Opinión
Hace un mes, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica (PUC), publicó el Índice de Calidad de Vida Urbana 2018, estudio que da a conocer el ránking de las comunas con mejor y peor calidad de vida, el cual nos deja como principal conclusión que Chile es un país territorialmente desigual. Corroborado esto, no nos sorprende –aunque nos preocupa- que el último lugar del estudio lo ocupe, nada más y nada menos que, La Pintana, comuna altamente mediatizada hoy por el asesinato del cabo primero Oscar Galindo en manos de narcotraficantes en una de sus poblaciones, y que ha puesto en el foco el origen de sus carencias sociales.
Pero, para entender las causas que han puesto a esta comuna en el último lugar de dicho estudio es necesario ir al origen del modelo de poblamiento y ocupación urbana de este sector de Santiago por parte de familias vulnerables, proceso que explicó muy bien su alcaldesa en el programa Estado Nacional de TVN, donde mostró un mapa del conjunto de erradicaciones que debió recibir La Pintana en los años de la dictadura de Pinochet, específicamente a partir de 1981.
En los complejos años 80, década de estallido de las protestas contra el régimen militar, se dieron dos procesos que, a mi juicio, explican muy bien por qué decimos que la desigualdad no es solo económica o social, sino que también es una “desigualdad territorial”. Y el asunto ya no es solo «la cuna», hoy también es «el lugar».
En 1981, por un lado, se produce el proceso de «municipalización» de la educación, donde los municipios se hacen cargo de las escuelas públicas; y, por otro lado, se vive un proceso de creación de nuevas comunas en el Gran Santiago, el cual se ejecuta al alero de un profundo sistema de erradicación de pobladores provenientes de diversos sectores de la capital, y que terminan siendo instalados mayoritariamente en el sector sur de la ciudad.
[cita tipo=»destaque»]Parafraseando a la Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: “No me digan a mí que no es violencia de Estado cuando se ha acumulado la pobreza en una comuna…”. El Estado está en deuda y debe asumir que es su responsabilidad impulsar un plan integral para que estas comunas sientan que se comienza a saldar la deuda con quienes viven las consecuencias de la desigualdad territorial. Es tal el nivel de inequidad que los municipios solos no pueden. Es el Estado el que debe enfrentar estos desafíos, no sólo en La Pintana, también en Bajos de Mena, y en diversos territorios de este Chile, diverso desde el punto de vista geográfico pero inaceptablemente desigual desde lo territorial.[/cita]
De esta forma, por Decreto, nacen, desde los sectores populares de San Miguel, las comunas de San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda; y lo mismo sucede con La Cisterna, creándose con parte de su territorio la comuna de Lo Espejo. El Bosque, por su parte, también surge en este contexto, siendo creada en 1981, tomando zonas de pobreza de La Cisterna y San Bernardo.
En este proceso lo que subyace es una lógica de «homogenización territorial», la que –seguramente- también tuvo una lógica política de “concentración del enemigo interno»; es decir, una concentración territorial de los sectores vulnerables.
Este proceso se vivió de manera similar en la periferia de la zona norte de Santiago y en otras ciudades de nuestro país.
El mismo año 81, comenzó el proceso de erradicación de campamentos en la capital, donde las comunas receptoras de estos nuevos vecinos fueron precisamente los territorios recientemente fundados, pero sin disponer para ellos de los recursos ni de la infraestructura necesaria para desarrollar una administración municipal acorde a la realidad naciente. Es más, eran comunas que administrativamente no contaban con su propio municipio.
Bajo este modelo se poblará masivamente la, entonces, nueva comuna de La Pintana, duplicando su población entre 1984 y 1988, pasando de 80.000 a 160.000 habitantes. En paralelo, el Estado omitirá su rol de garante de Derechos Sociales y prescindirá de cualquier inversión pública en dicho sector, destinando a sus nuevos habitantes a la absoluta adversidad, dejándolos en una situación carente de servicios básicos como pavimentación, áreas verdes, colegios y consultorios.
Así, las nuevas comunas se fueron formando mediante la construcción de viviendas sociales de tamaños mínimos, las que, además, al estar exentas del pago de contribuciones, impidieron que los futuros municipios contaran con los recursos para atender las urgentes necesidades sociales y de equipamiento urbano y comunitario que ellas demandaban.
En parte, estos procesos explican la tremenda inequidad territorial que se observa hoy en la Región Metropolitana, y que se visualiza en el Estudio de Calidad de Vida de la PUC., estudio que es solamente una fotografía y que no puede dar cuenta de los procesos a los que nos referimos.
Coincidentemente, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, San Ramón, El Bosque y Lo Espejo vivieron procesos fundacionales similares y todas ellas ocupan los últimos 13 lugares en el estudio antes señalado, situación que es resultado de la desventaja que da la marginación, más que por la incapacidad de quienes ahí habitan. Los primeros y los últimos lugares del ránking son dos Chiles diferentes, eso clarifica la desigualdad que existe en nuestro país.
Parafraseando a la Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: “No me digan a mí que no es violencia de Estado cuando se ha acumulado la pobreza en una comuna…”. El Estado está en deuda y debe asumir que es su responsabilidad impulsar un plan integral para que estas comunas sientan que se comienza a saldar la deuda con quienes viven las consecuencias de la desigualdad territorial. Es tal el nivel de inequidad que los municipios solos no pueden. Es el Estado el que debe enfrentar estos desafíos, no sólo en La Pintana, también en Bajos de Mena, y en diversos territorios de este Chile, diverso desde el punto de vista geográfico pero inaceptablemente desigual desde lo territorial.
