Opinión
El problema de los perros revive recurrentemente en la prensa chilena. Los temas (ataques de perros a personas, ganado, y especies protegidas) ya parecen repetitivos en el inconsciente colectivo. Y en muchos casos, la discusión en la prensa como en redes sociales, se queda en culpar o defender a los perros, o a las políticas de ciertos gobiernos. El problema, sin embargo, requiere expandir el análisis y recentrarnos en las preguntas sobre su origen y sus consecuencias. Hace algunas semanas un estudio del que fui co-autor fue publicado en una revista internacional centrada en temas de medioambiente y sociedad. La investigación es el primer estudio a nivel nacional cuantificando los ataques de perros en ganadería menor y estimando las pérdidas para agricultores y ganaderos de pequeña escala en Chile. Aquí algunas reflexiones que expanden las implicaciones de esta investigación y sus resultados.
La investigación científica sobre perros ha aumentado globalmente en la última década. Quizás como producto del aumento dramático de la población canina, o del mejor conocimiento que tenemos hoy sobre sus efectos en humanos y en otros animales. No hay que desestimar que los perros (Canis familiaris) son considerados hoy la especie de carnívoros más abundante en el planeta. En Chile (como en el resto del mundo) ecólogos y veterinarios han sido los principales protagonistas en el aumento de la investigación sobre los impactos en biodiversidad, fauna silvestre, y especies protegidas. Otro grupo más reducido de especialistas se ha detenido a investigar la transmisión de enfermedades a personas y los impactos en salud pública. Sin embargo, el impacto social y económico de los perros ha recibido menos atención.
Aunque veterinarios, agrónomos, y otros profesionales familiarizados con la ganadería de pequeña escala en Chile comúnmente señalan los profundos impactos de perros en la economía familiar campesina. El tema no ha sido completamente integrado a discusiones académicas y científicas. A nivel de opinión publica el tema ha sido relegado a notas de prensa localizadas. Y el problema ha sido sólo tangencialmente integrado en discusiones sobre políticas de compensación para ganaderos. Ningunas de estas discusiones cuenta con datos concretos o una visión integral y nacional del problema.
[cita tipo=»destaque»]Enfoquémonos ahora en el problema del origen. Los ecólogos hablan de los perros como un carnívoro introducido. Como tal, los perros se comportan como una especie invasiva que impacta especies nativas y otros animales humanos y no-humanos. Como otras investigaciones y el estudio del que participé señalan, estos perros no se originan o viven independientes de la presencia humana: humanos los abandonaron (muchas veces desde centros urbanos), humanos los mantienen en malas condiciones, y humanos los tienen mal alimentados. Estos perros, no corresponderían, por lo tanto, a la definición del Decreto 65 y a los que algunos llaman “perros asilvestrados”. Los perros, y todos sus efectos sociales, económicos, y medioambientales, serian un producto directo de la acción humana. Llamarlos “asilvestrados” nos genera un problema técnico y legal. ¿Cómo definimos qué es silvestre y qué es no en un marco científico y jurídico? Especialmente si estos perros se originan y se reproducen amparados por la presencia humana. ¿Cómo identificamos qué perro es asilvestrado o no en contextos donde perros “con dueño” circulan lejos de la propiedad del amo? Pero al mismo tiempo, y lo que me parece más problemático, llamarlos “asilvestrados” nos quita la responsabilidad ética de que estos perros operan como carnívoros introducidos porque nosotros los pusimos ahí. Los perros serían por tanto otro efecto humano de cambio socio-ambiental.[/cita]
Por otro lado, a nivel del debate de políticas públicas sobre control de población de perros, dos han sido los principales protagonistas: asociaciones de medianos y grandes ganaderos, y organizaciones de protección a los animales. Cuando en 2015 el Decreto 65 que modificó la ley de caza para permitir la caza de perros considerados “asilvestrados” entró en vigencia, la discusión del decreto en el gobierno anterior y su posterior publicación fue en gran parte producto de las presiones del primer actor, la industria ganadera. El segundo actor fue clave en su derogación: el decreto fue rápidamente revocado por las presiones de organizaciones animalistas y una masiva reacción pública en los medios. En distintos momentos ambos actores han nuevamente aparecido en el debate público para poner sobre la mesa sus preocupaciones. En ellas, sin embargo, las preguntas sobre los impactos socio-económicos en comunidades más vulnerables, y sobre el origen de estos perros, han sido comúnmente olvidadas.
Enfoquémonos primero en la pregunta sobre los impactos sociales y económicos en comunidades vulnerables. Esta falta de atención es seguro fruto de la historia de la agricultura y la organización campesina en Chile. Las políticas agrícolas desde el ’73 desmantelaron la organización de pequeños agricultores y priorizaron economías de mediana y gran escala. El nivel de organización y capital político de pequeños productores es mínimo hoy en Chile. Pequeños propietarios que forman parte de comunidades indígenas, tienen una más larga historia de fragmentación y despolitización forzada.
Sin embargo, esto es también fruto de la falta de preocupación de académicos y científicos por entender la dimensión social y económica de los perros en Chile. A la vez de generar análisis que integren cuerpos de conocimiento y comunidades de expertos que contribuyan a un mejor entendimiento de lo social y lo político. Cuando ecólogos y veterinarios discuten en artículos científicos por un lado, especialistas en salud pública, por otra, y organizaciones de animalistas y de ganaderos empujan agendas contrapuestas de protección y exterminio, sin entender como estos distintos aspectos forman parte del mismo problema, el avance en políticas públicas es lento y a veces contraproducente.
El estudio en el que colaboré se centra en agricultores y ganaderos de pequeña escala (beneficiarios del Programa de Desarrollo Local –PRODESAL– y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena –PDTI, ambos dependientes de INDAP). Esto porque la ganadería de subsistencia es uno de los principales afectados en esta historia, y uno de los principales actores olvidados en las discusiones científicas, académicas, y políticas.
El artículo estima alrededor de 10 mil animales atacados y las perdidas en al menos US$ 420 mil dólares al año. La cifra es seguro mucho menor que la que asociaciones de productores de leche y otras organizaciones de ganaderos han dado sobre las perdidas por ataques de perros. Pero acá quiero invitar a la discusión más allá del valor relativo de los números. ¿Qué significa para la discusión de políticas públicas en una sociedad democrática, poner también estos números sobre la mesa? ¿Que impacto puede tener en cómo hacemos investigación y en como tomamos decisiones si integramos un análisis de lo social, de lo ecológico, de lo epidemiológico, y de lo político?
Enfoquémonos ahora en el problema del origen. Los ecólogos hablan de los perros como un carnívoro introducido. Como tal, los perros se comportan como una especie invasiva que impacta especies nativas y otros animales humanos y no-humanos. Como otras investigaciones y el estudio del que participé señalan, estos perros no se originan o viven independientes de la presencia humana: humanos los abandonaron (muchas veces desde centros urbanos), humanos los mantienen en malas condiciones, y humanos los tienen mal alimentados. Estos perros, no corresponderían, por lo tanto, a la definición del Decreto 65 y a los que algunos llaman “perros asilvestrados”. Los perros, y todos sus efectos sociales, económicos, y medioambientales, serian un producto directo de la acción humana. Llamarlos “asilvestrados” nos genera un problema técnico y legal. ¿Cómo definimos qué es silvestre y qué es no en un marco científico y jurídico? Especialmente si estos perros se originan y se reproducen amparados por la presencia humana. ¿Cómo identificamos qué perro es asilvestrado o no en contextos donde perros “con dueño” circulan lejos de la propiedad del amo? Pero al mismo tiempo, y lo que me parece más problemático, llamarlos “asilvestrados” nos quita la responsabilidad ética de que estos perros operan como carnívoros introducidos porque nosotros los pusimos ahí. Los perros serían por tanto otro efecto humano de cambio socio-ambiental.
Ahora, si cierto grupo de humanos se encarga de abandonar y (mal) mantener estos perros en zonas rurales, y otro grupo de humanos es particularmente afectado por su presencia o por sus ataques, ¿qué significa esto en temas de justicia social y ambiental? Hacer el argumento que los perros son la principal causa de perdidas entre pequeños ganaderos y comunidades indígenas en Chile, y que estas pierden en promedio la mitad de su ganado en un año por estos ataques, no intenta victimizar comunidades que han sido altamente resilientes a distintos procesos de cambio social y político. No intenta decir que las pérdidas de medianos y grandes productores no son importantes. Ni tampoco intenta reducir todas estas experiencias a sólo un valor económico (aunque estos números pueden ser importantes al discutir políticas publicas). Si no más bien, esto intenta hacer el caso que el abandono y la mal mantención de perros genera y reproduce profundas inequidades en comunidades que han sido históricamente vulnerables. Y no sólo en comunidades de humanos. Entender el problema de los perros como un tema de justicia socio-ambiental sólo surge cuando ponemos atención a preguntas sobre su origen y sus efectos, cuando miramos a lo ecológico y lo social como parte del mismo proceso.
Combinar lo ecológico, lo social, lo económico, y lo político tanto a nivel de discusiones científicas como a nivel de políticas públicas será clave para avanzar en nuestro entendimiento del problema y en la generación de cambios efectivos. Re-centrar la discusión en la doble dimensión social del problema (en su origen y en su consecuencia) podría entregarnos un argumento común para poner a trabajar en conjunto a comunidades de expertos y a organizaciones sociales y políticas.
