La detención de Julian Assange no es un asunto baladí. Tanto la seguridad de fuentes denunciantes y/o filtradores, como la de periodistas y/o comunicadores/as están en riesgo. Esto puede marcar un precedente peligroso y tener efectos irreversibles en el desarrollo de la investigación y la publicación de información de interés público. Es decir, una amenaza al derecho a la comunicación, información y libertad de expresión y prensa, en todo el mundo.
Múltiples han sido las reacciones tras la imagen que dio la vuelta al mundo hace una semana, cuando un barbudo y esposado Julian Assange era arrastrado entre decenas de policías hasta un vehículo de Scotland Yard en pleno centro británico.
El pasado jueves 11 de abril, el fundador de Wikileaks fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba asilado desde 2012, por reclamo de la justicia de Suecia (por supuestos delitos sexuales) y por tribunales de los Estados Unidos.
La controvertida detención de Assange abrió un debate de diversas aristas; entre las que se cuentan, la decisión del actual Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, de retirar el asilo –lo que contraviene la tradición internacional y la política del exmandatario Rafael Correa, quien apoyó su campaña-; las eventuales violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que arriesga el comunicador de ser extraditado a EEUU; pero por sobre todo, la discusión acerca del riesgo que implica este hecho para Libertad de Prensa.
En Chile, como suele ocurrir, el debate siempre es algo más desapasionado y menos profundo, pero en alguna medida se puso sobre la mesa la pregunta por los derechos asociados a la expresión. Eso sí, callaron los que rasgan vestiduras en estas materias cuando hablan de Venezuela o Cuba y a diferencia de otras lides internacionales, no fue tema a comentar para los miembros del Gobierno. Como suele suceder aquí, el pariente pobre de la discusión fue el verdadero problema de fondo: cuánto afecta este suceso al derecho humano a la comunicación y libre expresión y, por ende, a las democracias del mundo.
Hagamos una breve revisión histórica respecto de una bullada discusión que sí ganó portadas en Chile y sí suscitó interés en la institucionalidad política de entonces. Hace apenas tres años, en 2016, senadores de la república y el fiscal Jorge Abbott diseñaron indicaciones a la denominada “agenda anti delincuencia”, que apuntaban a sancionar con presidio al que “violare las normas sobre secreto” en el marco de investigaciones judiciales.
La llamada “Ley mordaza” generó profundo rechazo entre organizaciones sociales y afines por constituir una amenaza a la libertad de expresión, una afectación a la profesión periodística y un silenciamiento del flujo informativo que buscaba revelar casos de corrupción, afectando el derecho de la ciudadanía a ser informada. Producto de la presión social, la cuestionada indicación no fue aprobada, pero es interesante preguntarse: ¿Qué parecido existe con el caso Assange?
[cita tipo=»destaque»]¿Qué hubiese pasado si quienes filtraron información sobre casos de corrupción como Corpesca, SQM, Indap, Mop-Gate o incluso, sobre crímenes de lesa humanidad durante la dictadura hubieran sido perseguidos, criminalizados?, ¿Conoceríamos las irregularidades asociadas a esas materias?, ¿Habría operado un efecto de amedrentamiento entre periodistas y denunciantes? Exactamente es aquí donde está la clave del asunto.[/cita]
Vamos por parte. Tras la fundación del sitio Wikileaks en 2006, se inició un camino de publicaciones que provenían de filtrar informaciones de interés público, alcanzando su clímax en 2010 con la mayor filtración conocida en la historia del mundo. Se publicaron entonces los llamados “Registros de la Guerra de Irak”, que contenían 400 mil documentos acerca de la guerra en ese país; los denominados «Diarios de Afganistán», con 90.000 escritos sobre acciones militares de EE.UU. en Afganistán; 800 materiales desde la prisión estadounidense de Guantánamo en Cuba y el llamado “Cablegate”, con más de 250.000 cables diplomáticos a Estados Unidos desde sus embajadas en más de 90 países, entre los que se cuentan varios de América Latina.
Como es sabido, las publicaciones develaron violaciones a los derechos humanos: la filtración sobre Irak ilustró imágenes de soldados estadounidenses disparando contra civiles en Bagdad, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. Fue ese mismo año que el gobierno estadounidense abrió paso la investigación de gran jurado sobre Wikileaks, a propósito de la publicación de documentos clasificados de la ex soldado Chelsea Manning, acusando a Assange de “conspirar para cometer intrusión informática”, o sea de ayudar a la informante a obtener archivos clasificados para descargar documentos de interés público protegiendo su anonimato. Por este cargo, Assange podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel en Estados Unidos, mientras que Chelsea fue detenida ese mismo 2010 e indultada en 2017 por el entonces presidente Barack Obama.
Volvamos a la pregunta anterior ¿Qué parecido existe entre el caso Assange y la llamada “Ley mordaza” chilena? Primero, en ambos casos se busca penalizar la filtración de información o “whistleblowing”, aun cuando ésta se utilice para develar información de interés público, incluso mundial. Segundo, en ambos casos se amenaza con la penalización o incluso criminalización del informante y de quien le ayuda a hacer pública dicha información, poniendo en tela de juicio incluso su derecho al anonimato.
¿Qué hubiese pasado si quienes filtraron información sobre casos de corrupción como Corpesca, SQM, Indap, Mop-Gate o incluso, sobre crímenes de lesa humanidad durante la dictadura hubieran sido perseguidos, criminalizados?, ¿Conoceríamos las irregularidades asociadas a esas materias?, ¿Habría operado un efecto de amedrentamiento entre periodistas y denunciantes? Exactamente es aquí donde está la clave del asunto. La facultad de denuncia o “filtración” cuando se devela información de interés público, es una herramienta esencial no solo para el desarrollo del periodismo investigativo; sino también para el derecho individual de expresión de toda aquella/el ciudadana/o que considere necesario revelar documentos, material o actividades de origen corrupto, antiético, ilegal o que atenten contra la democracia y/o los derechos humanos. También es una garantía de expresión de carácter colectivo, que pertenece a toda la ciudadanía y que sustenta su derecho a estar informada de todo aquel contenido que es relevante.
En ese sentido, la filtración como herramienta es validada por la discusión ética, en la medida de la trascendencia de los contenidos revelados y se basa en el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogido ampliamente por la tradición interamericana. Mientras que el denunciante o “informante”, es especialmente protegido en términos jurídicos frente a cualquier tipo de represalia.
Por todo ello, la detención de Julian Assange no es un asunto baladí. Más bien implica un hecho aterrador para quienes defienden los derechos humanos asociados a la expresión y comunicación. A partir de hoy, Estados Unidos acompañado de países afines a su política -como hoy lo son Inglaterra o Ecuador, entre otros- podrá perseguir pública y legalmente, bajo la figura de “conspirar para cometer intrusión informática” (u otros constructos ad hoc), aun cuando esto signifique excluir a la ciudadanía mundial de conocer contenidos, informaciones, materiales o investigaciones que revelen violaciones a los derechos humanos o atentados a las democracias de los países del mundo.
En esta pasada, tanto la seguridad de fuentes denunciantes y/o filtradores, como la de periodistas y/o comunicadores/as están en riesgo. Esto puede marcar un precedente peligroso y tener efectos irreversibles en el desarrollo de la investigación y la publicación de información de interés público. Es decir, una amenaza al derecho a la comunicación, información y libertad de expresión y prensa, en todo el mundo.
