Opinión
En Chile el término “zonas de sacrificio” describe aquellos territorios devastados ambientalmente debido al desarrollo industrial. Las implicancias de estas verdaderas catástrofes ambientales constituyen una afectación directa al ejercicio de los derechos fundamentales de sus habitantes: derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. Las comunidades han visto cómo, durante décadas, el daño ambiental los ha ido dejando en una situación de vulnerabilidad y empobrecimiento.
Soy senador de la Región de Valparaíso, donde desde la década del 60 existe una zona de sacrificio en la bahía de Quintero-Puchuncaví, pero los territorios nacionales afectados y sacrificados ambientalmente son más, como lo son las comunas de Tocopilla, Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama) y Coronel (Región del Bío Bío), entre otros. Esto, es un problema país.
[cita tipo=»destaque»]He manifestado abiertamente y de manera categórica, junto a otros parlamentarios, nuestro rechazo a la decisión del actual Gobierno de postergar la firma del Acuerdo de Escazú, en la ceremonia oficial que se llevó a cabo el día Jueves 27 de septiembre de 2018, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué criterio político o técnico fue utilizado para tomar esta decisión tan irresponsable y contradictoria? Por supuesto, ninguno que sea consciente del sufrimiento de nuestros habitantes.[/cita]
La catástrofe sanitaria que hoy enfrentan los habitantes de la bahía de Quintero-Puchuncaví hizo evidente que desde la perspectiva regulatoria es necesario dictar y modificar normas de calidad ambiental; elaborar un plan de descontaminación para la zona hoy, no en tres meses más; modificar/revisar normas de emisión de termoeléctricas y de fundiciones.
Es evidente la deficiencia en materia de evaluación de impacto ambiental de las instalaciones en la zona, ya sea porque son pre-Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como porque la mayor parte de lo que sí se ha evaluado ha sido a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no de un Estudio de Impacto Ambiental. Ello implica no hacerse cargo de impactos ambientales significativos, acumulativos y sinérgicos. También implica que la fiscalización ambiental está limitada a los instrumentos de gestión ambiental que existen, los que, por cierto, no son suficientes.
Todo lo anterior contribuye a una situación de distribución desproporcionada de cargas ambientales en la población de la zona. Eso, junto con la ausencia de poder político de las comunidades del lugar y la invisibilización de su situación, ha contribuido a generar la situación de injusticia ambiental que allí existe.
He manifestado abiertamente y de manera categórica, junto a otros parlamentarios, nuestro rechazo a la decisión del actual Gobierno de postergar la firma del Acuerdo de Escazú, en la ceremonia oficial que se llevó a cabo el día Jueves 27 de septiembre de 2018, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué criterio político o técnico fue utilizado para tomar esta decisión tan irresponsable y contradictoria? Por supuesto, ninguno que sea consciente del sufrimiento de nuestros habitantes.
Este Acuerdo fue propuesto y liderado desde el año 2012 por nuestro país, en el marco de las negociaciones regionales para avanzar hacia una real democracia ambiental en nuestro continente.
El Gobierno de Chile debe manifestar una clara voluntad de firmar dicho Tratado, garantizando que los futuros conflictos ambientales sean abordados desde un nuevo modelo de desarrollo, donde se plasme el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados, y dar voz a aquellos que no la tienen.
Hago un llamado al Presidente de la República, para que revierta esta situación, firme el Acuerdo de Escazú, confirmando el interés nacional de avanzar de forma real hacia un desarrollo sostenible.
