Opinión
Los días lluviosos, el frío y la contaminación, característicos del invierno, afectan a niños, adultos mayores y a las personas con menores recursos para acceder a un sistema de salud digno, otro rasgo distintivo de un país con una marcada segregación.
Chile invierte un 4,92% del PIB en salud, lo que representa una caída de 0,07 puntos respecto a 2016, cuando el gasto llegó al 4,99% del PIB. Sin embargo, los rankings de la OCDE muestran a Chile como un país ejemplar, situándonos en los primeros puestos, lo que también se repite en el ranking de cuánto es lo que gastan las personas en esta materia. Hoy el 6,2% del sueldo de cada chileno está destinado a prestaciones de salud.
En nuestro país tenemos un sistema en donde existe una salud para ricos y otra para pobres, incluso institucionalmente tenemos esta distinción: el 19% de los mayores de 18 años y en edad de trabajar se encuentra en ISAPRES, mientras que el 81% restante se encuentra en FONASA. En otras palabras, solo el 19% más rico de Chile tiene acceso a una mejor salud, mientras el resto de la población debe conformarse con un sistema de salud pública precario, con graves problemas de infraestructura, administración y financiamiento.
Lo anterior se suma a la escasez de médicos en nuestro país, donde tenemos un promedio de 1,7 médicos por habitantes, lejos del promedio de los países OCDE, que alcanzan 3,2 médicos por habitantes, ubicándonos en último lugar y siendo superados solo por Turquía, con un promedio de 1,6 médicos por habitantes.
Entonces debemos preguntarnos las razones de esto. Hoy para lograr entrar a estudiar Medicina en alguna institución de educación superior, se necesitan sobre 720 puntos y la capacidad de pagar un arancel que sobrepasa los cinco millones de pesos anuales, esto sin contar los gastos asociados a una carrera universitaria altamente costosa. A esto, se suma la PSU como reproductor de desigualdad, lo que crea un escenario perfecto para una carrera y una profesión altamente elitizada.
El panorama se complejiza aún más si consideramos que, en nuestro país, constitucionalmente no está garantizado el derecho a la salud, y cuando hablamos de salud estamos hablando de lo más básico que pueda tener un ser humano.
Esta desigualdad en el acceso a la salud afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Las ISAPRES en nuestro país funcionan bajo una lógica de mercado en donde, al parecer, la oferta y la demanda son los únicos ejes rectores de esta dinámica.
Si una mujer es más riesgosa a la hora de afiliarse, se le cobrará un mayor porcentaje de cotización, tal cual se aplicaría a la hora de pedir un crédito en un banco a una persona que tiene menores ingresos y es más riesgosa desde el punto de vista financiero. Hoy, los planes de salud son 66% más caros para mujeres que para hombres.
La idea de riesgo para las ISAPRES se basa en una desigualdad biológica, porque las mujeres se embarazan y, por tanto, son las que más recurren a consultas médicas. Hoy una mujer en etapa fértil puede llegar a pagar 179% más por un plan de salud que un hombre. Algo similar ocurre en el mercado laboral, donde la discriminación hacia la mujer es aún peor.
Por otro lado, están los fármacos y su alto valor. Nuevamente estamos entre los países que poseen los precios más altos en relación a la venta de fármacos y medicamentos. Este año el gasto en salud aumentó en un 50% en relación a 2014 y un tercio del gasto corresponde a la compra de fármacos. El actual sistema de salud no cubre la compra de medicamentos a menos que sean medicamentos hospitalarios o cubiertos por el AUGE.
Por ejemplo, el Eutirox, medicamento utilizado como un reemplazo hormonal en pacientes con problemas de tiroides, en Chile tiene un valor de $13.999, en Bolivia $3.926 y España $4.035. Si analizamos esto dentro de la lógica en que opera el sistema, es aún más curioso, al parecer los ejes rectores del mercado no operan cuando esto llega a afectar el bolsillo de las grandes farmacéuticas.
[cita tipo=»destaque»]Pudahuel es supuestamente de esas 51 comunas que se sumaron a la iniciativa de las farmacias populares, pero en realidad sólo existe un acceso a ciertos medicamentos, en donde la rebaja de precio comparada con una farmacia comercial no es tan sustantiva como en Recoleta o Valparaíso. Esto, porque no existe un real compromiso con el acceso a la salud. El gobierno municipal debe avanzar en la creación de una Cooperativa de Salud Popular en la comuna [/cita]
Vemos casi en cada esquina en el centro de Santiago farmacias y más farmacias, pero el eje de la competencia y la regulación de precios no se ve reflejada. Incluso, hemos visto cómo se han encontrado colusiones entre ellas. Las farmacéuticas argumentan que esto es debido al alto costo de los fármacos provenientes de los laboratorios. Sin embargo, esto no es así, porque el alto precio finalmente, lo establecen las farmacias. Por esto es sumamente necesaria una nueva ley de fármacos que regule los precios y que también genere un estándar de medicamentos de fácil acceso y donde exista un financiamiento estatal para dichos fármacos de primera necesidad.
Un dato interesante es que somos el país latinoamericano con menos farmacias por habitantes, con 1509 farmacias, ocupando el antepenúltimo lugar 26 del ranking de los países OCDE. Esto ocurre, porque en los sectores periféricos y rurales de Santiago hay pocas farmacias. Esto se acentúa mucho más en regiones y lugares apartados de las grandes urbes, donde nuevamente el mercado discrimina a los más pobres.
Hace algunos años comenzamos a escuchar la iniciativa de las farmacias populares, que nacen desde los gobiernos locales, principalmente, en Recoleta y Valparaíso. Esta iniciativa permite que los vecinos y vecinas ahorren en algunos casos hasta un 70% de lo que gastan mensualmente en medicamentos.
Han pasado casi 4 años desde que comenzó este proyecto, y ya se ha replicado por más de 51 comunas a lo largo de todo Chile. Si analizamos la esencia de la iniciativa, podemos ver que lo único que se hace es sacar la lógica de que oferta y demanda del acceso a los medicamentos.
¿Qué pasa en nuestra comuna?
Pudahuel es supuestamente de esas 51 comunas que se sumaron a la iniciativa de las farmacias populares, pero en realidad sólo existe un acceso a ciertos medicamentos, en donde la rebaja de precio comparada con una farmacia comercial no es tan sustantiva como en Recoleta o Valparaíso. Esto, porque no existe un real compromiso con el acceso a la salud.
El gobierno municipal debe avanzar en la creación de una Cooperativa de Salud Popular en Pudahuel, donde se capacite a los empresarios farmacéuticos locales para la creación de esta asociación, que tendrá la misión de importar desde el extranjero fármacos a bajo costo, además de implementos médicos para cubrir casos de enfermedades catastróficas como el cáncer.
El sentido de comunidad y el individualismo hoy está en disputa. Depende de nosotros, de los vecinos y vecinas de Pudahuel, cambiar esto. El trabajo de base, la participación, la asociación y la cooperación mutua entre iguales posibilitará que podamos organizarnos para que en nuestra comuna el acceso a la salud deje de ser un privilegio al cual sólo acceden unos pocos.
