Opinión
Con la movilización y conquista civil de la democracia hace ya 30 años se instaló como tarea urgente en las autoridades políticas y técnicas de aquella época, el sueño de disminuir y/o erradicar los elevados niveles de pobreza existentes en el país, impulsándose una serie de iniciativas, prestaciones y servicios sociales emergentes que demostraron exitosos resultados en los primeros gobiernos, pero que en los últimos sólo demuestra un lento avance el cual se ha estancado desde el año 2015 según los resultados de la CASEN 2017.
Esta situación podría indicar un agotamiento de los Programas que se impulsan y sus metodologías de atención a los/as más pobres o que el problema se reduzca a las bajas tasas de crecimiento económico de los últimos años, sin embargo lo más probable es que la causa de aquello sea multifactorial con la presencia de algunos componentes que se intuyen.
En el mismo período la CASEN demuestra un leve aumento de las tasas de migrantes que no se condice con dinámica e incentivo al consumo, crecimiento, riqueza económica que este tipo de desplazamiento de extranjeros ocasiona a las naciones, como tampoco establece una co-relación entre migración y pobreza.
Lo que sí muchos/as tenemos claro, es que la migración como proceso bi-direccional ha contribuido a la fertilización cultural de la nación chilena lo cual vemos a diario en las diversas comunidades y sectores populares donde los/as migrantes se han incorporado activamente, especialmente cuando los ciudadanos/as chilenos diferencian entre integrar a los/as migrantes o asimilarlos/as, estableciendo una base de respeto a sus identidades.
La integración con enfoque inclusivo contempla el principio de equidad no solo en las responsabilidades en el plano de la vida cívica, social y política sino también equidad en los derechos a beneficios sociales.
[cita tipo=»destaque»]A pesar de lo anterior mucha de la población extranjera residente que requiere de la orientación, asesoramiento y atención directa se encuentra accediendo a diversos Programas de atención especializada tales como aquellos que se preocupan de las mujeres violentadas, de Protección de Derechos de la Infancia, programas que atienden las áreas de la justicia juvenil, programas que atienden a la infancia con VIH etc. Así como también aquellas familias migrantes que requieren en los espacios comunitarios de servicios educativos, de salud, laboral, vivienda, justicia etc.[/cita]
Los/as que trabajamos vinculados al área de la atención social especializada, constatamos que esta integración es parcial en el acceso a Beneficios que ofrecen los diversos Programas y Servicios Sociales ya que no han realizado los ajustes normativos y metodológicos, que lejos de lograr la inclusión de los migrantes vulnerables les marginan cuando no se contemplan “diferenciaciones positivas” y se les intenta asimilar con diversas exigencias y requisitos o simplemente se les exige ajustarse a cánones y prácticas chilenas inoperantes en su condición de extranjeros/as.
La diferenciación que prevalece es más bien negativa y se le asocia a la “etiqueta” de inmigrante con un peso simbólico que excluye, así como las prácticas de “racialización” que algunos nacionales aplican como estigma a los/as extranjeros para anular su existencia en este territorio y quedar en segunda prioridad.
Hace ya un par de años que estamos constatando desde la academia, que tanto en las instituciones públicas como privadas la norma les estandariza y asimila a los/as vulnerables de Chile, presentándose en este proceso una serie de inconsistencias que muchas hacen inviable responder a las necesidades del o la solicitante. Lo que ha sucedido en estos Servicios y programas Sociales es que se conserva un sentido universal de la atención social lo que muchas veces no se condice con las características socioculturales o idiomáticas de los/as migrantes obstaculizándose una atención integral.
A pesar de lo anterior mucha de la población extranjera residente que requiere de la orientación, asesoramiento y atención directa se encuentra accediendo a diversos Programas de atención especializada tales como aquellos que se preocupan de las mujeres violentadas, de Protección de Derechos de la Infancia, programas que atienden las áreas de la justicia juvenil, programas que atienden a la infancia con VIH etc. Así como también aquellas familias migrantes que requieren en los espacios comunitarios de servicios educativos, de salud, laboral, vivienda, justicia etc.
Desde esta perspectiva se aprecia un re-cambio progresivo de los beneficiarios vulnerables chilenos/as por una población vulnerable migrante y creer que esta situación no requiere ajustes en tanto que los diversos Servicios y Programas Sociales satisfacen de igual manera a la población vulnerable nacional que forastera pareciera ser un error.
Estos Servicios y Programas Sociales como Derechos colectivos se salvaguardan al asumir a los/as migrantes como parte de una ciudadanía vulnerable diferenciada, para lo cual se requiere atender no solo sus demandas coyunturales y proveer con ello de los recursos y cobertura sino que también se requiere apuntar a una auténtica inclusión social.
Hoy vislumbramos rasgos distintivos de un nuevo fenómeno de vulneración socio-económica asociado a lo intercultural en el país. La falta de una política migratoria clara ocasionó que muchos/as de los/as extranjeras que llegaran a Chile arrastraran una vulnerabilidad desde sus países de origen o producto de su situación migrante cayeran en vulnerabilidad. Ello es una realidad objetiva que se debe asumir con responsabilidad desde la forma y el fondo de los Programas Sociales.
El objetivo no es generar una nueva estructura de Programas y Servicios Sociales sino avanzar en la inclusión desde otra perspectiva para continuar con aquel sueño de eliminar la pobreza lo cual requiere contemplar esta nueva variante emergente que garantice la integración. Hoy Chile necesita Políticas Sociales basadas en el realismo, la solidaridad y la dignificación humana para todos y todas los/as que viven en el país.
La respuesta que se requiere de las autoridades es ensanchar la mirada del bienestar de los/as pobres y vulnerables del país, lo cual no pasa por asignar un mayor número de beneficios o aumento de la cobertura y focalizar en un mayor gasto fiscal para cubrir las necesidades que presenta esta población en condición de pobreza e interculturalidad, sino que la reasignación de recursos debe centrarse en las rectificaciones programáticas y normativas, metodológicas y la capacitación a equipos profesionales para especializarlos/as en mediación intercultural para cubrir las demandas y necesidades integrales que se requiere para lograr la inclusión.
Los Programas y Servicios Sociales requieren de nuevos dispositivos para proveer de Bienestar Social a los diversos colectivos de migrantes que apunten por un lado a la superación activa de los diversos problemas que les aquejan pero que a su vez también les reconozca en la diversidad y se sientan aceptados/as e incluidos/as por la sociedad chilena que les acoge.
