Opinión
El 16 y 17 de noviembre se cumplen 30 años de la primera aplicación del SIMCE. En su aniversario merece la pena hacer algunas aclaraciones respecto a su debatido origen.
Algunos académicos dicen que la génesis de la prueba estuvo en la mercantilización de la educación, bajo la dictadura, con el fin de motivar la competencia y orientar la “libre elección” de los padres. Otros contra-argumentan, planteando que fue pensado con un fin pedagógico desde un equipo de la Pontificia Universidad Católica, a través de la anterior “Prueba de Evaluación del Rendimiento Escolar” (PER). Otros insisten que el Simce surgió de una alianza entre el régimen cívico-militar y la PUC para alimentar una visión neoliberal en la educación.
Adelanto que todos tienen algo de razón, pues el origen del Simce no se puede entender por un solo hecho histórico, ni por una racionalidad única. Es una historia ecléctica.
La historia comenzó en 1978 con Gonzalo Vial como Ministro de Educación y un convenio con la Pontificia Universidad Católica, bajo la dirección de la experta en estadística, Erika Himmel. La finalidad era elaborar la ya mencionada prueba, conocida por sus siglas “PER”. Esta prueba se aplicó por primera vez en 1982 de modo censal a 4tos y 8vos básicos.
[cita tipo=»destaque»]La racionalidad con que se confeccionó el PER era más bien una continuidad de lo que venía gestándose desde los años 60s. Era parte de la utopía tecnocrática positivista de aquella época que rondaba en los intelectuales de la educación, influenciados por distintas vertientes que confluían, como los avances de la psicometría y la estadística, los estudios de ‘eficacia escolar’, el curriculum tecnocrático (inspirados por autores como Tyler y Bloom), el uso de pruebas estandarizadas en otros países (especialmente la prueba SAT de EEUU), sumado a las visiones de desarrollismo de la época.[/cita]
Este tipo de exámenes no eran novedad. Bajo la reforma de Frei Montalva se introdujo por primera vez evaluaciones estandarizadas, como fue la “Prueba Nacional de Habilidad Verbal y Matemática” aplicada en 1967 a los 8vos año básico y la “Prueba de Aptitud Académica”, aplicada por primera vez el mismo año.
A fines de los 70s, aunque efectivamente se estaba preparando la reforma al sistema educativo, el PER no estaba ideado inicialmente desde una racionalidad mercantil-competitiva. El objetivo era realizar un estudio para identificar las variables que incidían en el rendimiento académico de los alumnos, además de entregar información ‘objetiva’ a los equipos educativos.
Durante este periodo el equipo de la PUC insistió en que los resultados tenían fines pedagógicos y que no podían ser públicos ni estar ligados a sanciones. Los resultados se entregaban detallados por porcentaje de logro respecto a cada objetivo curricular por cada alumno/a, en un sobre sellado, junto a diversos materiales (videos, manuales, instructivos, reportes) sobre cómo interpretar y utilizar dichos resultados.
La racionalidad con que se confeccionó el PER era más bien una continuidad de lo que venía gestándose desde los años 60s. Era parte de la utopía tecnocrática positivista de aquella época que rondaba en los intelectuales de la educación, influenciados por distintas vertientes que confluían, como los avances de la psicometría y la estadística, los estudios de ‘eficacia escolar’, el curriculum tecnocrático (inspirados por autores como Tyler y Bloom), el uso de pruebas estandarizadas en otros países (especialmente la prueba SAT de EEUU), sumado a las visiones de desarrollismo de la época.
La lógica neoliberal en la aplicación de la prueba se introdujo particularmente con el traspaso de poder del Ministro Gonzalo Vial a Alfredo Prieto. A fines del año 1979, Prieto le solicitó al equipo a cargo de la evaluación cambiar el objetivo de la prueba con el fin de -medir la calidad de cada establecimiento-, y así difundir los resultados evaluativos y orientar la elección escolar de los padres. Este giro explica el cambio de nombre de “Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar” al posterior “Sistema de Medición de la Calidad de la Educación” en 1988.
Lo anterior a su vez se combinó con una racionalidad de control estatal. Gonzalo Vial, por ejemplo, planteó la necesidad de intervención en establecimientos con bajos resultados, y la posterior Ministra de Educación Mónica Madariaga propuso que se cerraran las escuelas con bajos resultados. No obstante, ello implicó importantes problemas con el equipo PUC quienes se opusieron a tales medidas y finalmente no se hizo efectivo.
En definitiva, en los inicios del SIMCE (no del PER) la prueba se ideó efectivamente como un mecanismo para orientar y promover la competencia del sistema escolar, pero el proceso histórico de dicha evaluación no se puede reducir a ello. Es una historia ecléctica en que confluyeron distintos actores, racionalidades y tecnologías para que finalmente llegase a concretarse.
