Señor Director:
En plena crisis social y medioambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví, nuestro país declinó ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Este tratado fue firmado en marzo pasado por 24 países, en Costa Rica, y representa un largo trabajo a nivel continental, que nace en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012 y sigue en la reunión regional “Decisión de Santiago”, en 2014. En lo fundamental garantiza tres importantes derechos: el de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.
La declinación de la firma, parece disonante con los objetivos que se quieren alcanzar, considerando que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de Chile declaró la importancia del desarrollo sustentable, “que sea protector y armonioso con la naturaleza y con el medio ambiente”.
Sería importante que el sector público, los privados, la academia y la ciudadanía trabajaran por un país que potencia las materias ambientales, alcanzado los estándares de la OCDE, ojalá en corto tiempo.
Jadille Mussa
Académica Escuela de Arquitectura del Paisaje
Universidad Central de Chile
