Opinión
Lo más grave de la discusión sobre la reforma tributaria es que se ha desviado la cuestión esencial, la que debiese apuntar a qué estamos compensando, más que al cómo lo haremos. Lo primero —y no lo segundo— es lo que define la equidad del proyecto.
Que no se equivoque esta vez la “cocina” política-tributaria. Antes de preguntarnos cómo compensar el gasto tributario de la reforma, revisemos qué es lo que estamos compensando.
Una buena forma de evaluar la mayor o menor equidad de una reforma tributaria es respondiendo cuál es el hecho gravado que se busca modificar y quién incurre normalmente en él, para luego verificar si lo que se pretende es aumentar o disminuir la base o tasa del impuesto que se aplicará a ese hecho.
En otros términos, dilucidar si a ese grupo —que habitualmente realiza tales conductas cuya realización gatilla un impuesto— se le pide un sacrificio o se le otorga un beneficio.
Cuando se habla sobre reintegración del sistema, el hecho gravado al que se apunta, esencialmente, es a los retiros de utilidades (o distribución de dividendos), ya que reintegrar significa —para quienes efectúen tales retiros o distribuciones— volver a contar, como antes, con todo el impuesto que soportaron las empresas y descontarlo del impuesto personal que afectará al consumo de tales flujos por parte de sus dueños.
En efecto, lo que se pretende entonces es que, en lugar de beneficiarse solo con una parte del crédito por impuesto de primera categoría —como ocurre hoy para la gran mayoría de las empresas en Chile acogidas al régimen parcialmente integrado, que disponen solo de un 65% del mismo— se vuelva a contar con el cien por ciento del mismo, descontándolo del impuesto global complementario del empresario que consume tales utilidades.
Podemos entonces responder las interrogantes iniciales: ¿quiénes incurren normalmente en el hecho gravado “retiro de utilidades o distribución de dividendos”? Evidentemente los dueños de empresas que obtienen utilidades. Luego, al preguntarnos si la forma en que se está modificando la base imponible o determinación final del impuesto implica un beneficio o un sacrificio con la propuesta, es claro que termina beneficiándolos con más descuento sobre el impuesto final del que hoy tienen, rebajando su tasa final que hoy es de 44,45% a un 35%.
Es decir, al grupo específico que cumple con el hecho gravado a modificar —los empresarios que consumen las utilidades de sus empresas— no se le está pidiendo sacrificio alguno, sino por el contrario, se le está reponiendo un beneficio.
A este beneficio es a lo que se refieren los políticos y economistas al hablar de gasto tributario de la reintegración. Se trata ni más ni menos que del costo que los chilenos deberán asumir en beneficio de los empresarios que recuperarán su sistema integrado. En palabras simples, es el regreso del sistema FUT lo que se pretende, y la menor recaudación a lograr que ello generará, lo que se busca compensar.
[cita tipo=»destaque»] Si lo que se quiere es derechamente retomar el FUT, tengamos al menos la decencia de recordar sus orígenes, donde lo concebían como una herramienta de incentivo de la inversión real de las empresas y no de la inversión financiera; un empuje a la inversión en capital de trabajo y no en capitales foráneos en Islas Vírgenes; a la inversión en activo fijo y no en bienes para el uso y goce del dueño de la empresa. En eso derivó el uso y abuso del FUT. Valga recordarlo ahora que pretende retomarse vía reintegración. [/cita]
Ese sistema de integración total (vía control FUT) es el que se presenta bajos las bondades de constituirse en un motor del crecimiento y la inversión, y que se traducirá algún día —aun cuando rezagadamente— en mayores beneficios para el trabajador.
Ese mismo sistema significó por décadas, en realidad detrás de aquel discurso, una acumulación del supuesto FUT no retirado de las empresas a nivel nacional superior a un PIB país, cifra difícilmente verificable con la valorización de los activos que esas mismas empresas declaraban mantener como pendientes de consumo por parte de sus dueños. Bien lo sabe el Servicio de Impuestos Internos.
Si lo que se quiere es derechamente retomar el FUT, tengamos al menos la decencia de recordar sus orígenes, donde lo concebían como una herramienta de incentivo de la inversión real de las empresas y no de la inversión financiera; un empuje a la inversión en capital de trabajo y no en capitales foráneos en Islas Vírgenes; a la inversión en activo fijo y no en bienes para el uso y goce del dueño de la empresa. En eso derivó el uso y abuso del FUT. Valga recordarlo ahora que pretende retomarse vía reintegración.
¿Y la guinda de la torta? Compensar ese costo nacional a través del aumento del impuesto al comercio digital, impuesto indirecto que, sin que usted sea experto, podrá entender que terminará —a la vuelta de la esquina— siendo trasladado vía precio al consumidor final, como usted y yo. El resto de las compensaciones, leves cambios de topes o delimitaciones de conceptos; maquillaje puro.
Lo cierto es que Airbnb, Spotify y Netflix, entre muchas otras aplicaciones comerciales digitales no domiciliadas en nuestro país, nos subirán los precios para financiar —compensatoriamente— la reintegración del sistema en favor del alto mundo empresarial.
Lo más grave es que se ha desviado la cuestión esencial, la que debiese apuntar a qué estamos compensando, más que al cómo lo haremos. Lo primero —y no lo segundo— es lo que define la equidad del proyecto.
