Señor Director:
La discusión sobre el desigual acceso a la educación superior no sólo debe versar sobre cambios técnicos a la PSU. También es necesario superar la responsabilización individual que genera el sistema de admisión sobre los resultados en la PSU. Éstos, lejos de ser responsabilidad de las y los estudiantes son más el efecto acumulado de privilegios y desigualdades de clase, género, espacial, etnia y educación, entre otras. Esta aseveración, avalada por una larga lista de investigaciones, no apunta a desconocer los numerosos casos de estudiantes que en condiciones adversas logran acceder a la universidad y tener un buen desempeño académico en su paso por esta. No obstante, dichos casos siguen siendo “excepcionales”, y aquí es necesario hablar de políticas de bienestar y proyectos de vida de la población nacional y no de regímenes de excepción educativa. Para avanzar a un gobierno de la educación superior de las mayorías es necesario desembarazarse de algunos discursos imperantes. No es real que estudiantes de colegios privados sean unas lumbreras intelectuales y ejemplo de esfuerzo, ni que estudiantes de la escuela pública se hayan farreado -más que el resto- sus estudios secundarios y merecen la exclusión de la educación superior. Tampoco es cierto y deseable que para estudiar en buenas universidades es necesario ser parte de un grupo selecto de férreos competidores y estrellas intelectuales. Esto lo muestra tanto la investigación académica como nuestro sentido común. Garantizar el acceso al conocimiento en la educación superior a la inmensa mayoría de ese 9% de colegios privados, a expensas del resto, no es un buen mecanismo que necesita movilizar a las mayorías hacia mayores y diferentes niveles de aprendizaje, poder y bienestar.
Es necesario que se comience a fortalecer a toda la educación pública con gran inyección de recursos; que se aumenten los cupos disponibles en las universidades estatales y en el resto del CRUCH; que se destinen fondos basales necesarios para ello; que se implementen cursos preparatorios obligatorios para aquellos que no logran acceder a la educación superior en primera instancia y deseen proseguir estudios superiores; que se reconozcan otros saberes y riquezas de las y los estudiantes al momento de ser aceptados por una institución; que se detenga a la industria de la educación de los “preuniversitarios” privados; que se disminuya de forma significativa el peso de la PSU en la política de admisión; y que si se quiere resguardar un espíritu meritocrático, que sea de verdad: que el mismo porcentaje de mejores estudiantes de secundaria tanto de escuelas públicas como privadas tenga un cupo en la educación superior.
Daniel Leyton A.
Académico Facultad de Educación
Universidad Alberto Hurtado
