Opinión
Habiéndose golpeado todas las puertas que ofrece la legalidad vigente, la única solución que queda es licitar el sistema de transportes de pasajeros rural para fijar reglas claras a las empresas que se adjudiquen la prestación de estos servicios, cosa que cuando un usuario denuncie cualquier infracción, la Seremi de Transportes no responda que no tiene las facultades pertinentes.
En las provincias de Talagante y Melipilla, 2018 fue el año de las alzas en los precios de pasajes. Flota Talagante y Bupesa (Buses Peñaflor – Santiago) subieron simultáneamente sus tarifas en julio pasado (acompañados en esa oportunidad por Autobuses Melipilla – Santiago) y ahora, en diciembre, lo vuelven a hacer (esta vez secundados por la también melipillana Ruta Bus 68).
La sospecha de colusión está en boca de todos debido a la “coincidencia” de las alzas. Sin embargo, cuando en julio algunos ciudadanos hicimos la denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), este organismo se negó a investigar, argumentando que “no existirían antecedentes suficientes que justifiquen la realización de diligencias adicionales por parte de esta Fiscalía”.
Hoy, ante una nueva alza, la molestia de la comunidad es evidente. Muchas personas han salido a las calles a manifestar su descontento de diversas formas, ante el silencio cómplice de la institucionalidad vigente mientras varias autoridades locales han apostado recién ahora por el camino de la denunciología.
[cita tipo=»destaque»]A diferencia de lo que ocurre en Santiago, en Talagante y Melipilla tenemos un transporte desregulado donde el empresario hace lo que quiere. Habiéndose golpeado todas las puertas que ofrece la legalidad vigente, la única solución que queda es licitar el sistema de transportes de pasajeros de nuestra zona para fijar reglas claras a las empresas que se adjudiquen la prestación de estos servicios, cosa que cuando un usuario denuncie cualquier infracción, la Seremi de Transportes no responda que no tiene las facultades pertinentes.[/cita]
El problema es que con la legalidad vigente, el ciudadano de Melipilla y Talagante tiene escasos derechos al subirse a una micro. Frente a los continuos aumentos en el precio de los pasajes, la Subsecretaría de Transportes contesta que “no cuenta con facultades para intervenir en los valores tarifarios” de los servicios de transporte rural, “regulándose de acuerdo con los valores del mercado, según la oferta y la demanda”.
Algo similar responde cuando se denuncian otros abusos en que incurren las empresas del transporte rural de pasajeros como las tarifas Estudiantes mayores al 33% legal en relación con el pasaje adulto, cobro del subsidio estatal TNE Extendido por parte de estas flotas sin que haya un beneficio para los estudiantes durante la época de verano, malos tratos, escasez de máquinas y no respeto de recorridos.
A diferencia de lo que ocurre en Santiago, en Talagante y Melipilla tenemos un transporte desregulado donde el empresario hace lo que quiere. Habiéndose golpeado todas las puertas que ofrece la legalidad vigente, la única solución que queda es licitar el sistema de transportes de pasajeros de nuestra zona para fijar reglas claras a las empresas que se adjudiquen la prestación de estos servicios, cosa que cuando un usuario denuncie cualquier infracción, la Seremi de Transportes no responda que no tiene las facultades pertinentes.
Una licitación del transporte rural de pasajeros permitiría establecer un polinomio para la fijación del precio de los pasajes, el número de máquinas a circular, los horarios, frecuencias y recorridos así como potenciales condiciones ventajosas para los adultos mayores o incentivos al transporte limpio. También permitiría acabar con el mal trato a los estudiantes al subirse a una micro y darle atribuciones reales a la Seremi de Transportes.
Urge dar una solución a este tema. El precio del pasaje es un tema sensible para los habitantes de las provincias de Talagante y Melipilla, tanto como lo es la calefacción en el extremo sur de Chile. El gasto en locomoción para melipillanos y talagantinos puede llegar a los $120 mil mensuales debido a la gran cantidad de personas que trabajan o estudian en Santiago.
El mentado Metrotrén Alameda – Melipilla, de cumplirse lo prometido por el presidente Piñera, entrará en funcionamiento recién a partir de 2024. En el intertanto, es insostenible que un grupo de personas pueda hacer y deshacer en un mercado tan sensible para nuestras provincias como lo es el transporte de pasajeros. Llegó la hora de ponerle el cascabel a los gatos rurales.
