Opinión
Esta semana se dio un gran paso en la Cámara de Diputados al aprobarse un cambio legislativo que puede modificar para siempre la forma de relacionarnos con los trámites presenciales y la firma de documentos. Se trata de la modificación a la Ley 19.799 que busca fomentar, facilitar y masificar el uso de firma electrónica en nuestro país.
La masificación de esta nueva herramienta posibilitará que todas las personas puedan, desde donde estén y con el uso de cualquier dispositivo fijo o móvil, firmar documentos electrónicamente tales como contratos de trabajo, arriendo, crédito, pagos, autorizaciones y muchos mas, evitando así tener que ir a una sucursal u oficina a hacerlo.
Esta revolucionaria transformación digital permitirá un ahorro enorme de tiempo y traslados de las y los chilenos, además de ser un real aporte a la sustentabilidad y la huella de carbono, puesto serán millones los papeles que además dejarán de imprimirse y almacenarse.
En una columna publicada en este medio el pasado 17 de diciembre por el abogado Cristóbal Osorio, advertía el riesgo que esta nueva ley de firma electrónica podría significar para adultos mayores, sobre todo en torno a posibles fraudes patrimoniales asociados a los procesos de certificación de sus identidades, observación muy importante y que fue tomada en cuenta en la modificación a la ley, la que excluye del proceso documentos tales como escrituras públicas, compraventa de bienes raíces, hipotecas, testamentos, entre otros explicitados en el cuerpo legal, y que requieren intervención de testigos, de un juez o de un Oficial de Registro de Civil.
Quienes hemos dedicado nuestra vida al desarrollo tecnológico y de Inteligencia Artificial para verificar la identidad de las personas, valoramos con alegría y optimismo que Chile esté dando este paso indispensable y necesario para su modernización, poniéndonos a la vanguardia entre países desarrollados digitalmente.
El nuevo paradigma ya está abriendo nuevas formas, tal como lo expresáse esta semana el Poder Judicial, al poner en vigencia la “Ley de Tramitación Electrónica”, que elimina los históricos expedientes físicos para digitalizarlos, permitiendo que sean también firmarlos electrónicamente. Avanzar hacia la firma electrónica es dar un paso gigante hacia el ahorro de tiempo y recursos valiosísimos para el país. Pero sobre todo, de mejorar la calidad de vida de una ciudadanía que muy pronto comenzará a agradece los enormes beneficios de progresivamente dejar de hacer trámites.
