Opinión
La ley 19.253, más conocida como Ley Indígena, fue promulgada el 28 de septiembre de 1993 y publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre del mismo año, con el fin de establecer “normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas”, para lo cual, con la misma fecha, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Han pasado más de 25 años desde esa fecha histórica.
Efectivamente, si bien la intención del legislador hace tantos años fue proteger y fomentar el desarrollo, hoy la mayoría de las personas pertenecientes a esos 9 pueblos originarios chilenos vivencian las falencias que ha demostrado tener la ley en cuanto a esa intención original y reclama al Estado chileno, con urgencia y justa razón, modificaciones que logren mayor justicia y dignidad en beneficio de la igualdad que no solo necesitan sino también merecen.
A modo de ejemplo, la ley actual contempla la propiedad individual de la tierra solamente para quienes la tenían con anterioridad a la promulgación de ella y para quienes han recibido tierras a través del inciso 20-A contemplado en la ley para la adquisición de tierras por medio de Conadi, que constituyen un tercio de la totalidad de las tierras con calidad indígena, pero dejando fuera de este beneficio a quienes han recibido tierras a través del inciso 20-B, las que hoy están inscritas a nombre de las PJ (Personalidad Jurídica) de las comunidades y son propiedad colectiva.
Esto dificulta que las personas de esas comunidades puedan ocupar su tierra, construir sus casas o realizar el proyecto de desarrollo que libremente escojan, pues no tienen el uso y goce para hacerlo.
Otro serio problema es el que sucede al fallecimiento del comunero y su cónyuge, pues, al no tener título individual de propiedad, la tierra vuelve a ser de la comunidad, perdiendo todo derecho a herencia los descendientes del comunero. Es decir: en vez de que los hijos o nietos puedan beneficiarse, estos pierden todo derecho y quedan sin tierra y sin casa.
Es en este sentido que el actual Gobierno ha considerado prioritario que las personas pertenecientes a pueblos originarios se informen y participen de manera individual en la consulta respecto de las modificaciones que se está planteando realizar a la Ley Indígena.
La consulta pretende recibir la opinión de los que hoy están sujetos a esta ley, de una manera participativa y respetuosa respecto de cada punto planteado y recogiendo además sus propuestas. Es extremadamente abierta, es un diálogo con los pueblos originarios que dura 7 meses para buscar acuerdos que permitan que su opinión esté presente antes de que se modifique una legislación que los afecta directamente.
Por eso es tan importante la participación de la mayor cantidad posible de personas pertenecientes a pueblos originarios y por eso el Gobierno apoyará en lo que sea necesario a las personas que quieran participar, pues el amedrentamiento que hemos visto en estos días por parte de grupos organizados cohíbe la libertad que cada miembro de los pueblos originarios merece tener.
Invito a cada mapuche, aymara, rapanui, diaguita, atacameño, quechua, kolla, kawéskar y yagán a ejercer su derecho a informarse y participar, pues cada uno de ustedes merece la dignidad de tener voz y voto.
