Los incidentes protagonizados por representantes de la extrema derecha y el modo en que han sido cubiertos por los medios de comunicación (Kast/Urrutia), dejan en evidencia los desafíos inconclusos de nuestra transición a la democracia en materia de derechos humanos. El control que tuvo la derecha partidaria del régimen del proceso democrático y la consecuente falta de una legislación moderna y adecuada en DD.HH, les permite a algunos de sus miembros más duros tergiversar- con una facilidad preocupante,- el sentido del debate público sobre la dictadura. Repasemos el modo en que la transición chilena resolvió las encrucijadas de la finalización del régimen y cuyas consecuencias padecemos hasta hoy.
La primera encrucijada que debió enfrentar el gobierno de Aylwin fue qué hacer con los perpetradores de las violaciones de Derechos Humanos, o sea, con las Fuerzas Armadas y de Orden. La respuesta a esta pregunta se subordinó a la posición de fuerza del régimen saliente. En nuestro caso, el dictador se mantiene como comandante e in jefe del ejército y todavía más: respaldado por sus instituciones autoritarias, junto a sus senadores designados, custodian que el proceso democrático mantenga su impunidad y la de la gran mayoría de los perpetradores. Por eso, cuando se descubren las primeras fosas de los desaparecidos, Pinochet se permite mofarse de las víctimas, diciendo que el gobierno hacía una economía muy grande al enterrar varios cuerpos a la vez. Luego, vinieron el ejercicio enlaces (1990) y el boinazo (1993), aunque hay que dejar claro que ambos movimientos de tropas fueron para impedir la investigación de su hijo, Augusto Pinochet Iriart por los llamados “pinocheques”. Es así como Manuel Contreras y un grupo pequeño de criminales de la DINA se convierten en los chivos expiatorios del proceso, hasta que el Juez Garzón logra detener a Pinochet en Londres (1998), sindicándolo como el auténtico responsable político del aparato represivo.
La segunda encrucijada que enfrentó la democracia, era cómo convivir con los civiles que apoyaron el régimen; sus ministros, funcionarios, partidarios, los medios de comunicación y el poder judicial, quienes también impunemente ampararon la gestión de Pinochet y su aparato represivo. Esa ni siquiera fue una pregunta en los primeros años de la transición. No solo no había que enjuiciarlos por mentir y ocultar los crímenes de la dictadura. En el esquema de la “reconciliación nacional” la derecha civil debía participar del juego democrático. Aquello era una muestra de buena convivencia democrática y, sobre todo, una garantía para evitar nuevas conspiraciones en contra del gobierno. Por eso y gracias al sistema binominal, los tuvimos sobre representados en el Parlamento por 27 años.
[cita tipo=»destaque»]Si tenemos en cuenta la votación que obtuvo Kast en la últimas elecciones presidenciales y leemos con atención algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2015, donde al 20,5% de los encuestados les era indiferente la existencia de un régimen autoritario, mientras que otro 13, 9% prefería el régimen autoritario, se ven las deficiencias en la construcción de una cultura democrática y la necesidad de avanzar en un marco legal que, sin ambigüedades, castigue todas las conductas que justifiquen el terrorismo de Estado como método de resolución de conflictos, una ley que sancione la incitación al odio y castigue con cárcel el negacionismo de los crímenes de la dictadura. Si esta norma existiera en Chile, nadie tendría la necesidad de sabotear un acto de Kast, porque sencillamente no podría defender en público el legado de la dictadura. Si esta ley existiera en Chile, el diputado Urrutia no estaría en el Parlamento, revictimizando una vez más a los torturados (as), a sus familiares y a todos quienes fuimos obligados a escuchar sus violentas intervenciones.[/cita]
El tercero y más importante desafío de la transición era, sin duda, la deuda de verdad y justicia con las víctimas y sus familiares, un tema muy difícil, pues en esas condiciones, no habría verdad ni justicia para todos. En 1990, el informe Rettig cerró la cifra de muertos en 2.279 (y de los cuales se pudo reunir evidencia judicial). Luego, en el primer gobierno de Bachelet, el informe de la Comisión Valech I habló de 27.153 víctimas de prisión política y tortura. El informe Valech II agregó 30 casos más y reconoció a otros 9.795 prisioneros políticos, una cifra total de 36.978 víctimas. Aunque nadie podría negar que este último reconocimiento del Estado es un avance, es necesario considerar que los testimonios tienen un secreto de 50 años y que la victimización de los crímenes de lesa humanidad abarca 4 generaciones. Por lo tanto, se equivocan quienes piensan que, una vez que mueran los familiares de los involucrados directos, el conflicto desaparece de la agenda pública. Las consecuencias del horror se reproducen y la vergüenza de los descendientes de los perpetradores, también.
La cuarta y última encrucijada del régimen democrático todavía no tiene una respuesta clara del Estado 45 años después, esto es, qué medidas debemos tomar para que no se repitan las dictaduras y las violaciones a los DD.HH. Considerando la dilapidación de caudales públicos que significó la creación del Estado Mayor Conjunto (que nació en el espíritu de subordinar a las FF.AA. a la conducción política de los civiles) y los casos de corrupción del ejército y carabineros, sería razonable suscribir con entusiasmo la tesis de Roberto Garretón, quien afirma enérgicamente que la única solución para no repetir el Golpe de Estado y los crímenes de lesa humanidad, es terminar con sus perpetradores, suprimiendo las FF.AA. Sin embargo, allí no se acaba el problema.
Si tenemos en cuenta la votación que obtuvo Kast en la últimas elecciones presidenciales y leemos con atención algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2015, donde al 20,5% de los encuestados les era indiferente la existencia de un régimen autoritario, mientras que otro 13, 9% prefería el régimen autoritario, se ven las deficiencias en la construcción de una cultura democrática y la necesidad de avanzar en un marco legal que, sin ambigüedades, castigue todas las conductas que justifiquen el terrorismo de Estado como método de resolución de conflictos, una ley que sancione la incitación al odio y castigue con cárcel el negacionismo de los crímenes de la dictadura. Si esta norma existiera en Chile, nadie tendría la necesidad de sabotear un acto de Kast, porque sencillamente no podría defender en público el legado de la dictadura. Si esta ley existiera en Chile, el diputado Urrutia no estaría en el Parlamento, revictimizando una vez más a los torturados (as), a sus familiares y a todos quienes fuimos obligados a escuchar sus violentas intervenciones.
En definitiva, nadie podría justificar crímenes de lesa humanidad apelando a la libertad de expresión. Sin embargo, una ley de esta naturaleza son palabras vacías sin educación en DD.HH, la condición de posibilidad para la aplicación de cualquier normativa. Para que, por fin, hablemos sin eufemismos de “dictadura cívico militar”, para que las nuevas generaciones aprendan que los DD.HH los violan los Estados (y sus agentes) y no las personas individuales. Para que sepan que los crímenes de lesa humanidad nunca y en ninguna parte del mundo, son excesos de unos pocos. También, para que distingan los conceptos de terrorismo y violencia política. Pero, sobre todo, para que aprendan que las dictaduras son siempre indefendibles y evitables.
