Opinión
No existe posibilidad alguna de guerra civil en Venezuela. La inexistencia de dicho riesgo se fundamenta en dos elementos. Primero, en que el pueblo no tiene armas. Segundo, en que el pueblo no está dividido: se sabe que alrededor del 90% quiere la salida inmediata de Maduro del poder. Y sus multitudinarias movilizaciones son pacíficas, y seguirán siéndolo.
No hay un conflicto al interior del pueblo, sino entre éste y el Gobierno. Lo que se manifiesta hoy día en la crisis venezolana no es fruto de una división política entre “izquierdas y derechas” (de hecho, muchos ex simpatizantes de Chávez se han unido a las movilizaciones opositoras). Los dilemas son otros : entre democracia y dictadura; entre libertad y opresión totalitaria; entre muerte lenta producto de una catástrofe humanitaria de proporciones gigantescas y liberación de dicho yugo; entre migración forzada/separación familiar y permanencia en su terruño.
Entre el derecho a la dignidad humana o la hambruna y desnutrición crónica : 70% de la población venezolana gana un salario mínimo al mes (US$ 5), y se requieren 20 salarios mínimos al mes sólo para comprar la canasta básica de alimentos (la inflación proyectada para este año es de 10 millones por ciento: equivale a un 4,5 % diario, aproximadamente).
Pero sí existe un riesgo no menor de un enfrentamiento armado entre países.
En particular, entre, por un lado, las fuerzas armadas de Brasil + Colombia (quizás otra más) y, por otro lado, las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y el detonante de tal enfrentamiento puede ser la apertura de un canal humanitario hacia Venezuela, este 23 de febrero. Dicho canal humanitario es plenamente justificable, dada la catástrofe humanitaria en dicho país y el consiguiente atentado al derecho a la vida de su pueblo.
El Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado que la ayuda humanitaria entrará a Venezuela, “sí o sí ” (que es lo mismo que decir : “por la razón o la fuerza”), pues ello permitirá salvarle la vida a cerca de 200 mil venezolanos en los próximos días, que de lo contrario morirían por falta de alimentación, desnutrición, medicinas, atención médica e insumos hospitalarios esenciales.
El riesgo de violencia armada se deriva de que el dictador institucionalizado, Nicolás Maduro, y su régimen– una narco cleptocracia comunista, totalitaria y criminal, gestionada por mafias y una cacocracia – niegan la existencia de una crisis humanitaria en su país ; no les importa, o es deliberadamente provocada a fin de aumentar el flujo migratorio: traspasarles el costo a los países de destino y subyugar más fácilmente a la población que se quede. En consecuencia, Maduro no acepta la ayuda solidaria internacional. Y ha puesto bloqueos y llevado tropas a las fronteras con Colombia y Brasil, para impedir que estas donaciones entren a territorio venezolano. De modo que , hasta ahora, Maduro prefiere el enfrentamiento armado que aceptar la ayuda humanitaria.
Solo quedan dos opciones: Primero, que ante la inminencia de un conflicto bélico entre FFAA extranjeras – particularmente las de los dos países limítrofes donde están los centros de acopio – y las FFAA Venezolanas, estas últimas se dividan, saquen al régimen de Maduro del poder y avalen dicho canal internacional humanitario. Y segundo, que ello no ocurra.
La primera opción es la ideal, la estimo probable, pero no está garantizada. La segunda opción implica que habría una fuerte represión hacia los civiles que acompañarán la entrada de ayuda humanitaria, y un subsecuente conflicto armado. Este sería de corta duración, pues la mayoría de las FFAA venezolanas no están con Maduro y preferirán no persistir en un enfrentamiento con las fuerzas armadas de Brasil y Colombia (más otras que apoyen) que arrasaría con la ya debilitada fuerza militar venezolana.
No hay que olvidar, sin embargo, que Maduro tiene un poder militarizado incondicional, conformado por una milicia civil militarizada y grupos paramilitares pequeños que ha instaurado al margen de la Constitución; así como contingentes extranjeros de la ex guerrilla colombiana (FARC, ELN) y grupos terroristas islámicos como Hezbolá e ISIS, más grupos armados del crimen organizado, de narcotraficantes, y de traficantes de armas, oro y coltán, que ocupan buena parte del territorio venezolano (al menos 50%).
Dada la fundada desconfianza del régimen en el apoyo efectivo de las FFAA, resulta muy probable que tales grupos militarizados sean concentrados por Maduro y Diosdado Cabello, quien preside el Politburó de Nicolás Maduro, en las fronteras con Colombia y Brasil. Esto puede hacer más complicado y sangriento el desenlace.
Ante la inminencia de un conflicto militar de esa naturaleza, sería preferible la intervención de una fuerza multinacional contundente y eficaz controlada por la ONU, que minimice las víctimas de un eventual conflicto como ese. La ONU tiene facultades para usar cuerpos de paz (“cascos azules”) que apoyen la entrada de ayuda humanitaria a un país, “por la razón o la fuerza”. Este tipo de acciones humanitarias debieran estar desprovistas de consideraciones políticas y geopolíticas. Para eso está la ONU.
¿Qué ha hecho la ONU por evitar este desenlace violento en Venezuela?
No ha manifestado interés alguno en colaborar institucionalmente con la logística de entrada y distribución de la ayuda humanitaria en Venezuela. La ONU está atrapada en su absurda norma, que data de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ( Carta de las Naciones Unidas, 1945), la cual establece el derecho a veto para cualquiera de los cinco países del Consejo de Seguridad (Estados Unidos , Gran Bretaña, Francia , China, y Rusia ) para los efectos de utilizar las fuerzas armadas ad hoc de la ONU cuando las circunstancias lo demandan.
Es decir, la aplicación de la máxima “por la razón o la fuerza” para evitar que los Estados sigan violando sistemáticamente los DDHH (incluido el derecho a la vida) y cometiendo crímenes de lesa humanidad, en la práctica no funciona, pues requiere de la unanimidad de los cinco países anteriormente mencionados. Siempre podrá haber alguno de esos países que, por razones geopolíticas u otras, haga uso de su poder de veto. Y, desafortunadamente, no hay otra instancia multilateral en el mundo que tenga esta facultad coercitiva. De modo que la institucionalidad internacional para el tutelaje de la vigencia de los DDHH en el mundo y para cumplir con el derecho internacional humanitario de “la responsabilidad de proteger”, es una institucionalidad fallida.
Llegó la hora de que la OEA reforme su carta fundacional y establezca un mecanismo de “enforcement” similar al de la ONU – responsable pero eficaz, que no sea paralizante- que pueda ser utilizado en América Latina y el Caribe. Los países latinoamericanos tienen derecho a protegerse de dictadores que, con el amparo del poder de las armas, atropellen los derechos humanos, atenten contra el derecho a la vida, y cometan crímenes de lesa humanidad. Si la ONU es inoperante para aquello, la OEA debe asumir dicho rol.
