Opinión
Tal como se indica en la ceremonia de “Intervención de S.E. el Presidente de la República al firmar el Proyecto de Ley Aula Segura”, esta acción gubernativa es motivada porque “muchos profesores viven con miedo, a veces sienten miedo de sus propios alumnos”. A partir de este tipo de razonamientos, según se señala en el “Mensaje al Senado Nº 119-366/”, la Ley Aula Segura “fortalecerá las facultades del Director en materias de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia en recinto educacionales”. En estos términos, entonces, el Ejecutivo chileno no solo establecerá las prioridades de su propia agenda presidencial, sino que condicionará el debate público respecto de los temas sociales relevantes de discutir. En este marco, a continuación examinaremos las circunstancias en relación las cuales se fue gestando dicho proceso.
Dispuestos en orden cronológico, a partir de antecedentes extraídos de los principales medios de prensa nacionales, junto a la identificación de actores participantes de esta trama, examinaremos una serie de eventos, declaraciones, iniciativas que se fueron sucediendo hasta llegar a la firma del Proyecto Ley Aula Segura, el día 20 de septiembre del 2018. Especial atención prestaremos a los razonamientos sobre las que se fundamentan las intervenciones de estos actores de gobierno. Esta es la historia de cómo en Chile, durante la primera parte del segundo gobierno encabezado por Sebastián Piñera, el miedo a los autores de actos considerados delictivos, antisociales o, derechamente, terroristas, se convertirá en un ámbito prioritario de preocupación pública.
[cita tipo=»destaque»]En un marco espectacularizante, dado por la constante atención mediática brindada al conjunto de antecedentes que hemos presentado, el 20 de septiembre se presentó el Proyecto Aula Segura. El lugar elegido para la ceremonia de firma será el Museo de la Educación Gabriela Mistral. En la ocasión, será precisamente a través de las palabras de la poetisa y educadora que se indicará el sentido de la medida que se estaba anunciando. Si en palabras de la Mistral: “Para corregir no hay que temer; el peor maestro es el maestro que vive con miedo”, para Sebastián Piñera el Proyecto Aula Segura, iniciativa gubernamental que ha concentrado la atención pública, perseguirá a esa “minoría poderosa capaz de causar esa sensación de miedo, que es lo peor que le puede ocurrir a un maestro”.[/cita]
Enmarcado en un periodo de reformas experimentado por el sistema educacional chileno, asistiremos a una serie de “tomas” de recintos educacionales desarrolladas por estudiantes universitarios y secundarios. En este ciclo de movilización, junto con buscar visibilizar demandas educativas no resueltas, también se sumarán las demandas por una educación no sexista y el fin del acoso sexual en espacios educativos. En este contexto, el 16 de junio se producirá el incendio de una sala de clases del “emblemático” Liceo Amunátegui, ubicado en la comuna de Santiago. Sobre este siniestro, en palabras del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se considerará que “son personas que lo único que les interesa es destruir”.
Director del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, el 25 de junio denunciará que luego de abrir 40 procesos de expulsión en 14 días a estudiantes, y siendo previamente amenazado, el mismo día en que cumplía dos semanas en su cargo, las amenazas se concretaron y terminaron con encapuchados realizando destrozos en su oficina y en el colegio.
En línea con los planteamientos del Ministro del Interior, esta vez la Intendenta de la Región Metropolitana Karla Rubilar, razonará del siguiente modo: “un puñado de estudiantes es el que genera desórdenes y desmanes y que secuestran la educación pública”. La intendenta hará también a otro tipo de actor participante del proceso que desembocará en el proyecto Aula Segura, el alcalde de Santiago. “cuando tenemos directores valientes como el del Liceo de Aplicación que identifica a quienes están generando a estos desmanes y aplica los manuales de convivencia, con el apoyo de alcaldes valientes, como el de Santiago (Felipe Alessandri), sin duda alguna vamos a aislar a estos violentistas”.
El 26 de junio el diputado de Renovación Nacional Sebastián Torrealba anunció que incluirá el “Rompe Paga” en su agenda de proyectos sobre “incivilidades”. Sostendrá que: “Hemos recogido el guante de la intendenta Karla Rubilar y del alcalde Felipe Alessandri para impulsar la Ley Rompe Paga”. Con ello, explicó, “esta nueva norma tiene que ver con aquellos alumnos que generen incivilidades dentro de los colegios y en las marchas”.
Semanas después, el 4 de julio, siempre en el contexto de las tomas que ha habido en los colegios de la comuna de Santiago, los diputados de la UDI Javier Macaya y Osvaldo Urrutia presentaron un Proyecto de Ley que busca quitar acceso a “gratuidad” a estudiantes que realicen destrozos en colegios o realicen “atentados a las fuerzas de orden y seguridad”. A juicio de los diputados, es de “toda lógica” que, ante la política de un uso eficaz de los recursos públicos, los responsables de desmanes sean sancionados con la imposibilidad de acceder a la gratuidad.
Frente al planteamiento de los diputados UDI, se desata el debate. La diputada comunista Karol Cariola expresó su rechazo al proyecto de sus colegas gremialistas, recordándoles que “la gratuidad en la educación es para nosotros un derecho, no es un premio”. Por su parte, el diputado socialista Juan Santana, integrante de la comisión de Educación de la Cámara, recordó que “existe un acuerdo nacional para establecer la gratuidad como un derecho en la educación superior, por lo tanto poner en cuestión este beneficio, aludiendo a manifestaciones, es mezclar peras con manzanas. La UDI y sus parlamentarios están buscando justificaciones para empantanar el proceso de gratuidad”,
Tal como fuese anunciado previamente el 1º junio en su Cuenta Pública ante el Congreso, el 12 de julio Sebastián Piñera firma el “Proyecto de Ley que Sanciona Conductas Antisociales”. Entre las principales acciones que el Proyecto pretende combatir se encuentran la quema y destrucción de establecimientos educacionales, los rayados o pegas de carteles en muros y edificios. Recurriendo a códigos que son propios de los discursos de la Seguridad Ciudadana, el punto de vista que justifica esta medida es “dar una señal fuerte de tolerancia cero frente a estas conductas, evitando que queden impunes”.
Una semana después, los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Luis Pardo, junto al movimiento de apoderados “No+Tomas”, ingresaron un Proyecto de Ley que pretende declarar ilegales las tomas en establecimientos educacionales. Respecto de su racionamiento, el titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señaló que “la idea es no solo sancionar si no que culturalmente establecer que la toma no es aceptable, esta acción es muy importante porque es primera vez que hay una organización de papás que se comprometen con algo que es fundamental”.
En este marco de activa acción legislativa, el 1º de agosto la diputada comunista Camila Vallejos ingresará a trámite legislativo el Proyecto de Ley Contra la Violencia en las Comunidades Escolares. El proyecto consiste en establecer deberes de actuación frente a casos de violencia, fijando procedimientos de protección a las víctimas de la violencia, creando un registro y clasificación de los casos de violencia, disponiendo de instancias formativas y educativas sobre la violencia y sus distintas expresiones. Posteriormente, el 5 de septiembre el diputado Mario Venegas, de la Democracia Cristiana, presentó un Proyecto de Ley que establece la protección especial para profesores y profesionales de la salud, castigando con pena de cárcel, hasta 15 años de reclusión, a los agresores.
El 3 de septiembre el Rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, denunció que un grupo de 20 encapuchados interrumpieron las clases recuperativas que se realizaban el día sábado, y rociaron con combustible a un grupo de docentes, a la inspectora general y a él.
“Una veintena de encapuchados con overoles blancos, con bidones con bencina, cadenas, quisieron interrumpir la actividad. Finalmente no lo lograron”, dijo.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, calificó de graves e incluso de “terroristas” los incidentes ocurridos en el Instituto Nacional. La Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó el completo rechazo a los incidentes registrados en el Instituto Nacional, añadiendo que se trata no de un acto de protesta, sino de un hecho “delincuencial”.
Carabineros informa: Aportando elementos para la discusión, el 4 de septiembre la policía uniformada revela que durante las protestas en colegios de Santiago en el 2018, van 96 estudiantes detenidos y 500 lanzamientos de molotov.
El 5 de septiembre la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anuncia con gran sentido de urgencia el envío de un Proyecto de Ley que busca fortalecer las facultades de los directores de colegios municipales para adoptar medidas como la expulsión frente a hechos de violencia. Acerca de los motivos de esta acción, indicará que: “Apenas asumí el Ministerio de Educación, me vino a ver el alcalde Felipe Alessandri para decirme cómo los Manuales de Convivencia al interior de los colegios están quedando superados ante hechos graves constatados cada vez con mayor frecuencia”.
Oposición por parte de la presidenta de la Comisión de Educación del Senado
El mismo día, Yasna Provoste (DC), puso en duda la necesidad de contar con una nueva Ley para abordar la materia, indicando que ya existen dos cuerpos legales que tratan la violencia escolar.
Durante la mañana del 13 de septiembre, cinco carabineros resultaron heridos en medio de incidentes registrados al interior del Liceo de Aplicación, en el centro de Santiago. Esto, según señaló la institución policial, luego de que individuos vestidos con overoles blancos lanzaran bombas molotov y objetos contundentes al personal uniformado. Las heridas sufridas por los funcionarios serían de carácter leve y se encuentran siendo atendidos en el hospital de Carabineros, mientras que producto del hecho fueron detenidos dos individuos
Rechazo a la violencia en espacios educativos: la inminencia del proyecto Aula Segura
Tras el ataque a Carabineros en Liceo de Aplicación, Sebastián Piñera manifestará que: “Esta violencia es indignante e inaceptable”. Asimismo, el jefe de Estado afirmó que “se presentará un Proyecto de Ley urgente para expulsar a los violentistas de nuestro sistema escolar”. Al día siguiente, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri solicitan al Ejecutivo que patrocine y ponga urgencia al Proyecto de Ley que pone fin a la gratuidad de los estudiantes que participen en actos vandálicos.
Por parte de las organizaciones sociales, durante este mismo periodo, son otros temas los que concentran su atención. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Coordinadora de estudiantes Secundarios (ACES), tal como se informa desde sus redes sociales, sus temas de preocupación prioritarios serán, avanzar en las reformas educacionales comprometidas, avanzar hacia una educación no sexista.
Igualmente, la ACES denunciará violencia policial frente a actividades de protesta. Tal como ocurriría el 7 de agosto en el Frontis del Ministerio de Educación, cuando junto a dirigentes universitarios de la CONFECH desarrollaban una acción de interpelación al Ministerio “por su silencio cómplice con el Estatuto Laboral Joven, Proyecto que precarizará aún más a los estudiantes de Chile. En la protesta, Fuerzas Especiales no tardó en reprimir a quienes nos manifestábamos, llevándose a trece estudiantes detenidxs de forma violenta”.
Una participación más activa de organizaciones sociales en el debate sobre violencia en espacios educacionales, se producirá una vez firmado el Proyecto Aula Segura; repudio a esta iniciativa expresada en declaraciones públicas, llamado a movilizaciones y marchas.
En un marco espectacularizante, dado por la constante atención mediática brindada al conjunto de antecedentes que hemos presentado, el 20 de septiembre se presentó el Proyecto Aula Segura. El lugar elegido para la ceremonia de firma será el Museo de la Educación Gabriela Mistral. En la ocasión, será precisamente a través de las palabras de la poetisa y educadora que se indicará el sentido de la medida que se estaba anunciando. Si en palabras de la Mistral: “Para corregir no hay que temer; el peor maestro es el maestro que vive con miedo”, para Sebastián Piñera el Proyecto Aula Segura, iniciativa gubernamental que ha concentrado la atención pública, perseguirá a esa “minoría poderosa capaz de causar esa sensación de miedo, que es lo peor que le puede ocurrir a un maestro”.
Para finalizar, estás serán las circunstancias que harán posible la concreción del Proyecto Aula Segura; emergiendo así como el resultado bastante contingente de razonamiento y acciones efectuadas por diferentes actores que han participado de esta controversia política.
