Chile está cubierto por cerca de 14 millones de hectáreas de bosques nativos y 3 millones de hectáreas de plantaciones de Pino Insigne y Eucaliptos (en total 23% del país). Desde un punto de vista de producción maderera, sin embargo, de los bosques nativos principalmente se extrae leña a través de cosechas mayoritariamente ilegales, mientras que las plantaciones producen madera y fibra para las industrias del aserrío y pulpa y papel, principalmente para la exportación y generalmente con plan de manejo. En ambos casos, sin embargo, las intervenciones no son sustentables, ya que para que lo sean necesitan ser económicamente viable, socialmente aceptables y ambientalmente amigables.
Los tres requisitos quedan al debe en los bosques nativos, aunque para muchos campesinos producir leña para su propio consumo (calefacción y cocción) o para la venta es parte importante de sus economías. En el caso de las plantaciones sólo el primer requisito se satisface, ya que su rentabilidad privada es generosa. La extracción de aproximadamente 6 millones anuales de metros cúbicos de los bosques está generando la degradación creciente de éstos, y en consecuencia reduciendo su valor social y ambiental, y sin duda su potencial productivo.
La existencia de un mar de plantaciones monoespecíficas ininterrumpidas entre Constitución y Osorno tampoco hace sustentable a este sector, sumado a que son sometidas a talas rasas en gigantescas superficies, y pareciera que sin restricciones de pendientes ni de cursos de agua en muchos casos. Su impacto social queda reflejado en que precisamente las tres regiones con más plantaciones (Maule, Bío Bío y Araucanía) son las tres más pobres de Chile.
¿Por qué tan feo el escenario? Bueno, por muchas razones, incluyendo una pobre institucionalidad forestal, falta de más fuerza o poder de los y las forestales que visualizan y saben cómo desarrollar un sector forestal más sustentable, y una percepción de las autoridades de que el sector forestal está muy bien porque se ubica en el tercer lugar de las exportaciones en Chile. Todo ello sumado a la codicia a la que conduce la carencia de visiones de largo plazo en el manejo de los recursos naturales, tanto de parte del Estado como de los privados.
Lo bueno es que existe la voluntad de construir un sector forestal más sustentable, y ello se refleja en la existencia de la Política Forestal 2015-2035, construida entre numerosos actores involucrados en el tema, desde el Estado, la academia, privados y ONGs. Lamentablemente, sin embargo, como muchos papeles y compromisos, el tiempo va pasando y los cambios son casi nulos o escasos en cuanto a construir un sector forestal más sustentable, a la altura de los desafíos de la mitigación y adaptación al cambio climático, y coherentes con los compromisos internacionales de Chile al respecto y con uno en particular, la organización este año de la COP25.
Una nueva gobernanza para los bosques nativos y plantaciones permitiría efectivamente avanzar en los compromisos suscritos en la política forestal, e implica principalmente la creación de una subsecretaría forestal, una modernización de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y del Instituto Forestal (INFOR), además de la continua formación de ingenieros/as forestales con una visión moderna en el manejo de los bosques, es decir aquella consistente en promover bosques y territorios forestales resistentes y resilientes a las perturbaciones humanas y naturales, las cuales a veces hacen sinergia, como los incendios forestales.
Hacia ese objetivo se puede avanzar diversificando el territorio. Ello implica recuperar en la matriz de plantaciones muchas superficies de bosques nativos, especialmente entre las cientos de miles de hectáreas que fueron sustituidos. Ello también implica modificar el manejo de las plantaciones limitando las superficies y pendientes en que se realizan las talas rasas, y promoviendo en ellas mayor diversidad mediante variadas medidas implementadas en plantaciones en otras regiones del mundo.
En cuanto a los bosques nativos, se requiere un programa y medidas serias y concretas para restaurar al menos medio millón de hectáreas (aparte de las recuperadas en bosques sustituidos), y diversas medidas para manejar estos bosques que se ubican entre los más productivos en el mundo y que proveen (o más bien proveían) maderas valiosas de las decenas de especies de alto valor que poseen (hualo, roble, raulí, lingue, laurel y mañíos, entre otras). Estas medidas deberían incluir subsidios ajustados a los costos iniciales del manejo, promoción de PYMES, áreas demostrativas de manejo de largo plazo especialmente en las reservas nacionales, y educación formal e informal conducente a la promoción del manejo sustentable de los bosques nativos.
Numerosos estudios y la experiencia muestran una estrecha relación positiva entre biodiversidad, productividad y resiliencia. Tener bosques y plantaciones diversos, productivos y proveedores de múltiples bienes (madera, fibra) y servicios ecosistémicos (agua, recreación) es posible, y debe ser parte de la estrategia de desarrollo del país. Esos bosques son los que necesita la sociedad, y son los mejor adaptados para el cambio climático. Avanzar hacia este desafío es urgente para que Chile responda a su gente, y para que esté a la altura de sus compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático.