Opinión
El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 63 de la futura Ley de Educación Superior, que prohíbe la presencia de controladores con fines de lucro en universidades y planteles técnicos sin intereses comerciales, debe ser analizado jurídicamente, ¡qué duda cabe!; pero desde un prisma político y económico cabe preguntarse realmente sí el lucro debe ser prohibido en materia de educación, en general, y en la educación superior en especial.
La pregunta es muy válida desde que los movimientos de izquierda pretenden renacer a costa de la bandera del lucro, organizando nuevas protestas durante la semana pasada.
La verdad es que hay pocas justificaciones para no permitir que el mercado asigne valor a las cosas. Así, por ejemplo, nos parece absurdo que prohibamos una licitación de viviendas sociales o de hospitales, a través de empresas privadas, porque ellas no reinvierten en viviendas sociales o en hospitales públicos sus utilidades.
Y el argumento recurrente en virtud del cual las empresas, que tengan universidades, están robando las matrículas y los aranceles que obtienen, tampoco tiene ningún fundamento. En un sistema de mercado al haber competencia de aranceles universitarios, los que cobren más caro a igual calidad, respecto de otras universidades más baratas, bajarán sus aranceles y matrículas hasta el costo marginal; por lo que, si el mercado funciona, las personas recibirán una buena educación a un buen precio (ello suponiendo que no exista otra falla de mercado que corregir).
Es verdad que en muchos casos existirán distorsiones, que atenten contra esto y que permitirán que el lucro sea “excesivo”; o que impida que un subsidio termine en poder del beneficiario, pero acá viene el trabajo de excelentes políticas públicas que impidan estos escenarios.
Las agencias de acreditación en este sentido cumplen una labor relevante, al informar a los alumnos la real relación calidad / precio con relación a la educación que reciben. Por otra parte, al igual como funciona el sistema de subsidios en materia de vivienda social, el Estado a través de buenas universidades privadas, con y sin fines de lucro y estatales, tiene que proveer educación a través de créditos blandos a las personas que, teniendo las capacidades necesarias, no puedan pagar un sistema de mercado.
[cita tipo=»destaque»]Algunas universidades estatales han depredado su calidad por aplicar lógicas de grupo, más que el interés general; y otras privadas, sin fines de lucro, han sufrido los mismos problemas (no quiero citar nombres, aunque se sabe qué universidades han tenido y tienen problemas funcionales). En economía estos dos grandes grupos de universidades presentan graves problemas de agencia por los cuales el Agente (rector, junta directiva, etc.), la mayoría de las veces no atiende a los intereses del Principal (el bien común en el caso de las universidades estatales, o la comunidad que representan en el caso de las universidades privadas sin fines de lucro). En estos casos los Agentes se adueñan de los proyectos universitarios y ejecutan muy malas decisiones. También es posible identificar a los grupos de interés que podrán coaptar todo el sistema educacional si se excluye el lucro.[/cita]
Si este análisis no fuera suficiente, vale la pena transparentar, no sólo de parte de las eventuales universidades con fines de lucro, qué intereses tienen en promover uno u otro sistema –con y sin lucro-, sino también de parte de las universidades estatales y privadas sin fines de lucro. Ello por cuanto está claro que el mentado lucro permite una diversidad educacional que en sí misma es valiosa. Y este tema no es menor, por cuanto en las universidades estatales, como en las sin fines de lucro, existen importantes grupos de interés. Tampoco es cierto el discurso de la superioridad académica de las universidades estatales, aunque hay algunas de excelente nivel, muchas universidades privadas, con y sin lucro, tienen un nivel similar e incluso muy superior a muchas universidades estatales.
Algunas universidades estatales han depredado su calidad por aplicar lógicas de grupo, más que el interés general; y otras privadas, sin fines de lucro, han sufrido los mismos problemas (no quiero citar nombres, aunque se sabe qué universidades han tenido y tienen problemas funcionales). En economía estos dos grandes grupos de universidades presentan graves problemas de agencia por los cuales el Agente (rector, junta directiva, etc.), la mayoría de las veces no atiende a los intereses del Principal (el bien común en el caso de las universidades estatales, o la comunidad que representan en el caso de las universidades privadas sin fines de lucro). En estos casos los Agentes se adueñan de los proyectos universitarios y ejecutan muy malas decisiones. También es posible identificar a los grupos de interés que podrán coaptar todo el sistema educacional si se excluye el lucro.
Un tema que no es menor si es que as asocia la educación a la política, y se deja la formación de los jóvenes a sindicatos de profesores, grupos de interés de distinta índole, etc. Por tanto hay muchos intereses en la eliminación del lucro en la educación que es necesario sincerar, y que no son para nada neutros.
Por último, la objeción más grave al lucro es la segmentación, que se genera en precio a través de un sistema de mercado (buenas universidades con alumnos ricos, y malas universidades con alumnos pobres); pero el tratar de corregir este problema, evitando el lucro, no eliminará la segmentación que también se produce con las universidades estatales y privadas sin fines de lucro. Ello por cuanto este problema está más relacionado con nuestra etapa de desarrollo, y nivel segregado de rentas, que con las tesis del complot tan populares en Chile el último tiempo.
Y, en este sentido, las políticas públicas a lo que deben propender es a que las universidades tengan una calidad homogénea y lo más alta posible. Así se evitará, de verdad, crear guetos educacionales.
