Opinión
Estamos indignados por los efectos que ha tenido en la salud de los habitantes Quinteros y Puchuncaví la contaminación ambiental que sufre esta zona. Cuando Gabriel García Márquez escribió su novela “Crónica de una Muerte Anunciada” no supo lo atingente que sería su título. Esta comunidad viene hace años sufriendo y acarreando una tremenda frustración por la casi nula incidencia que sus preocupaciones y necesidades han tenido hasta el día de hoy en las decisiones que los distintos Gobiernos han tomado sobre cómo abordar y solucionar la a la contaminación ambiental que ha caracterizado a este territorio al menos por una década.
En paralelo a esta emergencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está por dar a conocer estos días su tercer mapa de conflictos socioambientales en Chile. Ya anunció que los conflictos ambientales han aumentado un 13% respecto del 2015.
Una dimensión relevante en los conflictos socioambientales, que actúa como un detonante, es la falta de involucramiento oportuno y sustantivo de las comunidades que deberán compartir el territorio con estos proyectos. De esta forma uno de los actores más relevantes se queda marginado de las decisiones sobre ese proyecto, que luego afectará para bien y para mal su asentamiento humano y calidad de vida.
[cita tipo=»destaque»]Para que esta iniciativa contemplada en el proyecto de ley resulte una herramienta capaz de canalizar las inquietudes, intereses y propuestas de las comunidades debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Escazú respecto de los derechos a la información y participación. Por supuesto puede ir más allá de lo que establece el Convenio pero no puede retroceder respecto del texto del Convenio, donde además Chile tuvo gran liderazgo en negociar un instrumento sólido y ambicioso.[/cita]
Hoy Chile está dando un paso fundamental en la materia.
Se trata del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazú” que fue adoptado en San José de Costa Rica en marzo de este año por 24 países de América Latina, entre ellos Chile. Es un instrumento vinculante para elevar el estándar de los derechos de acceso, estos son: El aseguramiento del Acceso a la Justicia, Participación e Información en materia ambiental. El gobierno de Chile, ya ha comprometido su firma el próximo 27 de septiembre en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
En forma paralela el gobierno ha enviado el proyecto de Ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 31 de julio recién pasado, que en materia de participación regula lo que llama la “participación temprana” que tal como indica su nombre se refiere al involucramiento de las comunidades en etapas tempranas del proyecto y antes que sean evaluados ambientalmente.
Para que esta iniciativa contemplada en el proyecto de ley resulte una herramienta capaz de canalizar las inquietudes, intereses y propuestas de las comunidades debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Escazú respecto de los derechos a la información y participación. Por supuesto puede ir más allá de lo que establece el Convenio pero no puede retroceder respecto del texto del Convenio, donde además Chile tuvo gran liderazgo en negociar un instrumento sólido y ambicioso.
El Estado de Chile debe continuar liderando este proceso en América Latina iniciando a la brevedad el proceso de ratificación del Convenio y conciliar sus proyectos de ley en la materia con lo establecido en este Convenio.
El Convenio debe ser ratificado a la brevedad. Las autoridades y el Congreso deben dar una señal inequívoca de su compromiso con superar situaciones tan lamentables y evitables como la de Quintero y Puchuncaví.
