Opinión
El concepto Landnahme (apropiación), acuñado a comienzos del siglo XX por Rosa Luxemburgo, sirve para explicar formas modernas de expansión del capital. También en Chile. Ella se refería a los espacios no capitalistas que prevalecen en el sistema y que el capital descubre para expandir sus intereses y dominación. Se refería, por ejemplo, a la propiedad de las comunidades indígenas, que no tienen un carácter capitalista. Efectivamente, existen diversos ámbitos aún no invadidos por el capitalismo. Más aún, existen espacios que el capitalismo pierde como producto del avance de la lucha de dferentes sectores sociales, como los trabajadores, campesinos, profesionales o los partidos progresistas que promueven reformas de fondo al sistema.
En siglos anteriores el capital priorizó el control de determinadas materias primas, como las mineras, por ejemplo. Pero avanzado el siglo XX y el XXI, otros recursos cobran importancia, como el suelo productivo, la educación (en todos sus niveles: primaria, secundaria y universitaria), los bosques, el agua, el espacio aéreo, los mares, el viento, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el cuerpo humano, la mente, etcétera. La globalización y los impactos del cambio climático agudizan la competencia, disputa y conflictos por los recursos, por todos los recursos, materiales e inmateriales. Y el agua, recurso vital, escaso y en reducción producto del cambio climático, es estratégico para el capital, para los negocios privados. En verdad, para el capitalismo no existen los Bienes de Uso Público. Su paradigma permanente es la defensa intransigente y consecuente de lo Privado. Y, ojalá, lo privado desregulado, sacado de la órbita del control del Estado y de la sociedad.
En un sentido privatizador, se expresó precisamente el presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde se debate el proyecto de ley sobre el tipo de propiedad que correspondería al agua de mar desalinizada. Al respecto señaló que su gremio está en contra de la iniciativa que busca la calificación legal del agua desalada como un Bien Nacional de Uso Público: “Nuestra recomendación es rechazar esta propuesta, tanto porque el interés público está debidamente resguardado mediante el otorgamiento de concesiones marítimas para plantas desaladoras y el ordenamiento del borde costero, como porque el agua desalada, al igual que el agua continental extraída bajo el amparo de un derecho de aprovechamiento, es de quien la desaló al amparo de una concesión” (Joaquín Villarino, revista Minería Chilena, 22 de enero 2019).
El neoliberalismo, que se impuso a la fuerza en Chile a mediados de los setenta del siglo pasado, nos quiere hacer creer que lo único que existe en el mundo moderno es lo privado. Lo privado, en el pensamiento neoliberal, viene a reemplazar a lo público, ámbito, según esta ideología, que habría caído en la desgracia “colectivista”, atentatoria a la libertad individual. Luego, lo privado se asimila e identifica con lo individual, considerado como una especie de sujeto numérico abstracto, carente de sociedad y de naturaleza: consumen y se realizan en el mercado.
En idéntico sentido se entienden las expresiones recientes del ministro de Obras Públicas del Gobierno de Sebastian Piñera, al referirse a los nuevas indicaciones y cambios que su Gobierno propone al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, que se encuentra en trámite en el Congreso desde marzo de 2011. En efecto, el funcionario de Gobierno, señaló:
“La certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua. Y precisamente para dar los incentivos adecuados para el buen uso del agua, es que tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos seguirá siendo dueño. Mantenemos lo que existe hoy, que es la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos.” (entrevista en Pulso, p. 4, diario La Tercera, 27 de enero 2019).
Estas expresiones –que el dueño siga siendo dueño de los derechos, es decir, que no se interrumpan en el tiempo sus derechos adquiridos, los que el ministro declara como indefinidos– han sido interpretadas, con toda razón, como la forma directa de introducir en la Reforma al Código de Aguas la perpetuidad de los derechos privados del agua. Además, para prolongar la discusión en el Parlamento, el Gobierno ha presentado 126 nuevas indicaciones al proyecto de ley.
Para reforzar el carácter eterno o vitalicio que plantea, se refiere también a los nuevos derechos de agua en pespectiva de adquisición privada: “Respecto de los nuevos derechos, el gobierno anterior (de Michelle Bachelet) se iba por acotarlos en su plazo de duración, sistema que creemos inconveniente, por cuanto el plazo, incluso si es relativamente largo, como de 30 años, a poco andar uno empieza a acercarse al año 30 y ya entonces es muy corto el tiempo que queda para, por ejemplo, hacer una nueva plantación frutal. Pero, además, tiene una enorme dificultad de fiscalización, porque es muy engorroso, es un mecanismo poco práctico” (Pulso, p. 5. La Tercera, 27 de enero 2019).
Un derecho por 30 años es muy poco para asegurar la inversión privada, a aquellos que accedan a nuevos derechos de agua. ¿Cuántos años serían, entonces, suficientes para asegurar la inversión y las nuevas plantaciones frutales? El ministro no entrega datos específicos, plazos ideales para el capital, seguramente porque está pensando en plazos muy superiores a 30 años, de carácter indefinidos, a perpetuidad.
En todo caso, sabemos que el paradigma Privado es un callejón sin salida que, necesariamente conduce a una crisis de proporciones. De acuerdo a diferentes investigaciones, las comunidades humanas subsisten sólo en la colaboración e interdependencia. Las comunidades naturales o los ecosistemas también sobreviven en la interdependencia y cooperación. Los espacios comunes constituyen fuentes inagotables de vida, mientras que el individuo solitario, preso de sus intereses puramente individuales, carece de sustento humano. Lo individual, su legítima y necesaria subjetividad soberana, sólo se desarrolla en el entramado de interrelaciones socioecológicas.
La defensa del agua y en general de los recursos naturales en tiempos de competitividad global salvaje y de cambio climático irreversible, es la única garantía de construcción de un orden eco-social verdaderamente sustentable. Para ello debemos pensar menos linealmente y más circularmente, para hacer coincidir el movimiento de los componentes ecosistémicos del planeta con los movimientos complejos de la vida humana en la Biosfera. En verdad, todo es Bien Común, incluido aquello que se denomina paradojalmente privado. Todo lo privado está hecho de interacciones de bienes y valores comunes.
El proyecto, en el fondo, consagra la privatización a perpetuidad del recurso hídrico. Compromete incluso a las generaciones futuras, contraviniendo el concepto más elemental de desarrollo sustentable, conocido y aceptado internacionalmente. El único derecho que debería ser consagrado a perpetuidad es el derecho humano al acceso al agua. Sabemos que un gobierno de derecha gobierna para asegurar los privilegios del capital, del gran empresariado. No es aceptable que un recurso natural, imprescindible para la sobrevivencia humana y de la biodiversidad, cada vez más escaso debido al impacto del cambio climático, quedase en manos eternas del capital global.
Una actitud y valor neo-patriótico consiste en defender el sentido y propiedad común de los recursos naturales, del agua. El futuro de la sociedad sustentable depende de este recurso maravilloso que es el agua. No puede ni debe quedar sujeta a los vaivenes y movimientos especulativos de las oscuras transacciones del mercado neoliberal. El mercado es brutal, no reconoce derechos humanos. Los temas adicionales del proyecto de ley, como preocuparse en tres años de la gestión de cuencas, es solo una maniobra distractora para dar conformidad a los ambientalistas ingenuos. Pregunta: ¿Qué gestión de Cuenca podría realmente hacerse con el recurso hídrico privatizado a perpetuidad?
¿Qué queda a perpetuidad para la vida humana, para los pequeños productores de alimentos, para las comunidades indígenas, para las localidades rurales carentes de este vital elemento, para satisfacer la sed natural del cuerpo humano que día a día requiere de agua para sobrevivir y desarrollarse humanamente, para la necesaria vida y reproducción de los ecosistemas que nos proporcionan rica biodiversidad? En verdad, nada sólido queda, salvo las promesas discursivas del agua como un derecho humano puramente hipotético e incierto: probablemente sería lo que queda después del desfile hídrico de lo privado y, por cierto, en caso de emergencias hídricas, los camiones aljibes, cada vez más frecuentes en muchas localidades y, por cierto, también privados.
Sin embargo, el neoliberalismo extractivista hídrico se encuentra agotado y en crisis, sin respuestas efectivas para enfrentar con eficacia la escasez hídrica en marcha, producto del cambio climático, de la sobreexplotación del recurso y de las megasequías prolongadas en el tiempo y en los territorios. Sólo una gobernanza hídrica democrática profunda de las cuencas y una filosofía –política pública– que libere al recurso hídrico del asedio privatizador y lo eleve a la categoría moral de Bien Público, puede devolverle su valor creador de vida y base de la sustentabilidad de la sociedad moderna del posdesarrollo emergente.
La defensa del agua como bien común público es defensa de la vida. Al respecto, en esta concepción eco-humanista no deberían existir diferencias políticas, filosóficas, sociales, étnicas ni culturales. El agua es vida.
