Opinión
El año 2020 además de elegir Gobernadores Regionales el gobierno central podrá designar a los Delegados Presidenciales Regionales. En anteriores columnas, he señalado que existirán algunas zonas grises entre estas dos nuevas autoridades regionales, dado que compartirán ámbitos de acción, lo que hará compleja la relación ellas, pero por sobre todo, modificará la dinámica política regional que traerá ventajas, pero también ciertos inconvenientes.
Las ventajas de iniciar este nuevo proceso son múltiples e innegables, por mencionar algunas, se dará legitimidad democrática a los gobiernos regionales, mayor sostenibilidad y estabilidad a la planificación regional, y nos sacará del vergonzoso grupo de países que no elige a sus autoridades de nivel regional.
¿Cuál será el principal problema que sucederá en regiones? La situación más compleja y sensible para la ciudadanía serán los problemas de coordinación política que existirán entre ambas autoridades. Claramente la nueva legislación promueve incentivos para que, en vez de tener sólo una autoridad regional haciendo “gestión regional”, existan dos autoridades en una misma región. ya sea colaborando o compitiendo.
Es por esta razón que es posible afirmar que se darán múltiples relaciones políticas distintas a las actuales. Por ejemplo, las relaciones intergubernamentales en la actualidad se dan entre municipios, gobiernos regionales y ministerios, y existe claridad política y ciudadana de que es el Intendente quien coordina a los servicios públicos a nivel regional. A partir del año 2020 las nuevas relaciones intergubernamentales serán entre municipios, gobierno regional, delegación regional y ministerios. Las combinaciones posibles a partir de la intensidad de las afinidades entre los (as) líderes políticos que ocupen estos cargos a nivel regional, serán variadas y para todos los gustos.
Ante este escenario, es posible prever posibles conflictos, debido fundamentalmente a la falta de una instancia de coordinación regional que tenga una cabeza legítima y visible, pero que además goce de autoridad política y administrativa sobre los servicios públicos descentralizados y desconcentrados en la región. Es sabido que a partir del año 2020, la autoridad política y administrativa sobre los secretarios regionales ministeriales (Seremis) recaerá en el Delegado Presidencial Regional (autoridad designada) y no sobre el Gobernador Regional (autoridad electa), aun cuando será esta última autoridad, quien tendrá la legitimidad ciudadana y la principal responsabilidad política de llevar a adelante el desarrollo de la región. En concreto, existirán altas probabilidades de presenciar problemas de coordinación política y choque de intereses a escala regional.
¿Cómo resolver esta situación? En la actual legislación aprobada, no existe una instancia de coordinación política a escala regional, no obstante aquello, la principal institución donde debiera estar esta responsabilidad es en el Consejo Regional. En esta instancia debiera recaer, al menos en la primera parte de nuestro proceso de descentralización, la responsabilidad de garantizar una mínima coordinación política de los servicios públicos presentes en cada una de las regiones.
¿Cómo hacerlo? A través de la creación de la comisión de “Coordinación Política Regional” que debiera estar integrada de manera permanente por el Gobernador Regional, Delegado Presidencial Regional y Consejeros Regionales.
¿Se puede hacer? Se puede hacer sin necesidad de hacer una ley corta o de modificar la legislación recientemente aprobada, dado que la ley 19.175 de Gobiernos Regionales, en su artículo 36, inciso A, faculta al Consejo Regional para “aprobar el reglamento que regula su funcionamiento en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo…”. Para concretar esta idea, bastaría sólo la voluntad política de los 16 Consejos Regionales del país para crear esta comisión de coordinación política regional.
¿Cuál sería la utilidad de una comisión de Coordinación Política Regional? Fundamentalmente para evitar o minimizar la ocurrencia de problemas de coordinación y reducir el impacto negativo que puede generar ante la ciudadanía el hecho de debutar con nuevas autoridades políticas que presenten graves problemas de coordinación a escala territorial. Segundo, con ello también se puede contribuir a reducir la posibilidad de que la descentralización política se transforme en un proceso que traiga como consecuencia “hacer las cosas peor que antes”, y que produzca la sensación en la ciudadanía de que no valió la pena elegir autoridades regionales.
Los principales problemas que se provocan con la descentralización no son administrativos, son políticos. Esperar que una ley se mejore con otra ley, no es el mejor camino. Por ello creo firmemente que la situación descrita anteriormente le abre una oportunidad a las regiones para que sean ellas mismas, a través de su principal cuerpo colegiado, las que contribuyan a quitarle un argumento al centralismo político que desea que este proceso fracase. Al centralismo le conviene que literalmente este proceso se desarrolle mal, para así encontrar la excusa perfecta para frenar la transferencia de competencias o restituir el poder perdido.
