Señor Director:
En América Latina hemos visto crecer gobiernos de derecha con una narrativa que lucha en contra lo que han llamado “ideología de género”, refiriéndose peyorativamente a un movimiento que ha posicionado política, social y culturalmente el igual reconocimiento y derechos para mujeres y comunidades de las sexualidades subordinadas y contra la violencia de género.
Jair Bolsonaro en Brasil representa esa visión política alabada por algunos sectores de nuestro país. Allá, se han producidos asesinatos de activistas de las comunidades de la diversidad sexual. En Chile, hemos visto reacciones más pintorescas como el Bus de la Libertad. Pero también se observa odiosidad en el Congreso con comentarios despectivos que se suman a los últimos del candidato presidencial José Antonio Kast sobre la invitación para el 8M en la Moneda que le hicieran a una atleta trans.
Esto es una manifestación de un discurso cargado de prejuicios bajo el amparo de la libertad de expresión, que estigmatiza creando climas propicios para el odio y la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su informe de 2015 refiriéndose a la violencia contra comunidades LGTBI- muestra que los ataques en contra estas comunidades con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación. Estos hechos no deben verse como cuestiones aisladas sino como un fenómeno de respuesta a comunidades organizadas visibles y movilizadas.
Por tanto, no solo nos preocupan los ataques físicos contra personas LGBTI –los cuales ascienden a 13 durante este año- sino también la violencia simbólica que los sustenta. La patologización de sexualidades diversas que se exhibió en el Congreso por una de las principales voceras de la coalición Chile Vamos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe durante la tramitación de la ley de identidad de género, transmite mensajes estigmatizantes y deben hacerse sentir “justificada moralmente” a las personas que suelen pasar de la violencia verbal o simbólica a la violencia física. El rol de todas las autoridades es tomarse en serio los derechos de las comunidades LGTBI, adoptando medidas concretas para detener la violencia y la discriminación.
Lidia Casas Becerra
Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos, UDP
