Opinión
El gobierno ha impulsado con mucha fuerza el proyecto Aula Segura como solución a los divulgados problemas de violencia en ciertas comunidades escolares. Con todo, debe ser el proyecto de los últimos años con mayor disparidad entre contenido y efecto mediático. De artículo único, sólo facilita el traslado de los estudiantes de un colegio a otro (su expulsión). Este objetivo, que podría ser razonablemente discutido si fuera parte de algún horizonte educacional, resulta desbordado por el uso político que se le da desde La Moneda.
Por eso, los primeros afectados por Aula Segura no son los “overoles blancos”, sino los planteamientos iniciales de Piñera.
Es que la derecha está entre dos posiciones aparentemente antagónicas. Un sector apuesta a reemplazar a la Concertación como conducción legítima del modelo chileno. Por eso celebra los 30 años del NO y se desmarca de la herencia pinochetista. Más allá de un problema de convicciones, sabe que no puede liderar a las grandes mayorías de este país y presentarse como un proyecto de futuro, sin sacudirse de esos estigmas. Piñera empezó su mandato matriculado claramente en este bando y, por eso, apeló más a la esperanza en el mercado para la realización de los derechos que al miedo, por ejemplo, al decidir continuar con la gratuidad del gobierno anterior.
No obstante, hay otro sector de la derecha que, más conservador, ha torpedeado el ánimo inicial de Piñera jugando a radicalizar posiciones. Abiertamente apuesta por una vía tipo Jair Bolsonaro, el candidato presidencial derechista favorito de las encuestas en Brasil. Se critican los avances en igualdad de género y se eleva la importancia social de la delincuencia. Lejos de proyectar al mercado como opción de esperanza, más bien se incentiva el miedo y la respuesta punitiva como base del orden. Es decir, se trata de una derecha ajena al liberalismo tanto económico como político.
Aula Segura parece ser el intento del gobierno de resolver dos pájaros de un tiro. Primero, neutralizar la disidencia en la derecha dándole en el gusto a sus bases, y luego, neutralizar a la oposición al prolongar el discurso de la seguridad ciudadana a la educación.
Esta estrategia parece rendir frutos en lo inmediato, pero entraña un peligro político para Piñera, pues acaba con la posibilidad de una derecha moderna; y luego para toda la política. Es que Aula Segura no es un cambio de fondo, ni siquiera es un proyecto educativo. Es una medida parcial que, más que aplicar mano dura de verdad, busca generar un efecto comunicacional de aprobación medida en encuestas. Este uso político y comunicacional es el que tendrá un perjudicial efecto tipo boomerang, pues su rendimiento se disipará más rápido de lo que se piensa.
[cita tipo=»destaque»]La Ministra Cubillos apeló al sentido común en una columna reciente. Pues bien, el sentido común indica que, cuando un problema sigue manifestándose y lo hace cada vez más visiblemente, las soluciones inmediatistas no funcionan. Por eso, es hora de reabrir el debate educativo.[/cita]
Hace algunos años los defensores de la educación privada la presentaban como libre de tomas y paros. Pero estas acciones –que difícilmente pueden ser catalogadas de violentas- llegaron a ella en relativo poco tiempo. Desde 2011 a la fecha muchas universidades privadas las han tenido con similar intensidad. Antes, a mediados de los 2000, se creó una legislación expresamente dirigida a terminar con el uso de bombas molotov (lo que sí debe ser catalogado de violencia). Como es obvio, esa ley no tuvo efecto en el largo plazo. Es que las causas de estos hechos son profundas. Peor, se proyectan en la medida que la reforma anterior tampoco las enfrentó. Incluso figuras de la derecha han reconocido que la frustración de los jóvenes es profunda y creciente. No se trata de avalar o promover los hechos de violencia, sino simplemente de explicar sus raíces. Diferentes gobiernos llevan décadas sin allanarse a discutir los planteamientos de fondo del movimiento social por la educación. La violencia, desde el íntimo suicidio adolescente que crece en el país, hasta estas manifestaciones de los últimos días, da cuenta de un cáncer en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad que no podemos desconocer. Seguir negándolo, sea con bonos o discursos de mano dura, resulta tremendamente irresponsable.
Así, aunque la propaganda de la derecha oponga los liceos Bicentenario a los emblemáticos –los primeros como versiones virtuosas de los segundos, sin “overoles blancos”-, lo cierto es que ambos suponen la selección de los estudiantes de sectores populares de mayor rendimiento académico. Sus bases sociales son los mismos jóvenes. Y después de toda la publicidad que han recibido los “overoles blancos”, no parece aventurado pensar que prácticas similares puedan replicarse. Sobre todo, si la estrategia del gobierno consiste en expulsar a los estudiantes sindicados a otros liceos.
¿Qué hará el gobierno cuando expulsar estudiantes no sea suficiente? ¿Vendrá una mayor penalización, un proyecto de Aula Más Segura que amenace con cárcel? ¿Llegaremos a la ironía de intentar resolver los conflictos educativos con la cárcel?
Ante los límites de la reforma educativa heredada, muy reales por cierto, el populismo penal resulta peligroso e inconducente. Las autoridades se limitan a agitar videos y frases chocantes, cuando en realidad lo que les cabe es precisamente llevar esos reclamos a un debate de ideas y proyectos educativos. El populismo penal va creando una sensación ambiente que puede desembocar en un resultado no buscado por nadie. Y ese resultado será un grave problema, en primer término, para el propio Gobierno.
Es cierto que la educación debe contribuir a que la sociedad construya su orden. Pero no puede hacerlo sin antes producir sentido. Y es ahí donde estamos fallando. Forjar una comunidad de valores compartidos es esencial a la tarea educativa, algo que hemos abandonado en aras del mercado y políticas de medición estandarizada de resultados como base para precios y aportes públicos. Sin producir sentido, el sistema escolar termina siendo una prolongación de la judicatura en su esfuerzo de garantizar el orden.
La Ministra Cubillos apeló al sentido común en una columna reciente. Pues bien, el sentido común indica que, cuando un problema sigue manifestándose y lo hace cada vez más visiblemente, las soluciones inmediatistas no funcionan. Por eso, es hora de reabrir el debate educativo, y bajo tal perspectiva, abordar el cumplimiento tanto de los derechos como de los deberes. La derecha tendrá oportunidad de defender valores conservadores o de mercado, en la medida que los elabore como proyectos dispuestos a dialogar y chocar con otros. No obstante, si se empecina en el uso político punitivo de los conflictos educacionales que hasta aquí ha mostrado, cancelará la posibilidad de ese debate. Más allá de la retórica, no contribuirá al orden social, sino, al contrario, atizará el conflicto y profundizará el desquiciamiento de la esfera pública que debería abordarlo.
