Opinión
Después de una persistente lucha que ha dado el municipalismo chileno demandando una mejor y más justa redistribución de los ingresos para un mejor funcionamiento de las municipalidades en Chile, y luego de diversos acercamientos entre las autoridades comunales y el Poder Ejecutivo, finalmente, el gobierno ha anunciado que estudia modificaciones al Fondo Común Municipal, principal medio de financiamiento de los 345 municipios existentes a lo largo del territorio nacional.
La voluntad expresada por el gobierno es una buena noticia, toda vez que los problemas de financiamiento municipal son estructurales y tienen que ver con que las principales recaudaciones que las corporaciones comunales realizan son, en su mayoría, a través del pago de contribuciones de bienes raíces y permisos de circulación, ingresos que en la mayoría de las municipalidades son escasos, ya que son justamente en aquellas comunas donde sus habitantes necesitan más atenciones y servicios municipales, donde menos se recauda por ambos conceptos.
Si comparamos la realidad de las comunas con mayores recursos y aquellas de menos ingresos, nos damos cuenta que, en comunas populares, por ejemplo, el parque automotriz es menor y más antiguo que el existente en comunas con altos ingresos donde las familias tienen al menos 2 vehículos. De igual modo, los ingresos por concepto de impuesto territorial son inmensamente menores en las comunas de bajos ingresos, ya que en ellas hay un gran número de viviendas sociales, las cuales se encuentran -por ley- exentas del pago de contribuciones de bienes raíces. En suma, donde hay más carencias, hay menor cantidad de ingresos propios, por lo cual la dependencia de estas comunas al denominado Fondo Común Municipal, resulta vital.
Comunas como El Bosque, a modo de ejemplo, tienen casi el 70% de sus viviendas exentas del pago de contribuciones, siendo muy menor los ingresos que su municipio genera por dicho concepto. Por eso decimos que el problema del financiamiento municipal es estructural y global, y para resolverlo no basta con modificar un instrumento como el FCM, hay que ir más allá.
Por ende, el reciente anuncio hecho por el Ejecutivo si bien es un avance, creemos que debe ser abordado desde una reforma global al modelo financiamiento de los gobiernos locales.
El Estado debe asumir que los municipios de hoy, no son los mismos municipios de finales del siglo XX. El municipio de los años ’80, por ejemplo, realizaba en promedio, 5 ó 6 tareas, distando mucho del centenar de funciones que hoy deben cumplir, producto de la absorción de responsabilidades que se le han dado, debido a la puesta en marcha de proyectos que ha impulsado el propio Ejecutivo, comúnmente, sin entregar financiamiento para el cumplimiento del cometido. Dos ejemplos de leyes aprobadas recientemente sin el debido financiamiento y que deberán ser cubiertas a plenitud por las municipalidades son las recientemente implementadas Ley Cholito (mascotas), y la Ley de Plantas Municipales.
Aun así, hay quienes pensarán que los problemas de financiamiento municipal se deben a recursos mal gastados como viajes que han aparecido en reportajes de TV o capacitaciones que no se ajustarían a la real necesidad que presentan las municipalidades. Sin embargo, esos gastos son bastante marginales si se observa el volumen de recursos que los municipios chilenos deben cubrir con fondos propios para que funcione la salud o la educación municipal en cada uno de sus territorios.
[cita tipo=»destaque»] El reciente anuncio hecho por el Ejecutivo si bien es un avance, creemos que debe ser abordado desde una reforma global al modelo financiamiento de los gobiernos locales. Por eso decimos que el problema del financiamiento municipal es estructural y global, y para resolverlo no basta con modificar un instrumento como el FCM, hay que ir más allá.[/cita]
Como dato: en el caso de la salud primaria, son al menos 100 mil millones de pesos anuales los que las municipalidades destinan para que el sistema logre mantenerse, y en educación aportan cerca de 200 mil millones de pesos anuales, todo esto cubierto completamente con fondos fondos propios, recursos que perfectamente podrían ser utilizados para construir canchas, plazas, áreas verdes o diversas iniciativas municipales.
Todo esto explica la urgente necesidad de una reforma constitucional que asegure que toda nueva función o tarea que se le entregue a los municipios, debe venir debidamente financiada por el Estado. Esto aparece en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero si no está refrendado en la Constitución Política seguirá siendo letra muerta y los municipios seguirán pagando la cuenta de las desigualdades de nuestro país.
Es momento de pensar otros instrumentos de financiamiento municipal. Hay que abrirse a la puesta en marcha, por ejemplo, de un Fondo de Desarrollo Local para zonas carenciadas, como también debe pensarse el sentido que tiene el aporte fiscal al FCM, considerando que éste puede ser ingreso de recursos para acercarse a un «promedio de inversión municipal por habitante», aceptable, y que pueda combatir las enormes diferencias que existen en los presupuestos de los municipios.
En suma, debemos ser capaces de construir un gran acuerdo nacional para reducir la desigualdad, donde la formulación de un nuevo sistema de financiamiento municipal, no sólo nos lleve a la discusión de una nueva Ley de Rentas Municipales, sino que permita, de una vez por todas, debatir sobre mecanismos de redistribución del poder, permitiendo que la descentralización y la autonomía de los gobiernos locales comience a ser una realidad, algo que desde el municipalismo consideramos elemental para cimentar las bases de un país desarrollado.
