacional.
La crisis iniciada en los años 30 dio comienzo a una política exterior de contención de los avances de otros países, de protección defensiva y de reducción de las posibles pérdidas, refugio político en las organizaciones internacionales y judicialización de las relaciones exteriores, en breve, en el comportamiento tradicional de los países en situación de debilidad.
La recuperación del poder nacional, de la vitalidad empresarial, política, militar y diplomática y del consenso social y político cambiaron nuestro ámbito de influencia y las capacidades potenciales nacionales, pero sin modificar adecuadamente las conductas anteriormente asumidas y adoptadas como “doctrinas” que, como se dijo, respondían a otro contexto.
Un ejemplo paradigmático es la firma del Pacto de Bogotá que entregó el control de parte significativa de la política exterior de Chile a la CIJ y por esa vía, a la Organización de las Naciones Unidas. No cabe duda que las relaciones internacionales de todos los países están afectadas por la influencia de esas y otras organizaciones, pero la gran diferencia es con que grado de intensidad ello sucede en cada caso.
Los cambios habidos demandan una revisión de nuestra macro política exterior, de nuestra estrategia de seguridad nacional, de nuestro rol y posicionamiento internacional regional y mundial. También exigen tomar conciencia y dotarnos de los mecanismos, instituciones y procesos para manejar integrada y positivamente nuestro poder nacional actual y futuro.
Incorporar integralmente en nuestra política exterior las características y oportunidades del mundo que se está construyendo en torno a la globalización, las comunicaciones, el libre comercio mundial y la tecnología.
Es también notorio el descuido en la formulación de nuestra política hacia Bolivia. Los avatares de los cambios en el ranking de poder regional llevaron a un manejo rutinario y también legalista y jurídico de la relación con ese país, enviando señales que fueron gravemente mal interpretadas. El aceptar la relación normal, en muchos aspectos, con ese país sin exigir relaciones diplomáticas regulares, llevó a una primera degradación de la misma. Los insultos reiterados de sus autoridades, los desplantes como la celebración –en territorio nacional- de cumbres paralelas a las oficiales que permitieron a altas autoridades bolivianas concurrentes a expedirse sobre asuntos internos de Chile y peor, de hacer propaganda a sus aspiraciones, contando con el apoyo de algunos partidos políticos nacionales, proyectaron una imagen de debilidad y permisividad nefasta.
Atropellos como la inconsulta visita inspectiva del canciller boliviano a territorio nacional también contribuyeron a la degradación del respeto y la debida formalidad del gobierno boliviano hacia Chile. A contrario sensu, posiciones firmes como aquellas que castigaron la intrusión de militares y policías bolivianos en nuestro país, contribuyeron a potenciar ese respeto.
Otra señal de alarma que no fue asumida en toda su gravedad fue el contenido del Artículo 267 de la Constitución de Bolivia que establece que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Esta declaración de voluntad política nos pone ante una decisión -formal y oficial- de revisionismo del estatus quopor parte de Bolivia ya que el territorio aludido no puede ser otro que el del norte de Chile y nos señala que esos son objetivos permanentes de Bolivia.
Los llamados al empleo de medios pacíficos no alcanzan a cubrir la desnudez del desafío a Chile. Todos los agresores siempre invocan intenciones pacíficas.
Nunca, ni Perú ni Argentina, en las crisis mas profundas y serias planteó con esta brutalidad sus intenciones de revisar, en perjuicio de Chile, la estructura de límites en vigor desde hace mas de un siglo.
En solo dos artículos nos informa su voluntad política de despojarnos de parte de nuestro territorio, de sojuzgar o expulsar a los ciudadanos chilenos que la habitan y que ello constituye un objetivo permanente e irrenunciable del estado boliviano. Para Bolivia el conflicto no termina en una negociación, comienza con nuestra capitulación y rendición.
Y lo dejamos pasar.
Nuestra concurrencia –forzada- a la Corte Internacional de Justicia pone de relieve la pérdida de soberanía a que hemos llegado –voluntariamente-. En algún momento nuestra participación en el Pacto de Bogotá pudo parecer un reaseguro conveniente para controlar amenazas mayores. El completo y brutal desconocimiento por parte de Argentina de que Chile pudiera concurrir unilateralmente a dicha Corte así como su declaración de “nulo de nulidad insanable” del fallo dictado por miembros de esa Corte y enunciado por la Reina de Gran Bretaña, no dejaron duda de lo feble de la estructura que creíamos que nos protegía.
Así y todo aceptamos ir a ella en el conflicto con Perú. Ese juicio fue esclarecedor. Sin haber sido ilustrados por la Corte, llegamos a ella a litigar un juicio en términos jurídicos y nos encontramos con que ahora fallaba en términos de equidad. O fuimos muy descuidados o muy inocentes, pero que fracasamos, lo hicimos. Así y todo cabe preguntarse, ¿tiene derecho una Corte a cambiar tan radicalmente sus criterios sin invalidar la adhesión de quienes la habían aceptado cuando funcionaba en otros términos, muy distintos?. Contra Perú, ganamos jurídicamente y perdimos prácticamente y ya que a la Corte no se va a una justa académica sino a luchar por los intereses nacionales, podemos sentirnos, legítimamente, estafados. Pero luego cuando Bolivia, tardío e interesado adherente del Pacto de Bogotá, nos “arrastra” a ella, aceptamos alegre y confiadamente.
Pareciera que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, ahora!.
Otro aspecto ha revisar es la relación entre el Gobierno, el Estado y la Nación respecto a la gestión de los límites y territorios nacionales. Este es un tema complejo que solo dejaré indicado.
Es evidente que las relaciones internacionales deben ser manejadas por el gobierno y en nuestro caso, por el Presidente de la República. Una razón práctica y de realismo parece aconsejarlo así. También sería deseable que ese manejo se sujetara a una Política de Estado, ya que le daría continuidad y perspectiva de largo plazo a la defensa y promoción de los intereses nacionales, sin embargo es una realidad que la forma de entender esos intereses varía de un gobierno a otro, especialmente cuando alguno de ellos profesa una ideología inmediatista o militante. Ese tipo de gobiernos, ¿representan fielmente a la Nación en cada caso concreto?.
Cuando se trata de negociar el territorio, base de sustentación de la Nación y del Estado, parece conveniente la inclusión de todo o parte del Congreso e incluso de la Nación toda en la forma de un plebiscito.
Parece haber muchos y complejos aspectos a revisar, pero lo señalado parece suficiente para comenzar a conversar.
Quienes siguen haciendo lo mismo, no pueden pretender obtener resultados diferentes.
