Opinión
En Chile existen hoy al menos 35.000 pacientes que usan cannabis medicinal con un apropiado acompañamiento médico y terapéutico. Esto ha redundado en un positivo impacto en la salud de la población, ya que esta alternativa terapéutica ha permitido a muchos abandonar la polifarmacia, disminuyendo el uso de analgésicos opioides y fármacos agresivos que pueden provocar adicciones y graves efectos secundarios. Algo en común que reportan los pacientes de cannabis medicinal es la mejoría en la calidad de vida, recuperando el sueño y el apetito, junto a un notorio aumento del bienestar anímico. Y la vía de acceso principal para todos ellos, ha sido el autocultivo, destinado a preparaciones terapéuticas cuyos formatos y dosis quedan consignadas en la prescripción médica. Pero a pesar de ser lícito el autocultivo para fines personales bajo la actual Ley 20.000, de existir un procedimiento policial o una investigación del Ministerio Público, el usuario es considerado culpable hasta que demuestre lo contrario, y sus plantas son incautadas. Con la modificación al Código Sanitario se restituye la presunción de inocencia y se resguarda el derecho a su tratamiento de salud. De esto, y de nada más, se trata la Ley Cultivo Seguro.
A pocos días de iniciarse la discusión en el Senado en torno a la Ley Cultivo Seguro, aprobada transversalmente con un 88% de los votos en la Cámara de Diputados, resulta preocupante leer y escuchar tanta información errada, tan poco apego al rigor técnico y científico de parte de autoridades tanto médicas como políticas. Basta ya de negar incluso el potencial terapéutico de esta planta medicinal, como, insólitamente, lo ha hecho el presidente de Sochipe, Humberto Soriano, al afirmar que “ la marihuana no es nunca medicinal”. Insólito también resulta que pretendan desconocer la realidad de un sistema que está funcionando en Chile, que intenten invisibilizar a miles de familias, de manera insensible y poco respetuosa, afirmando incluso que no son más de 50 personas en Chile quienes podrían necesitar acceder a Cannabis, como lo hizo hace pocos meses Mariano Montenegro, quien fuera director de Senda en anterior administración de Bachelet, y hoy es “asesor” de Drogas del Ministerio de Interior. Despreciar, como lo han hecho sistemáticamente, instancias de encuentro y mutuo enriquecimiento entre el mundo médico científico con quienes, se supone, son el fin último de su quehacer, es decir, los pacientes, resulta soberbio, además de absurdo.
Los tiempos cambian, y muchos médicos transitan caminos de transformación, comprometidos con la humanización de la profesión y un vínculo horizontal con sus pacientes, que incorpora el respeto y la empatía como elementos fundantes de su praxis. Esperaríamos que esta necesaria renovación también alcance a las cúpulas de las sociedades médicas chilenas.
Basta ya de querer instalar la idea de que hoy está en juego la legalización, porque eso es faltar a la verdad. Basta con querer sembrar el pánico con el aumento del consumo de marihuana en escolares, consumo que a todos preocupa, ya que resulta maniqueo, al considerar que el consumo escolar, a pesar de fallidas estrategias de prevención, por primera vez en años bajó en Chile, lo que ocurre también, por ejemplo, en los estados de EEUU que tienen regulado el uso medicinal. Tampoco resulta hoy correcto sostener que la baja en la percepción de riesgo, que atribuyen a “instalar la discusión sobre el uso medicinal del cannabis”, redunda en un aumento del consumo en menores, tesis que además resulta desestimada en un reciente estudio de la Universidad de Columbia. Basta de querer asustar y confundir.
Simplemente se trata de decidir si a los miles de pacientes que, acompañados de sus médicos, hoy mejoran su vida gracias al autocultivo de caminos medicinal, se les apoya y acompaña, o se le persigue y criminaliza, despojándolos, además, de su tratamiento. Salud, respeto y dignidad. De eso, y de nada más, se trata la Ley Cultivo Seguro.
