La “Comisión de Seguridad” impulsada por el Gobierno, más que un intento por abordar transversalmente el tema, parece una nueva manifestación del clásico “dividir para gobernar”.
Ahora bien, más allá de los aspectos formales sobre los cuales se ha concentrado la discusión, resulta imperioso que la izquierda aborde la seguridad pública con la profundidad que amerita. Por mucho tiempo, nuestro sector político ha remitido los temas de seguridad a quienes desempeñan cargos en la administración del Estado y parlamentarios, careciendo de una concepción política de la que se desprenda una clara agenda programática. Este hecho queda en evidencia en la escasa atención y dedicación que le prestan sus partidos y centros de estudio.
A juicio de muchos, la razón estaría en algo que hacen llamar “complejo progresista”, explicado en nuestra traumática relación con las fuerzas de orden y seguridad en la época de la dictadura, esa cierta distancia y recelo de la izquierda con la labor policial y las políticas de persecución y control de la actividad delictual. Su tratamiento tiende, discursivamente, a ser abordado sólo desde una óptica preventiva, evitando referirse a los aspectos de control.
Otro frecuente y equívoco modo de aproximarse a la seguridad pública nace desde los acomodados y/o alternativos barrios donde reside parte importante de la elite de la izquierda criolla. Ésta, desde una mirada simplista y clasista, intenta negar o bajar el perfil al problema, radicándolo en la mera subjetividad de la sensación temor que se genera a propósito de extensa crónica roja que ofrecen los medios de comunicación.
[cita tipo=»destaque»]A buena hora, estas equívocas formas de enfrentarse a la seguridad pública han tenido señales importantes de estar desapareciendo. El Gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó una robusta agenda dirigida al control y persecución de la criminalidad, donde se destaca la denominada “agenda corta antidelicuencia” y las modificaciones introducidas a la ley de control de armas. Otra interesante señal está dada por la inédita convocatoria de las diputadas Camila Vallejos, Maite Orsini, Andrea Parra y Gael Yeomans a la conformación de una “Comisión Ciudadana de Seguridad”, que busca preparar el trabajo legislativo, recogiendo la opinión de diversos actores sociales.[/cita]
La criminalidad, como todo fenómeno multicausal, debe ser enfrentada integralmente, recogiendo las mejores experiencias que desde la prevención y el control del delito pueda encontrarse. La cultura política de la izquierda para con la seguridad no puede sucumbir a experiencias traumáticas del pasado, ni menos aún a simplismos modernos de quienes observan desde su posición social privilegiada la realidad que se vive en el día a día en los lugares donde habita el mundo popular.
A buena hora, estas equívocas formas de enfrentarse a la seguridad pública han tenido señales importantes de estar desapareciendo. El Gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó una robusta agenda dirigida al control y persecución de la criminalidad, donde se destaca la denominada “agenda corta antidelicuencia” y las modificaciones introducidas a la ley de control de armas. Otra interesante señal está dada por la inédita convocatoria de las diputadas Camila Vallejos, Maite Orsini, Andrea Parra y Gael Yeomans a la conformación de una “Comisión Ciudadana de Seguridad”, que busca preparar el trabajo legislativo, recogiendo la opinión de diversos actores sociales.
Qué duda cabe, nuestro país goza de una realidad privilegiada en el contexto de una región donde la actividad criminal genera duros golpes al orden institucional de sus aún débiles democracias. Nuestra realidad delictual no debe confórmanos. Tenemos importantes problemas de seguridad como el tráfico de drogas, delitos violentos y presencia de armas de fuego, que no admiten justificarse sobre la base de una impertinente comparación con la deprimente realidad latinoamericana sobre esta materia.
